La Argentina empieza a divisar una situación económica más prometedora que la que experimentó el año anterior.
El “viento de cola” -el alza de los precios internacionales de los productos agropecuarios- es una resultante de la rápida recuperación de los pilares de la economía internacional, en primer lugar la República Popular China (que está creciendo a un ritmo superior al de la prepandemia y con su formidable mercado interno nutrido por la mejora de ingresos de su población, es el gran comprador mundial de alimentos), pero también Estados Unidos. El viento de cola no es un fenómeno pasajero.
Según Fernando Vilella, director del departamento de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, para 2030 Asia seguirá siendo un importante demandante (se calcula que habrá un déficit alimentario para 900 millones de personas) Y esa demanda solo puede ser satisfecha por regiones que tienen excedentes netos de producción de alimentos. Argentina (junto a Brasil, Uruguay y Paraguay) y Estados Unidos son los que se encuentran en esa situación.
El gobierno del Frente de Todos, una coalición heterogénea en la que prevalece el liderazgo de la señora de Kirchner, tiene dificultades para aprovechar plenamente esa herramienta. El kirchnerismo mantiene ideas anacrónicas en este punto.
Los altos precios internacionales de los alimentos tienen un reflejo en el mercado interno. Este rebote (inevitable) asusta -sea por pulsiones ideológicas o por desconocimiento- a esos sectores del oficialismo y de allí surge el reflejo atávico de usar las retenciones como herramienta de desacople, un camino que dinamita las relaciones con el sector productivo más eficiente de la economía argentina.
El sector dominante de la coalición oficialista corre permanentemente el eje de prioridades del Gobierno: los problemas judiciales que afectan a la expresidenta y muchos exfuncionarios trepan en la atención de la coalición y se vuelcan sobre el Gobierno.
Los reveses judiciales son observados como una señal ominosa de lo que puede ocurrir con los procesos que recaen sobre la señora de Kirchner, así como sobre la suerte de otros varios de sus exfuncionarios.
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La Argentina empieza a divisar una situación económica más prometedora que la que experimentó el año anterior.
El “viento de cola” -el alza de los precios internacionales de los productos agropecuarios- es una resultante de la rápida recuperación de los pilares de la economía internacional, en primer lugar la República Popular China (que está creciendo a un ritmo superior al de la prepandemia y con su formidable mercado interno nutrido por la mejora de ingresos de su población, es el gran comprador mundial de alimentos), pero también Estados Unidos. El viento de cola no es un fenómeno pasajero.
Según Fernando Vilella, director del departamento de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, para 2030 Asia seguirá siendo un importante demandante (se calcula que habrá un déficit alimentario para 900 millones de personas) Y esa demanda solo puede ser satisfecha por regiones que tienen excedentes netos de producción de alimentos. Argentina (junto a Brasil, Uruguay y Paraguay) y Estados Unidos son los que se encuentran en esa situación.
El gobierno del Frente de Todos, una coalición heterogénea en la que prevalece el liderazgo de la señora de Kirchner, tiene dificultades para aprovechar plenamente esa herramienta. El kirchnerismo mantiene ideas anacrónicas en este punto.
Los altos precios internacionales de los alimentos tienen un reflejo en el mercado interno. Este rebote (inevitable) asusta -sea por pulsiones ideológicas o por desconocimiento- a esos sectores del oficialismo y de allí surge el reflejo atávico de usar las retenciones como herramienta de desacople, un camino que dinamita las relaciones con el sector productivo más eficiente de la economía argentina.
El sector dominante de la coalición oficialista corre permanentemente el eje de prioridades del Gobierno: los problemas judiciales que afectan a la expresidenta y muchos exfuncionarios trepan en la atención de la coalición y se vuelcan sobre el Gobierno.
Los reveses judiciales son observados como una señal ominosa de lo que puede ocurrir con los procesos que recaen sobre la señora de Kirchner, así como sobre la suerte de otros varios de sus exfuncionarios.
El discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el lunes, reflejó esa situación. Se trata de una manifestación nueva -esta vez mediada por la palabra presidencial- de la ofensiva K sobre el Poder Judicial. Se podría vaticinar que es improbable que tenga el éxito que a veces parecen dar por sentado sus adversarios más intensos. Hasta ahora, y contando desde el tiempo en que la señora de Kirchner no era vice sino presidenta, todos los intentos se frustraron.
A menudo el tono apremiante y los términos ásperos de que se vale el sector K de la coalición de Gobierno despistan a algunos predispuestos a atribuirle poderes ilimitados y, en primera instancia, malignos: ven en ese discurso el prólogo de un proceso que definen como “chavización”. En rigor, lo que revela es impaciencia y debilidad. El claro predominio que el oficialismo conserva en el Senado no llega, sin embargo, a los dos tercios que suelen requerir las cuestiones judiciales. Y en la Cámara de Diputados las mayorías que se requieren para leyes importantes no solo necesitan trabajosas negociaciones con bloques independientes, sino también tomar en cuenta los criterios y posicionamientos de la oposición.
El discurso de Fernández el último lunes, que incluyó fuertes cuestionamientos a la oposición y hasta anunció acciones criminales sobre funcionarios del gobierno de Macri, tiene, si bien se mira, efectos paradójicos (o maquiavélicos, dirían los suspicaces) porque genera una especie de bloqueo a dos puntas: indispone a la Justicia para cumplir con las medidas con las que amenaza al macrismo y obstaculiza el logro de las mayorías legislativas que requieren sus propuestas sobre la Justicia.
Quizás a eso se refirió Fernández cuando dijo: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. La debilidad política que sufre y la necesidad de conservar la unidad operativa de la coalición de gobierno le impiden a Fernández resistir abiertamente las presiones K.
La debilidad del poder presidencial y el paulatino fortalecimiento de la señora de Kirchner complica la viabilidad de un centro predispuesto a acordar políticas de Estado y se vigorizan las posturas polarizadoras.
En verdad, lo que parece ocurrir, en el contexto de la judicialización/politización, es que se debilita la política en conjunto y, por default, mejoran su posición relativa los jueces y otros actores externos que pueden funcionar como árbitros interesados en un paisaje de choque y dispersión.
* Miembro de Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario