Mariano Mera Figueroa, hijo de Julio Mera Figueroa, exministro del Interior de Carlos Menem, y primo hermano del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y del exvicegobernador de Catamarca y actual senador nacional Dalmacio Mera Figueroa, está prófugo desde marzo de 2019. Su abogado, Juan Manuel Casolatti, aseguró a El Tribuno que no se presenta en la causa por presunto secuestro porque considera que no se encuentran dadas las garantías procesales.
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Mariano Mera Figueroa, hijo de Julio Mera Figueroa, exministro del Interior de Carlos Menem, y primo hermano del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y del exvicegobernador de Catamarca y actual senador nacional Dalmacio Mera Figueroa, está prófugo desde marzo de 2019. Su abogado, Juan Manuel Casolatti, aseguró a El Tribuno que no se presenta en la causa por presunto secuestro porque considera que no se encuentran dadas las garantías procesales.
La causa tiene testimonios, escuchas ordenadas por la Justicia y material extraído tanto de teléfonos celulares como de redes sociales que muestran un sombrío rostro del área metropolitana de Buenos Aires.
Las raíces de la sonada causa se remontan a 2017, cuando Micaela Rodríguez, una militante y referente de la corriente peronista Descamisados, se relacionó en Merlo con el intendente Gustavo Menéndez y su asesor, Mariano Mera Figueroa. Por un tiempo mantuvo con este último una relación de pareja que no terminó bien. "Micaela Rodríguez formuló una falsa denuncia por violencia de género y abuso sexual, logrando una orden de restricción de acercamiento que ella misma violó", denunció el defensor de Mera.
El abogado remarcó que ella se presentó varias veces en el domicilio de Mera y trató de comunicarse con él, por redes sociales, a través de perfiles falsos, o de teléfonos de sus familiares y conocidos.
"Al no poder sostener dicha acusación, Micaela y la abogada Gabriela Carpineti empezaron a contactar a personas conocidas de Mera con la intención de mellar su imagen política", agregó el letrado. Todo esto consta en expedientes de la Justicia de Morón que, llamativamente, omitió investigar los hechos que allí se expusieron.
Mujeres a las que les solicitaron "apoyo" declararon en la causa que ambas intentaron inclusive conseguir que algunas formularan "falsos testimonios" contra él.
Finalmente la causa cayó por falta de pruebas y por pericias psiquiátricas que dispuso la Justicia.
Mera denunció a Micaela Rodríguez por acoso e intimidación hacia su persona, amistades, su círculo laboral e inclusive hacia su pequeña hija y la madre de la pequeña, Eugenia Barberis.
"Llegó a presentarse en el establecimiento educativo de la nena, contactando al círculo afectivo y laboral de la madre, difamándola y amenazándola", sostuvo Casolatti.
Hubo otras denuncias sobre las que no se tomó medida alguna, pero en una Mera consiguió que la Justicia le imponga a Micaela Rodríguez una restricción de acercamiento a su persona, a su hija menor y a la madre de la niña. Tras pericias ordenadas en ese expediente, Mera también obtuvo la provisión de un botón antipánico.
"Micaela presentó nuevas denuncias pero no logró responder a las acusaciones", manifestó el abogado. Pasados estos hechos, Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, le advirtió a Mera que Juan Grabois le había expresado que Micaela Rodríguez (relacionada personal y directamente con el líder del Frente Patria Grande) estaba preparando otra denuncia en su contra y que tendría amplia repercusión mediática. Este diálogo, registrado el 22 de diciembre, originó una denuncia penal ante la UFI 10 de Morón, sobre la cual no se tomó medida alguna en los tribunales de esa jurisdicción.
En los alegatos del juicio, que se realizó entre abril y mayo último, las defensas de los imputados señalaron que Grabois, quien maneja millones y millones de pesos en planes sociales, "utilizó a personas vulnerables para un espantoso armado mediático y judicial".
