Tenemos derecho a la eficacia del Estado

Hace relativamente poco que la violencia contra las mujeres fue asumida como una violación a los DDHH. Es una cuestión de Estado. Hoy la Justicia por su lentitud, por la ineficacia de sus medidas o por las que no fueron tomadas es atenazada. La sociedad pide a ese poder del Estado que responda por los feminicidios, sobre todo de aquellos evitables, que son al menos el 50%. Desde el presidente Alberto Fernández, integrantes de su gabinete (el ministro del Interior, Wado de Pedro aseguró que cuando la Justicia es lenta, hay femicidios) hasta referentes feministas piden cambios urgentes en el Poder Judicial y mayor articulación entre estamentos.

Son 47 femicidios, entre ellos ocho vinculados, y 64 intentos, que fueron cometidos en los dos primeros meses de 2021. Es una mujer asesinada cada 30 horas, según informe de MuMalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana). La Casa del Encuentro indica que son 50, 1 transfemicidio y 5 femicidios vinculados para el mismo período. 47, 48, 49 o 50. Es una barbaridad. ¿Cómo puede ser que varones le quiten la vida a las mujeres? ¿Por qué lo estamos permitiendo? O mejor dicho, si ya no está en el umbral de sentido de la comunidad y la sociedad no lo está permitiendo, ¿por qué la Justicia y las fuerzas que trabajan en coordinación no logran su objetivo de detener estos asesinatos?

Esta cantidad de mujeres muertas por parejas o exparejas no puede ser naturalizada, ni como cifra ni como dato espeluznante. Estas muertes no pueden ser reificadas como un dato para producir una alarma espasmódica. Debe ser un trabajo de 25 horas al día de todos los agentes del Estado para resolverlo y que no haya #NIUNAMENOS. El Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres que denuncian al agresor y garantizar medidas integrales de asistencia, protección y seguridad (art. 3 inc. H; art. 7 inc C de la ley 26485).

Muchas estructuras sostenidas con el dinero de los ciudadanos tienden a crear conciencia o producir investigaciones, otras a brindar asistencia, y así. Una maquinaria estatal que no siempre atiende fuera de hora, que es cuando la violencia pasa, o con burócratas que olvidan que son servidores públicos. Botón antipánico y en paralelo una tobillera electrónica al agresor, un monitoreo responsable de parte de las autoridades, capacitar a quienes recepcionan las denuncias y a quienes deben realizar la evaluación del riesgo en la que se encuentra la mujer. Todo lo que haga falta.

El caso de Paola Tacacho, el de Ursula Bahillo evidencian el accionar corporativo de la Justicia y de la policía, pero ante todo su mala praxis. La agenda de la gente es otra y ya no quiere muertas a sus mujeres. Es momento de resultados.

(Línea 144: atención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por what sapp: +5491127716463).

 

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