Un pueblo entre dos fuegos

La gente no exagera cuando dice que “la policía vive como en una cárcel” en Tibú, un municipio en la frontera colombiana con Venezuela.
Los oficiales acá no pueden ir a un restaurante en sus días de descanso, algunos comercios los tienen vedados para comprar alimentos y si sus familias los visitan, son también atacadas, amenazadas y, en algunos casos, asesinadas.
Las comisarías están protegidas con mallas y sacos de arena cual búnker de guerra, tienen las ventanas selladas con cemento o ladrillos y en sus paredes húmedas y descascaradas destacan los balazos de recientes tiroteos.
Tibú es la puerta de entrada al Catatumbo, una vasta región de selvas, montañas y humedales que comparten Colombia y Venezuela donde la producción de cocaína goza de un nuevo auge y los grupos armados se han fragmentado y proliferado.
Hace un mes, el asesinato de dos jóvenes venezolanos que fueron encontrados robando pantalones puso el foco nacional en este municipio de 40.000 habitantes.
El miedo que se vivió acá en el peor momento de la guerra, los años 90, parece resurgir a medida que el narcotráfico se reinventa y la paz firmada por el Estado y la guerrilla en 2016 muestra sus grietas.
 “Todo lo que huela a tombo (policía) es y debe ser evitado”, dice una vecina del sector que dejó su casa y su comercio, y migró a otra ciudad. Otro vecino, cuya identidad es reservada por seguridad, asegura haber sido amenazado por sus lazos familiares con policías. Le dieron un ultimátum, vendió lo que pudo y, con la ayuda de la comunidad, se fue.


‘Nos dijeron: “Si no desocupan, que caiga quien caiga porque nosotros vamos a bombardear la estación’‘, añade. Los policías dentro de la estación se sienten en la primera línea de una guerra, pero con la protección y las armas de una estación secundaria.

Historia de guerra y coca

Josías Buitrago, un veterano profesor en la escuela de La Gabarra, una localidad de Tibú, relata: ”Los niños son los más afectados, los llevan secuestrados a cargar un fusil”.
 “El peor momento lo vivimos a partir del 21 de agosto de 1999”, me dice, en referencia a la fecha que llegaron los paramilitares para enfrentar a la guerrilla, y mataron a 36 personas en un solo día.
Pero cuando se fueron los paramilitares, tras un acuerdo de paz en 2006, volvieron las guerrillas. Y ahora que las FARC firmaron su paz, otros “paras” y otros “guerrillos” luchan por el control de la zona.
Nadie sabe quién tiene el poder en el Catatumbo: si las disidencias de la FARC o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los paramilitares de los Rastrojos. 
Desde que las FARC se desmovilizaron hace cinco años estos territorios quedaron huérfanos.
Una ausencia que para Jhon Jairo Jácome, uno de los investigadores que mejor conoce el Catatumbo, es la receta perfecta para la violencia: “Cuando hay un grupo hegemónico se estabiliza el conflicto, porque se imponen horarios, permisos, códigos de conducta, pero cuando un grupo empieza a disputar el territorio, se pierde el sentido del orden y todos empiezan buscar lo mismo: imponerse”.

Buitrago añade: “Todos nuestros problemas, la deserción escolar, el reclutamiento forzado, son producto de la coca, y yo no sé si usted vio en el camino hacia acá, pero coca... Eso es lo que hay”.
Las Naciones Unidas estiman que en el Catatumbo se produce un tercio de la coca en el país. Bien puede ser el centro de producción de cocaína más grande del mundo. Los cultivos que antes estaban escondidos ahora se ven a pie de carretera, junto a las banderas de la guerrilla y las tiendas de productos para la producción de narcóticos.
Desde la desmovilización de las FARC, la industria cocalera vive un boom de inversiones (la mayoría provenientes de México), la mano de obra se tecnificó y surgieron decenas de grupos armados que intentan controlar un mercado antes monopolizado. “Literalmente el día que se fueron las FARC ya estaban entrando Los Rastrojos”, cuenta Rubel Quintero, un líder social en La Gabarra. “Y por eso ahora estamos volviendo al terror de los años 90‘.

 Tragedia social

 “Esta ensañada contra la fuerza pública tiene que ver con los golpes que el Estado le ha propiciado a la estructura criminal”‘, dice uno de los uniformados, en referencia a las incautaciones, la erradicación de cultivos y la baja de varios líderes de la guerrilla.
‘Es una respuesta al buen trabajo y una muestra de que el acuerdo con las FARC no trajo paz, sino una situación muy adversa para nosotros que nadie está reflejando”, añade.
Pero Rubel Quintero discrepa: “Esta violencia es porque el acuerdo de paz no se cumplió: no llegaron la educación, las vías, la vivienda digna, la libertad sobre las tierras, y entonces la gente tuvo que volver a la coca”.
Hay otras víctimas del asedio a la policía: al menos 11 mujeres han sido asesinadas en Tibú este año por sus relaciones con miembros de la fuerza pública. Y la fiscal que investigaba femicidios también fue asesinada.
‘No tenemos autoridades - dice una mujer de la zona - . Entonces si mi esposo me agrede yo no puedo denunciar porque sería entrar en contacto con el supuesto enemigo‘.
La gente del Catatumbo vive entre una autoridad vista como enemigo y grupos armados cuya autoridad deben acatar. Un limbo entre lo legal y lo ilegal que se resuelve aguantando. “No hay de otra”, dicen.
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