Caso Jimena Salas:  el extraño vínculo entre un fiscal penal y el imputado

El 27 de enero de 2017, en horas del mediodía, el alerta policial indicaba de una mujer sin vida en una casa ubicada en la calle Las Virginias al 100, en la localidad salteña de Vaqueros. Era el comienzo de una investigación en uno de los crímenes más sanguinarios en la historia policial salteña. El viernes último el subcomisario Sánchez, investigador del CIF, ventiló en el juicio por el crimen de la vecina de Vaqueros que el imputado Nicolás Cajal, viudo de la víctima, tuvo vínculo directo con quien fuera el fiscal penal de la causa, Pablo Paz, apartado y sancionado por el Ministerio Público por considerar que cometió errores en el tiempo que duró la investigación a su cargo.

El primer fiscal penal en llegar a la escena del crimen aquella trágica jornada de enero fue Rodrigo Miralpeix -estaba de turno-, luego lo hizo el fiscal Paz, quien quedó a cargo de la investigación. Con el correr de los meses y quien fuera procurador general en ese entonces, Pablo López Viñals, designó a ambos en la tarea investigativa dado la "complejidad" del caso. Luego el nuevo procurador general, Abel Cornejo, dispuso apartar de las pesquisas a los fiscales, abrir un sumario administrativo interno, sancionar a Paz y trasladarlo a la Fiscalía Penal de Limache.

Los cambios y la sanción que terminó recibiendo el exfiscal de la causa Jimena Salas, Pablo Paz, fue por las irregularidades que desde el MPF consignaron hubo en su investigación. Haber dejado que el cuerpo de la víctima sea cremado apenas 48 horas después del salvaje crimen, no advertir el apagón de la alarma que Jimena Salas tenía en su vivienda, desactivada horas antes de su asesinato y una serie de irregularidades básicas en una investigación inicial de mucha importancia para la causa.

Del análisis de las llamadas que efectuó Nicolás Cajal después del homicidio de quien era su pareja, el imputado admitió haber mantenido comunicación directa con Pablo Paz; según los investigadores el viudo llamó a la aseguradora -en diciembre de 2017- para consultar sobre la indemnización por la muerte de Jimena Salas -900.000 pesos-, en esa comunicación el imputado sostuvo que el fiscal Pablo Paz le había señalado que se trataba de un robo frustrado. Si bien no hay registros que Paz haya sostenido dicha teoría formalmente, sí la sostuvo Cajal desde un primer momento. En todo caso era una de las hipótesis del exfiscal de la causa, según señalan los informes elaborados en ese momento con sus investigadores.

El vínculo directo entre uno y otro no es usual y lo que debería pasar en una investigación seria y tan compleja como la de Jimena Salas. Desde un primer momento Cajal fue uno de los sospechosos a tal punto que terminó imputado acusado de encubrimiento agravado. La Justicia determinará si es o no culpable. Mientras tanto, el imputado mantiene su verdad negando cualquier tipo de encubrimiento, poniéndose a disposición de la Justicia y clamando por saber "quién mató a Jimena Salas", como sostuvo en el primer día de la audiencia de debate la semana pasada tras aceptar pasar a declarar frente al tribunal colegiado.

En la Sala VII

Luego de la primera semana de debate que se lleva a cabo en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, hoy se continuará con las audiencias de testimoniales a partir de las 8. En la semana inicial los magistrados recepcionaron entre 30 y 35 testimonios de un total de 100 que está previsto declaren en el juicio por el atroz crimen de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros.
La semana inicial contó con las declaraciones de uno de los imputados, Nicolás Cajal, pareja de la víctima en el momento del hecho, mientras que el otro acusado, Sergio Vargas, se abstuvo de declarar. Está acusado de ser partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.
También pasaron por el banquillo acusador vecinos del barrio, la niñera de la víctima, el médico legal del CIF quien realizó la autopsia del cuerpo y uno de los investigadores del CIF que expuso el análisis realizado en las telecomunicaciones. Para hoy se espera la presencia de unos ocho testigos.

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