Según las defensas, Micaela contactó a Jéssica Rodríguez, quien era una de los testigos de Mera Figueroa en otra causa y le ofreció una serie de ayudas del Estado para que formule contra éste una denuncia por violencia y abuso sexual. Además, la convenció para que modifique su testimonio y limpie su nombre.
"La denuncia se presentó el 28 de agosto del 2018 y al ver que no estaba funcionando, armaron después el falso secuestro de Jéssica Rodríguez", aseguró Casolatti.
En la nueva presentación se acusó a Mera de haber retenido y golpeado salvajemente a Jéssica Rodríguez, el 20 de septiembre de 2018, para obligarla a levantar la denuncia que había radicado en agosto de ese año.
"Lograron convencer a Jéssica Rodríguez de denunciar a mi defendido, prometiéndole cobertura económica con planes sociales, un subsidio habitacional y la adjudicación de una vivienda a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)", prosiguió el letrado.
Ofrecen $1,5 millones por Mera
El Gobierno nacional había dispuesto una recompensa de 500 mil pesos por cualquier dato que posibilite la captura de Mariano Mera Figueroa, pero acaba de triplicarla. Mera permanece prófugo con pedido de captura desde marzo de 2019. Su abogado afirma que no hay mínimas garantías.
En la causa quedó acreditado, por escuchas que dispuso el juez Alejando Litvack y por mensajes recuperados del celular de la denunciante, que se falseó un empleo público y un domicilio en La Plata como parte de la cobertura económica acordada por las referentes del Frente Patria Grande y la agrupación política Tres Banderas. Concretamente, se armó una carpeta con datos fraguados para que Jéssica Rodríguez recibiera una vivienda social.
De las mismas medidas de prueba se desprendió, también, que se prometió protección para la denunciante y su familia.
Jéssica Rodríguez es una joven adicta y vulnerable que en el expediente aparece ligada al narcomenudeo de pasta base y drogas sintéticas con su madre (Paula Rodríguez Maggio, conocida por la venta de estupefacientes en la ciudad de Buenos Aires), su tío (Gonzalo Maggio, quien en una captura de pantalla que resalta en el expediente aparece mostrándole a su sobrina una cosecha de Marihuana) y su tía (Jimena Rodríguez Maggio, apodada "La Reina de Palermo"). Esta última cumplió una condena en la cárcel de Ezeiza, tras un juicio oral y público que enfrentó en 2006 por vender cocaína y utilizar para ese delito a su pequeña hija. La enviaba al jardín de infantes con una mochila cargada con sobres de droga y también la usaba para traficar narcóticos camuflados en sus pañales. Su pareja es Carlos Ariel "Urko" Verón, quien cumple una condena por el asesinato de Martín Gonzalo Acro, en el marco de una sangrienta interna de barras de River, en agosto de 2007.
Qué declaró Jéssica Rodríguez en la denuncia
Jéssica Rodríguez denunció que el 19 de septiembre de 2018 su pareja, Pedro Mallada, se llevó a sus hijas y que después de la medianoche, encontrándose ella en el bar Blue Special, de La Boca, llegó Mariano Mera Figueroa acompañado por dos hombres. Declaró que, tras forcejear con ella y lesionarla brutalmente, la subieron al automóvil de Mera y la trasladaron -cabeza abajo y golpeándola- hasta el domicilio donde se encontraba Mallada con las niñas. Manifestó que la tuvieron cautiva toda la noche, bajo la vigilancia de un cuarto sujeto, para obligarla al día siguiente a cambiar su declaración contra Mera en una denuncia anterior. Dijo que su propio abogado la llevó a la UFI 8 de Morón a cumplir con lo exigido para que no les sucediera nada a sus hijas. Durante la instrucción de la causa se estableció que fue Paula Maggio, la madre de Jéssica, quien pidió telefónicamente que Mera fuera a buscar a la joven al citado bar, porque estaba preocupada por ella, y le informó que las niñas se encontraban con su padre.