La educación presencial en las escuelas es lo último que debe cerrarse. La intromisión del Gobierno nacional que dispuso la suspensión de clases en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires constituye, en primer lugar, un avasallamiento de las autonomías de ambas jurisdicciones y, desde todo punto de vista, un grave error con consecuencias nocivas.
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La educación presencial en las escuelas es lo último que debe cerrarse. La intromisión del Gobierno nacional que dispuso la suspensión de clases en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires constituye, en primer lugar, un avasallamiento de las autonomías de ambas jurisdicciones y, desde todo punto de vista, un grave error con consecuencias nocivas.
El manejo de datos erróneos y la presión de los gremios encabezados por Roberto Baradell indujeron al presidente Alberto Fernández a tomar esa medida, a través de un decreto -cuya constitucionalidad deberá evaluar la Suprema Corte-, con la aquiescencia del gobernador Axel Kicillof, quien hubiera podido disponerla por su cuenta, y a pesar de la oposición del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El Presidente no solo se excedió en sus atribuciones sino que desoyó a sus ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Educación, Nicolás Trotta, y a los ministros de todas las provincias.
Clausurar la educación es una medida extrema, que solo debe ser dispuesta en situación de catástrofe, y siempre y cuando la pérdida que sufre la sociedad sea compensada por los beneficios que ofrezca el cierre. Si bien es inminente una nueva ola de coronavirus, los datos exhibidos por las autoridades son equívocos y nada indica que los días de clases presenciales hayan convertido a las escuelas en centros de emisión de contagios.
Si Fernández desautorizó a sus ministros, difícilmente fuera a prestar atención a las advertencias de estos días emitidas por Unicef: "Si los niños tienen que afrontar otro año sin escuela, los efectos seguirán haciendo estragos en las próximas generaciones", recordó el organismo de las Naciones Unidas, dedicado a la infancia. "Existen pruebas contundentes acerca de los efectos del cierre de las escuelas sobre los niños y cada vez hay más evidencia de que las escuelas no son la causa de la pandemia..."
Además, la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef ratificaron que las clases presenciales son "indispensables para el desarrollo y bienestar de los niños y adolescentes", y que el cierre de las aulas "genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas".
Incluso destacaron que la escuela "constituye un sitio seguro mientras sus padres, madres y cuidadores/as trabajan, contribuyendo así a la actividad económica de la sociedad. Es una herramienta de equidad social indispensable, particularmente en los grupos sociales más vulnerables".
Se trata, claramente, de opiniones calificadas y despolitizadas, que el Gobierno nacional debería escuchar.
La Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define a la educación como "un derecho humano fundamental", que no puede ser vulnerado en ninguna circunstancia.
Se vuelve a cerrar las escuelas sin evaluar el daño ya sufrido. Los maestros al frente del aula saben que los alumnos perdieron un año de escolaridad, apenas compensado con las clases virtuales, que fueron para pocos y que de ninguna manera reemplazan el trabajo personal. Sin embargo, el Estado aún no ha hecho la evaluación seria y profesional de los niveles de conocimientos en todas y cada una de las localidades del país. Todo indica que los daños son totales y que la brecha digital, sumada a la falta de clases, ha profundizado las inequidades en el seno de la sociedad argentina.
Es más fácil cerrar escuelas que evaluar. La realidad es que en las escuelas los protocolos se aplican, las entradas y salidas tienen turnos diferidos y dentro de las aulas las burbujas observan el distanciamiento. Los chicos no juegan con los barbijos ni las madres se amontonan en las puertas, como imaginó Fernández
Las escuelas no deben cerrarse. Los días de clase que se pierden no se recuperan.
El perjuicio inferido a los niños y jóvenes el año pasado se multiplica con esta decisión sin fundamentos, que parece ignorar un principio elemental de la política y el gobierno enunciado por Domingo Faustino Sarmiento: "Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo: todo está en los humildes bancos de la escuela".
Ni la pandemia ni la crisis económica pueden causar hoy más daño que la prohibición de clases presenciales.