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Las razones del tribunal internacional para aplicar la millonaria multa a la provincia

La revocación de una legítima licencia contra una empresa a partir de una simple resolución basada en una denuncia que ni siquiera avanzó en los órganos competentes, junto a una atemporal decisión política adoptada por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, son los dos elementos contundentes que Casinos Austria incorporó en el laudo arbitral y que terminaron por darle la razón, sentenciando a la Provincia de Salta a pagar 36 millones de dólares por la rescisión del contrato con Enjasa en el año 2013.

La base jurídica de la presentación ante el tribunal internacional fue un convenio de promoción y protección de inversiones firmado por Argentina y Austria en agosto de 1992, algo que seguramente estuvo por fuera de todo cálculo en el entorno del gobierno de Urtubey, que también avanzó sobre otros contratos con empresas privadas, poniendo las decisiones políticas por encima de la seguridad jurídica de la provincia.

El tribunal que dictaminó el fallo estuvo integrado por el belga Hans Van Houtte (presidente), el alemán Stephan Schill (propuesto por la empresa demandante) y el español Santiago Torres Bernárdez (postulado por la representación argentina). Los tres trabajaron en la redacción del laudo que se emitió el 5 de noviembre pasado.

El argumento para revocar el contrato de Enjasa en aquel momento fue que la empresa había otorgado la licencia a terceros, en el caso de la conformación de una UTE integrada por Enjasa y Video Drone, para la explotación del Casino Golden Dreams. Según el gobierno de Urtubey, esa falta merituaba la caducidad del permiso.

Pero en el análisis del tribunal internacional y de las pruebas presentadas por Casinos Austria surge que Urtubey asumió en 2007 y decidió revocar la licencia en el año 2013, es decir que le llevó 6 años darse cuenta de ese incumplimiento de contrato.

Cuestión temporal

Siendo de una gravedad mayúscula que amerite la caducidad de la licencia, era muy difícil no darse cuenta de esa irregularidad, sobre todo bajo los controles permanentes del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja). Entonces la pregunta resultó ineludible en el laudo: ¿Por qué Urtubey no revocó inmediatamente el contrato apenas asumió su gobierno?

A posterior, el tribunal analizó otro hecho contundente para fallar en contra de la Provincia. La razón jurídica del incumplimiento de contrato intentó ser reforzada por el gobierno de Urtubey con supuestas actividades de Enjasa vinculadas al lavado de dinero, en una maniobra que intentó darle viso de legalidad a la arbitrariedad.

En efecto, pese a la gravedad de esta imputación pública, efectuada por el coordinador de Gabinete de aquel momento, Carlos Parodi y el titular de Enreja, Sergio Mendoza, no hubo ni un avance en los organismos competentes.

El debido proceso ante una denuncia de esta naturaleza establece la intervención de la Unidad de Información Financiera que debe elaborar un ROS (Reporte de Operación Sospechosa), que la Justicia con competencia en materia de lavados de activos adopta como criterio para una sentencia. Con ese trámite, la Provincia podría haber avanzado legalmente con el retiro de la concesión y sería un elemento irrefutable al día de hoy para apelar el fallo del tribunal internacional. Pero la denuncia solo fue política y sin otro objetivo más que reforzar la denuncia anterior para voltear el contrato con Enjasa. La maniobra avanzó sobre la presunción de inocencia que tiene un estatus vital en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos.
 

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