El amplio sector de la izquierda latinoamericana nucleado en el Foro de San Pablo encendió las luces rojas de alarma ante el peligro de un acontecimiento que podría resultar políticamente traumático para su historia.
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El amplio sector de la izquierda latinoamericana nucleado en el Foro de San Pablo encendió las luces rojas de alarma ante el peligro de un acontecimiento que podría resultar políticamente traumático para su historia.
La llegada a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), abrió una nueva instancia en la conflictiva relación entre el régimen de Caracas y la comunidad internacional, ya que habilitó la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno sean procesados por la comisión de delitos de lesa humanidad, tal como surge de las investigaciones preliminares realizadas por el organismo, precedidas por el informe presentado en 2019 por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, en su condición de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La presencia de Khan, de nacionalidad británica, respondió a una invitación de la Cancillería venezolana, interesada en demorar el avance de una causa iniciada en 2018 por una denuncia presentada por los gobiernos de Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. El trámite procesal determinó que la ex fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, nacida en Gambia, emitiera un dictamen estableciendo que "existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte".
Las autoridades venezolanas se propusieron acotar la visita de Khan para evitar que su presencia sirviera para reavivar a la oposición interior, cuyos voceros denunciaron que el gobierno había implementado un veloz programa de maquillaje en los establecimientos carcelarios para ocultar las inhumanas condiciones de detención de los presos políticos, al tiempo que impedía un contacto real del fiscal con las organizaciones de derechos humanos, las víctimas de los abusos denunciados y sus familiares.
Algunos dirigentes de la oposición cuestionaron el comportamiento harto prudente del visitante. Pero Khan, en un apropiado ejercicio de diplomacia en territorio hostil, cumplió a rajatabla con la agenda impuesta por sus forzados anfitriones mientras mantenía contactos mucho más puntuales y sigilosos con los disidentes. Su objetivo real no era tanto comprobar en el terreno la veracidad de los cargos investigados, sino dejar en claro ante la opinión pública internacional que el tribunal garantiza el pleno ejercicio del derecho a la defensa de Maduro y demás acusados.
Una persecución con historia
En esa sutil pulseada, en la que el régimen de Caracas intentaba demostrar que las acusaciones podrían sustanciarse en la Justicia venezolana, lo que tornaría innecesaria la intervención de la CPI, Khan se anotó un importante punto a su favor: el gobierno venezolano y el tribunal suscribieron un "memorándum de entendimiento" que consigna que "el fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma". Maduro reconoció que "el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión pero la respetamos".
Maduro conoce las implicancias jurídicas de las denuncias internacionales sobre la violación de los derechos humanos. En 2012, como canciller de Hugo Chávez, fue el encargado de formalizar el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en represalia por un fallo adverso del tribunal regional en un caso de persecución política y, simultáneamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En aquella oportunidad Chávez expresó que "Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar el nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo". Con su tono altisonante, declaró: "Le dije a Nicolás Maduro que actuemos. Son agresiones por atrevernos a ser libres". Maduro acusó al organismo de complicidad con los "grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura", en alusión a la frustrada intentona militar contra Chávez en 2002.
A pesar de ese retiro, la CIDH mantuvo una permanente vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que se tradujo en periódicos informes que alimentaron la documentación condensada en el demoledor "informe Bachelet", que entre otros puntos denunció la existencia de miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, la detención arbitraria de dirigentes y activistas opositores, las torturas en las cárceles, la eliminación de la libertad de prensa y el avasallamiento del Poder Judicial. Algunos de esos cargos originaron la intervención de la CPI.
Malos presagios
El anuncio de Khan fue recibido con alborozo por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. José María Vivanco, titular de Human Rights, señaló que "esta decisión -la primera en América Latina - le da una esperanza de justicia a los cientos de víctimas de Maduro". Erika Guevara-Roses, directora para las Américas de Amnesty International", celebró la "histórica decisión". En contrapartida, no se escucharon voces de las organizaciones de derechos humanos de Brasil, Argentina y Chile, que en su momento tuvieron una destacada actividad en la denuncia internacional de los crímenes perpetrados por los regímenes militares en sus respectivos países.
Las estadísticas no favorecen a Maduro. Desde su fundación en 1998 en virtud del Tratado de Roma, el tribunal condenó a 34 personas. Veinte están detenidas, dos fallecieron y doce todavía se encuentran prófugas.
La pena más grave fueron los treinta años de prisión impuestos contra un jefe guerrillero del Congo, Bosco Ntaganda. En esa lista de enjuiciados revistan cinco ex jefes de Estado: Slobodan Milosevic (Serbia), Muhammar Gaddafi (Libia), Omar Al Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil) y Jean Kambanda (Ruanda). Todos están presos, salvo Gaddaffi, que fue ejecutado tras su derrocamiento y captura por milicianos rebeldes.
La novedad relevante de este episodio venezolano reside en que por primera vez en la historia un mandatario latinoamericano se encuentra bajo la lupa de un tribunal internacional. Esto ocurre cuando el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega también ha sido sentado en el banquillo de los acusados por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Los nuevos mecanismos judiciales transnacionales, que no existían cuando las dictaduras militares asolaban la región en las décadas del 60 y del 70, empiezan a incursionar en estas latitudes. Maduro y Ortega afrontan un peligro que no tuvieron que enfrentar Videla o Pinochet.
Paradójicamente, los defensores de Maduro y de Ortega están forzados a reiterar los argumentos empleados por Videla o Pinochet cuando descalificaban las acusaciones internacionales sobre violación de los derechos humanos como una intervención en sus asuntos internos y parte de una campaña orquestada contra la soberanía de sus respectivos países. Solo faltaría que las policías de Venezuela o Nicaragua ayuden a fijar en los vidrios de los automóviles que circulan por Caracas o por Managua calcomanías similares a las utilizadas en Buenos Aires en vísperas del campeonato mundial de fútbol de 1978, que rezaban que “los argentinos somos derechos y humanos”.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico