Antes de terminar detenido el 20 de agosto de 2020, Adrián Antonio Vera tenía un largo historial de saqueos de gasoductos. Además del pedido de captura que había dispuesto el Juzgado Federal de Orán el 19 de mayo de 2020, el “imputado colaborador” que tuvo la causa tenía una orden de detención librada por la Justicia de Instrucción Criminal y Correccional de Chamical, en La Rioja, desde el 31 de julio de 2019.
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Antes de terminar detenido el 20 de agosto de 2020, Adrián Antonio Vera tenía un largo historial de saqueos de gasoductos. Además del pedido de captura que había dispuesto el Juzgado Federal de Orán el 19 de mayo de 2020, el “imputado colaborador” que tuvo la causa tenía una orden de detención librada por la Justicia de Instrucción Criminal y Correccional de Chamical, en La Rioja, desde el 31 de julio de 2019.
Además, había sido declarado en rebeldía desde el 10 de abril de 2018 en otra causa por robo agravado junto a Marcelo Pascual Rigiracciolo. Este era un dato, que de haber sido debidamente sopesado por la Justicia, podría haber terminado con el empresario quilmeño José Matías Rossi tras las rejas y no sobreseído. Rigiracciolo no solo es cuñado de Rossi, sino también uno de los socios que inscribieron en Buenos Aires a Depofer, una de las empresas chatarreras que ocupan el predio de Quilmes donde el 5 de junio de 2020 se secuestraron 52 caños del GNEA. De hecho, el primer remito con el que Diego Alos (titular de la empresa Osip) despachó caños saqueados en el norte salteño hacia el depósito localizado en la Bajada de Quilmes, bajo el paraguas de la resolución 1215 del Ejecutivo de Aguaray, tuvo como destinataria a la firma Depofer. La participación de esta empresa y de Rigiracciolo, sin embargo, no fue sopesada en el fuero federal de Salta.
El 7 de junio de 2020, El Tribuno ya había dado cuenta de la aceitada relación de Vera, Alos, Rossi y Rigiracciolo. En esa edición se dio cuenta, con constancias de inscripción comercial, que Rossi, además de ser el dueño de Comarfil, era también uno de los socios que inscribieron a Depofer.
Las relaciones societarias, los remitos de Osip SA y los antecedentes de la causa tramitada en Azul (Buenos Aires) expuestos en aquel informe periodístico no dejaron dudas, ya entonces, de que Vera y Alos integraban una misma organización que planificó, organizó y ejecutó el saqueo al GNEA con soportes financieros establecidos en el conurbano bonaerense.
Otra empresa chatarrera del Gran Buenos Aires, Tubos Renard, que apreció aludida en un catalogo de remate “trucho” usado para burlar los controles de cinco provincias con los caños gasíferos depredados en el norte salteño, fue otro elemento que expuso claramente los vínculos de Vera y Alos en el plan de saqueo integrado.
De esa documentación y más de 15 testimonios ofrecidos en la causa, se desprendió que la organización ilícita tenía planeado el robo de un total de 1.750 caños del GNEA en Aguaray, Campo Durán, Tonono, El Desemboque y Rivadavia Banda Norte. Vera, oriundo de Luján de Cuyo, como Alos, y viejo conocido de éste, fue detenido el 20 de agosto de 2020 en Buenos Aires, mientras desmantelaba con cinco cómplices otro ducto gasífero entre las localidades de Cañuelas y San Vicente. Dos meses antes, El Tribuno había advertido que el prófugo mendocino, luego de escapar de General Mosconi tras los sonados allanamientos del 18 de abril último, seguía robando tubos gasíferos en esa zona del Gran Buenos Aires.
De hecho, Vera fue apresado en el mismo camino rural donde El Tribuno lo mostró, con una fotografía publicada el 16 de julio de 2020, en plena faena clandestina. En esa imagen, que él mismo había compartido con allegados a través de una red social, se lo vio cortando caños con un soplete, junto a una Toyota gris con la que se había fugado de Mosconi. La camioneta, que terminó secuestrada después en la localidad bonaerense de San Justo, fue uno de los vehículos con los que la banda también empezó a robar tubos del GNEA en Formosa desde los primeros días de mayo de 2020.
En Formosa
En junio de 2020, ante el recrudecimiento de los contagios del nuevo coronavirus, la banda que se había desde Tonono (Tartagal) hacia Rivadavia Banda Norte, se vio obligada a detener las extracciones ilegales iniciadas en el paraje formoseño El Chorro, cerca de la frontera con Salta. Allí dejó una grúa, un tractor y un colectivo de la línea 620 de La Matanza al cuidado del destacamento policial de esa localidad. Fue otra fotografía, publicada por el El Tribuno el 16 de agosto de 2020, la que sacó a la luz la insólita connivencia que sacudió a la sociedad formoseña y tuvo amplia repercusión en los medios de la vecina provincia. Con las alertas encendidas, Lomitas, una localidad de 35.000 habitantes situada sobre la ruta nacional 81, a 296 kilómetros de la capital formoseña, estaba convulsionada desde pocos días antes porque el radical Omar Gutiérrez, el único concejal opositor de esa comuna, había hallado cuatro caños saqueados de la línea troncal del GNEA en las afueras de un complejo polideportivo municipal del pueblo. Si eco allí, y atento al escándalo que se había destapado en Salta, el edil formoseño decidió hacer público el hecho a través de El Tribuno. En medio de tembladeral político, un juez penal de Formosa, Marcelo López Picabea, ordenó una serie de allanamientos en los que se recuperaron 11 tubos más que habían sido extraídos ilegalmente en la línea subtroncal del GNEA, cerca de Tatané. Seis implicados terminaron tras las rejas en Formosa por robo calificado.
A todo esto, Vera, bajo el amparo de la aceitada organización fundada en el conurbano bonaerense, seguía agrandado con complicidades políticas, judiciales y policiales su largo historial delictivo en las artes del desarme de tendidos hidrocarburíferos.