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La actividad de los proveedores mineros en Salta atravesó en 2025 uno de los períodos más complejos desde el inicio del auge del litio. La baja del precio internacional del mineral y la finalización de las etapas de construcción de varios proyectos redujeron significativamente la demanda de bienes y servicios, con un impacto directo en el empleo y en la economía regional.
Sin embargo, hacia el último tramo del año comenzaron a aparecer señales de recuperación, vinculadas principalmente al avance de la planta comercial de Rio Tinto y a la expectativa por nuevos proyectos en litio, plata y cobre. En este escenario, el sector proveedor sigue reclamando mayor participación local en las contrataciones y una revisión del esquema impositivo que, aseguran, los deja en desventaja frente a empresas extranjeras.
En diálogo con El Tribuno, Federico Russo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), hizo un balance del año, analizó las perspectivas para 2026 y advirtió que el eventual inicio del proyecto de cobre Taca Taca podría marcar un punto de inflexión para la minería salteña.
Empecemos por un panorama de este año que, durante casi todo el período, fue complicado, pero hacia el final parece que hay una mejor perspectiva, ¿no es cierto?
Sí, casi todo el año fue el mismo “cassette”: precios del litio bajos y la finalización de la construcción de los proyectos de litio de POSCO, Eramine, Ganfeng y Rincón 3.000. Todo eso derivó en un año de muy baja actividad.
La mejora empezó a notarse con la llegada del proyecto de la planta comercial de Rio Tinto, que a partir de la segunda mitad del año comenzó a generar otro nivel de actividad, con obras de perforación, movimiento de suelo, construcción de campamentos, tanques y una gran cantidad de licitaciones. Eso empezó a dinamizar la contratación de proveedores mineros y el efecto multiplicador que genera la subcontratación y el derrame en la economía local.
Cerramos el año un poco mejor y con buenas expectativas para el próximo, con el proyecto Pastos Grandes de litio, que ya tiene la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y está gestionando su ingreso al RIGI; con Abra Silver y el proyecto de plata Diablillos, que ya cuenta con el RIGI y avanza con la DIA y los permisos en Salta y Catamarca, ya que es un proyecto en zona de cooperación limítrofe, de entre 500 y 600 millones de dólares. Y el punto más alto sería que en 2026 comience la mina de cobre Taca Taca, que marcaría un hito y un nuevo salto de calidad y de escala para Salta.
De acuerdo con lo que dijeron desde el Gobierno provincial, la DIA de Taca Taca se aprobaría en los primeros meses de 2026…
Sí, tenemos entendido que está muy avanzado. Como dijo el nuevo secretario de Minería, “no falta tanto”. Esperemos que en el primer cuatrimestre tengamos novedades.
En el caso del proyecto Diablillos, que se comparte con Catamarca, ¿cómo están trabajando o cómo podrían trabajar los proveedores locales para que se cumpla con la normativa de compre local?
Las provincias están trabajando un acuerdo en las legislaturas para que las compras se distribuyan en un 50% para cada provincia, en función de lo que se determine en la DIA: la mitad para Salta y la otra mitad para Catamarca.
En los primeros días de noviembre hablaste de que la actividad de los proveedores salteños estaba en torno al 35%. Con el arranque de Rio Tinto, ¿en qué nivel están hoy las empresas locales?
Diría que ahora estamos más cerca del 40%, entre el 35% y el 40%. Al principio del año estábamos más cerca del 30%.
De todos modos, si bien el proyecto de Rio Tinto es grande, no podemos depender prácticamente de un solo proyecto. Los otros desarrollos de litio están recién construidos y en proceso de puesta en producción: hay servicios contratados, pero todavía no operan al 100% de su capacidad.
Los proyectos POSCO, Eramine y Ganfeng, que rondan las 20.000 toneladas anuales de litio, tengo entendido que ninguno supera hoy las 2.000 o 3.000 toneladas. A medida que aumente la producción, también debería crecer la actividad de los proveedores, aunque sabemos que la contratación en la etapa de operación no es lo mismo que en la construcción.
Viendo estas perspectivas, ¿2026 puede marcar un nuevo arranque o una nueva ola de empleo vinculada a la minería en Salta?
Sí, sin duda. Cada proyecto que avanza va levantando un nivel de actividad que hoy está muy bajo. Y si llega a arrancar Taca Taca, ya ni hablar: sería un salto de escala para la provincia, un verdadero boom.
Desde Capemisa vienen planteando con fuerza la necesidad de priorizar a las empresas locales…
Es una preocupación central. Vemos que, con el conjunto de los proyectos, hay muchos contratistas de afuera con trabajos y contratos a largo plazo, mientras que los proveedores locales tienen menos participación.
Creemos que, a medida que crezca el nivel de actividad, también tiene que crecer en la misma proporción la participación de los proveedores locales. Si no, la actividad general va a subir y nosotros vamos a seguir más o menos igual. Somos los que estuvimos sosteniendo la actividad todos estos años, los que formamos al personal, reinvertimos y consumimos en la provincia.
¿Siguen detectando maniobras de empresas foráneas con testaferros en Salta?
Existe eso, pero también hay contrataciones de empresas de afuera sin que necesariamente haya una maniobra ilegal. En esos casos, hay que verificar si cumplen con los porcentajes de compre local comprometidos en la DIA. No todo pasa por simulaciones, pero sí hay contrataciones directas de empresas externas.
Para eso está la ley de inversiones mineras de la provincia…
La ley garantiza un porcentaje de compre local. Fuera de ese porcentaje, las empresas pueden contratar a quien consideren. Si se cumplen los porcentajes, no debería haber problemas en que se contraten firmas de afuera, incluso porque hay productos o insumos específicos que no se consiguen localmente, como la soda ash o ciertos paquetes tecnológicos.
El tema de la carga tributaria también es un reclamo histórico del sector. ¿Creés que puede haber avances?
El llamado “costo argentino” nos asfixia y nos quita competitividad. Los proveedores tenemos impuestos altísimos que terminan trasladándose al costo final del bien o del servicio. Muchas veces, a la minera le conviene importar directamente un equipo para esquivar el costo fiscal que tiene el proveedor local.
Por la ley minera, la empresa puede importar sin pagar aranceles, pero el proveedor sí. Si un proveedor importa un equipo para venderlo a una minera, debe pagar un arancel del 13% al 16%, mientras que si la minera lo importa directamente no paga nada. Ese mecanismo nos deja afuera. El proveedor debería poder importar sin aranceles cuando es para venta a la minería.
A eso se suman Ingresos Brutos, las tasas municipales y las cargas sociales, que son muy elevadas. Todo ese combo hace que en Argentina los bienes y servicios sean caros, no por márgenes extraordinarios, sino por la presión impositiva y laboral.