El femicidio de Úrsula volvió a dejar al descubierto las perturbadoras fallas de un sistema judicial y de seguridad en el país. En Salta, más precisamente a más de 190 kilómetros, en Cafayate, una mujer, madre de tres hijos, se encuentra cercada por ese mismo sistema y sin saber para dónde ir frente a una situación de violencia de género que padece desde el 2017. Llegó ayer a Salta capital para solicitar que alguien la ayude, desde el Polo de la Mujer le dijeron que sí pero tendría que vivir en la capital. Es decir, en 24 horas deberá volver sin ninguna respuesta favorable.
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El femicidio de Úrsula volvió a dejar al descubierto las perturbadoras fallas de un sistema judicial y de seguridad en el país. En Salta, más precisamente a más de 190 kilómetros, en Cafayate, una mujer, madre de tres hijos, se encuentra cercada por ese mismo sistema y sin saber para dónde ir frente a una situación de violencia de género que padece desde el 2017. Llegó ayer a Salta capital para solicitar que alguien la ayude, desde el Polo de la Mujer le dijeron que sí pero tendría que vivir en la capital. Es decir, en 24 horas deberá volver sin ninguna respuesta favorable.
Parecería ser que la localidad de Cafayate avanzó en materia turística pero se quedó en el tiempo en el ámbito judicial. "Lamentablemente en Cafayate las personas que laburan en bodegas son ingenieros que tienen un poquito de poder, son intocables. La jueza es una persona extremadamente machista, vos no podés denunciar violencia de género porque encima que lo defiende al hombre te trata como una loca, en medio de las audiencias te maltrata y pregunta cosas como, "¿para qué lo denunciaste?'", contó la víctima en diálogo con El Tribuno.
Además de los distintos episodios de violencia verbal, psicológica, económica y física que la mujer viene soportando desde hace varios años, tiempo en que presentó tres denuncias contra su expareja, actualmente su situación develó también una alarmante situación de violencia institucional. "Vengo sufriendo violencia de todo tipo no solo de mi expareja sino también de la jueza, los policías y los distintos órganos que de alguna manera componen el Poder Judicial en Cafayate. Sufro una violencia institucional aberrante donde me quieren hacer quedar como si yo fuera una loca de la cabeza porque denuncio".
Según la denunciante, el primer episodio de maltrato físico fue en 2017, "cuando mi exmarido quiso llevarse a mis hijos a Mendoza, tenían 8 o 9 meses y como nacieron muy prematuros tenían que tener un cuidado especial". Ese, como también otros episodios hasta ridículos como ser enojarse "porque me olvidé de comprar bananas para los niños", se fueron sucediendo y los ataques se volvieron sistemáticos. Desde el momento que la víctima denunció a su ex, "y salió una orden de alejamiento mutuo, desde entonces mi vida fue un calvario. No hubo una audiencia donde no me sintiera maltratada, burlada".
La mujer denunció a su exmarido en tres oportunidades, "lo único que hizo la Justicia en Cafayate fue ponerle una perimetral que él violó cuantas y como quiso. En una oportunidad fui a denunciar que rompía la medida y el secretario de la jueza me dijo: "¿Y cuál es el problema? Eso no es un delito, ¿qué estás esperando, que lo llevemos preso? No señor, tenemos que comprobar que él rompió la perimetral, si no lo encontramos en el lugar no podemos hacer nada'". En otro de los episodios de violencia el denunciado "nos pegó a mí y a mi hija porque sufrimos un accidente vial y pensó que yo lo había hecho a propósito".
A raíz de la violencia ejercida en su contra la mujer contó que en dos oportunidades se fue de Cafayate, la última vez fue antes de la pandemia del coronavirus. "Me agarró la pandemia y me liquidó económicamente", sostuvo y agregó: "Traté de recomponerme con distintos trabajos, vendiendo comida y esas cosas, pero fue muy difícil". Tras un tiempo, "mi ex me propuso volver e instalarme en la casa que le da la bodega donde trabaja, terminé aceptando porque no tenía otra salida pero él nunca se fue, la situación volvió a ser insostenible y decidí que debía cumplir la división de bienes que hace más de tres años salió y nunca quiso aceptar".
Sigue en Salta tratando de que alguien le tienda una mano, de lo contrario volverá a la localidad del sol y el buen vino para sumirse en un ambiente "de donde hace rato me quise ir y por diferentes circunstancias no pude". Tiene tres hijos y pide a gritos que alguien la escuche, "parece que no son conscientes de la situación que atravieso, que no toman el peso que tiene todo esto que me pasa", repitió varias veces.
¿Y el acceso a la Justicia en la provincia?
Desde Nación trabajan para mejorar el sistema, sin embargo Salta sigue al margen.
En el interior de Salta la violencia de género es alarmante.
En medio de la desesperación por el temor que siente no solo por lo que pudiera ocurrir con su vida sino también con la de su hija, la mujer salió de Cafayate para buscar ayuda en esta capital, hasta el momento no encontró nada. Desde el Polo de la Mujer le dijeron que la pueden ayudar pero si es que vive en capital. En ese sentido, y teniendo en cuenta la inacción que la víctima dejó expuesta por parte del Juzgado multifueros de Cafayate, la situación es preocupante.
“Desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia impulsamos la propuesta de que los Centros de Acceso a la Justicia, que tienen presencia e inserción territorial en todo el país, se amplíen y pongan a disposición sus equipos interdisciplinarios para dar una respuesta integral ante las consultas, denuncias y requerimientos frente a situaciones de emergencia en violencia de género, pero también en relación a su prevención y la restitución de derechos, fundamentalmente económicos y sociales. Proponemos crear la Oficina de Protección Integral en materia de Género en el ámbito de los CAJ.”, dijo en una nota a Infobae Gabriela Carpinet, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Propuesta que sería un bálsamo para Salta, donde con este hecho -entre otros- quedó en evidencia que en Cafayate no puede seguir funcionando un Juzgado multifueros, sin personas especializadas en violencia de género.