IFE: Vera y otros 26, acusados por fraude e incumplimiento de deberes

A menos de un año del escándalo nacional que significó la gestión y el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno nacional para las personas económicamente más afectadas por la pandemia, la Justicia Federal de Salta imputó por intento de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público a funcionarios y legisladores salteños que habían gestionado, e incluso cobrado, la ayuda, pese a que expresamente la clase política había sido exceptuada de ese beneficio.

Primera parte

Se trata de 27 funcionarios y legisladores que aparecen como sospechosos en esta primera parte de la investigación, aunque la Justicia lleva adelante otras tres investigaciones similares donde también aparecen otros 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios, tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI y nueve empleados de la Municipalidad de General Pizarro, en el departamento Anta.

La mayor parte de la investigación recae sobre todo en concejales de al menos 32 municipios, es decir, más de la mitad de las comunas de toda la provincia de Salta.

El volumen de estas irregularidades decantó en una sospecha generalizada sobre el verdadero destino de la ayuda social en pandemia y en un verdadero bochorno en todo el país que nunca fue del todo aclarado por las autoridades nacionales de la Anses, que optaron por dejar todo en manos de la Justicia, incluso con un escándalo superior cuando se supo que hasta concejales de Bolivia habían cobrado el beneficio de los 10 mil pesos.

En esta primera parte de la investigación y tras la imputación oficial de los 27 sospechosos se destacan los nombres de Marcos Jesús Vera, el exgerente de la Anses - UDAI Sur, quien al momento del hecho estaba al frente de las oficinas en Salta. Poco antes había sido asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Otro de los nombres que se destaca es el de Osbaldo Francisco Acosta, diputado provincial por Santa Victoria Oeste y Rolando Rodolfo Rojas, intendente de El Quebrachal.

El resto de la lista de esta primera parte de la investigación está integrada por concejales de Aguaray, Salvador Mazza, Orán, Pichanal, Pizarro, Yrigoyen, Embarcación, General Güemes, Las Lajitas, Seclantás, Santa Victoria Este, Cachi, Rivadavia Banda Norte, Chicoana, Rosario de Lerma, El Potrero y Vaqueros.

El proceso de imputación contra estas personas se formalizó a través del fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, en una audiencia de formalización de la investigación penal por los delitos de defraudación a la administración pública en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La acusación se realizó ante la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N´2 de Salta, quien luego de escuchar la presentación realizada por la fiscalía y los planteos efectuados por la defensa de algunos de los funcionarios dio por formalizada la investigación penal en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.

Tal como lo pidió la fiscalía, la magistrada autorizó tareas investigativas por un lapso de 50 días hábiles, tiempo requerido para la realización de informes ambientales, la recepción de informes respecto a movimientos bancarios y determinación de la IP geográfica de las terminales utilizadas por los acusados para la gestión del beneficio.

El día señalado

La noticia se conoció el 23 de julio del año pasado cuando se difundió el listado que se consiguió entrecruzando datos de los beneficiarios desde la página de la Anses con los números de documentos de los legisladores y funcionarios.

En aquel momento el entrecruce de la información dejaba ver que algunos trámites habían sido rechazados, aunque en otros el sistema advertía que el pago del segundo aporte "está listo para hacerse efectivo al beneficiario".

La noticia provocó el escándalo y el desbande en medio de acusaciones y desmentidas, aunque las sospechas ya habían sido advertidas una semanas antes con el caso de un concejal de la localidad de Guachipas que había sido visto por los propios vecinos del lugar en la fila para cobrar el beneficio.

 

Argumentos diversos para la defensa

Lo hicieron para ayudar a otros, una de las coartadas.

Sin una explicación oficial de Anses, ni siquiera cuando se conoció que hasta concejales de Bolivia también habían cobrado los 10 mil pesos del IFE, las desmentidas y acusaciones cruzadas estuvieron a la orden del día.
Desde aquel momento los sospechosos recurrieron a todo tipo de argumentos para defenderse de las acusaciones.
Incluso, al prestar declaración durante la audiencia de esta semana, los funcionarios buscaron desvincularse de los hechos brindando disímiles explicaciones respecto a las gestiones imputadas por la fiscalía.

Negaciones

Algunos de ellos, por ejemplo, directamente negaron haber ingresado sus datos en los trámites virtuales para el cobro del IFE y pidieron que se investigue al respecto a fin de determinar a los presuntos responsables, ya que se sentían perjudicados.
Otros, en tanto, sostuvieron que tampoco ingresaron sus datos, aunque sí dijeron que conocían a las personas que lo hicieron, oportunidad en que culparon a hijos, militantes y hasta una nuera, entre otros allegados y familiares.
Otra de las coartadas brindadas se resumió en que el ingreso de datos y gestiones se hizo a fin de conocer cómo eran los pasos para así ayudar a pobladores que acudían a ellos con distintas preguntas sobre las gestiones a realizar.
También reconocieron haber ingresado los datos con el fin de elaborar instructivos o tutoriales, mientras que otros acusados señalaron que muchos empleados nacionales y provinciales incurrieron en las mismas maniobras y pidieron que también sean investigados.

Sueldos

En la línea de investigación periodística también se señaló que en muchos casos los sueldos de los ediles no estaban registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron ninguna irregularidad al momento de aprobar la ayuda. Sea como fuere, el escándalo se sostiene en la acción consciente y voluntaria de los legisladores y funcionarios que intentaron acceder o accedieron al beneficio aún sabiendo que no les correspondía. 
 

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