Los dramáticos indicadores sobre las precarias capacidades humanas y grandes privaciones de la población salteña que reveló el informe presentado el lunes pasado por el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) se derraman sobre los 23 departamentos de la provincia con distintos grados de intensidad. La primera conclusión a la que llegó la institución, que depende de la Unsa, es que existe una “alta” desigualdad entre los distritos a escala intraprovincial en los ámbitos económico, educativo y de salud.
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Los dramáticos indicadores sobre las precarias capacidades humanas y grandes privaciones de la población salteña que reveló el informe presentado el lunes pasado por el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) se derraman sobre los 23 departamentos de la provincia con distintos grados de intensidad. La primera conclusión a la que llegó la institución, que depende de la Unsa, es que existe una “alta” desigualdad entre los distritos a escala intraprovincial en los ámbitos económico, educativo y de salud.
Con la medición de esas tres dimensiones (economía, educación y salud), el Ielde compuso un índice de capacidad humana (ICH) para resumir la situación del desarrollo en cada jurisdicción. Los resultados de la investigación escapan de la lógica intuitiva que coloca a ciertos departamentos por encima de otros, pero la realidad sorprende. Esto podría ser clave, si es que organismos gubernamentales se interesan, para distribuir de mejor manera las ayudas estatales y que lleguen a quienes más necesitan.
Así como Salta es “altamente” desigual hacia su interior, a nivel nacional sucede lo mismo, donde la provincia se ubica, según el estudio del Ielde basado en datos del Indec, con más personas viviendo bajo la pobreza y con la mayor inequidad del país en cuanto a la distribución de los ingresos.
No existen atenuantes
Mayor pobreza y desigualdad
Uno de cada dos habitantes de Salta es pobre.
Es la provincia con mayor pobreza del país y la más desigual en cuanto a la distribución de ingresos.
800 mil habitantes de la provincia están bajo la línea de la pobreza. De ellos, 175 mil son indigentes.
Jorge Paz, doctor en Economía: “Lo que hicimos fue raspar la olla, como se dice, en los datos para buscar información”.
“Salta es la más desigual del país y eso es estructural, lo vemos desde hace mucho tiempo”.
En detalle
El índice de capacidad humana clasifica los departamentos de manera muy diferente al que se podría hacer bajo los ingresos monetarios de la población. Es que el ingreso es sólo una de las dimensiones de la vida y, para tener un panorama social más completo, el ICH también toma en cuenta otros aspectos, siempre en base a las estadísticas oficiales.
Así, Cafayate, Cachi y Guachipas, entre otros, tienen una mejor clasificación según su desarrollo humano que de acuerdo con los ingresos de su población. “Lo cual demuestra que han canalizado sus recursos económicos hacia determinados aspectos de la capacidad humana”, señala el Ielde.
En la misma comparación, General José de San Martín, General Güemes tienen un índice mucho más bajo según su capacidad humana que de acuerdo a su ingreso.
Al contemplar las transferencias estatales para ayuda social que reciben los departamentos salteños surge la incongruencia de que los que tienen un ICH alto suelen recibir más ayuda y todo lo contrario con lo que tienen menos capacidad humana. Un ejemplo es la capital salteña.
“El lugar que tiene mayor capacidad humana básica recibe un poco menos de ayuda, quiere decir que la gente de Capital, por ejemplo, que está necesitando no recibe todo lo que necesita para poder salir a flote dentro de las posibilidades fiscales que tienen los programas sociales”, explicó a El Tribuno Jorge Paz, economista investigador del Conicet y la Unsa, que dirigió la última investigación del Ielde sobre pobreza y privaciones.
La distribución de la ayuda resulta de alguna manera ineficaz porque se aplica una correlación entre transferencias estatales y capacidades humanas básicas de los departamentos: se consideran unidades geográficas y no personas para los programas asistenciales
“Es claro que la ayuda responde a ciertos criterios territoriales y que las personas que residen en algunos lugares no tan mal posicionados en términos de capacidades humanas básicas (promedio) son tratadas en términos de su residencia y no por sus necesidades”, agrega el estudio científico.
Con la premisa de que la ayuda o la caridad humana es un principio ético o de justicia, el Ielde reclama que “las o los titulares de derechos son personas y no entidades abstractas, como una unidad geográfica, un grupo social o una institución. Así, el principio básico y equitativo de repartir según la necesidad es aplicable a personas, no a departamentos, países o regiones”.
Y concluye: “Los derechos siguen siendo de las personas, y si el principio de dar más a quien más necesita no se cumple, la ayuda tiene una falla. Ese error puede ser de dar más a quien menos necesita o no dar lo suficiente a quien necesita”.