El Gobierno nacional envió ayer al Congreso el polémico proyecto para establecer por ley los criterios epidemiológicos por los cuales deberán regirse las medidas y restricciones ante la pandemia de coronavirus en las distintas jurisdicciones de acuerdo a la situación en la que estén cada una de ellas y que Juntos por el Cambio resiste al considerar que habrá superpoderes para manejar la pandemia.
La iniciativa, que ingresó al Senado, no distingue entre zonas geográficas sino que establece “parámetros epidemiológicos y sanitarios” conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del virus.
En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico y de alarma sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricción.
El proyecto ingresó al Congreso sin acuerdo político con Juntos por el Cambio, que expresó su rechazo antes de que se diera a conocer, pero el oficialismo confía en aprobarla en la Cámara Alta donde tiene mayoría, mientras que en Diputados aspira a lograrla mediante acuerdos con bloques chicos.
En ese marco, la presentación de este proyecto no variará la situación de la discusión política que existe con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, dos distritos gobernados por Juntos por el Cambio que se negaron a acatar el punto del último decreto del presidente Alberto Fernández que volvió atrás con las clases presenciales. Sucede que tras el fallo de la Corte que avaló la “autonomía” de las jurisdicciones para tomar decisiones, CABA y Mendoza podrán seguir amparándose en él. De hecho, el proyecto no prevé sanciones para las jurisdicciones “rebeldes”.
A su vez, fuentes de Presidencia indicaron que “no es potestad” de la Nación fiscalizar el cumplimento de las medidas y rechazaron de plano que las FFAA puedan actuar: “Participan solo de actividades humanitarias’”, señalaron.
El proyecto establece que los gobernadores continuarán ejerciendo “las facultades concurrentes de control y fiscalización” de las medidas de prevención, pero establece medidas “gatillo” que aplicarán de forma automática cuando se alcance una fase más complicada en lo epidemiológico.
Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión “se dispone únicamente para los lugares de alarma epidemiológica”.
En los lugares de medio riesgo sanitario, “serán las autoridades locales las que dispondrán de restricciones temporales y focalizadas”, mientras que en los lugares del alto riesgo y de alarma, de observarse un empeoramiento de la situación, “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponerlas de forma razonable, previa consulta con los gobernadores”.
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El Gobierno nacional envió ayer al Congreso el polémico proyecto para establecer por ley los criterios epidemiológicos por los cuales deberán regirse las medidas y restricciones ante la pandemia de coronavirus en las distintas jurisdicciones de acuerdo a la situación en la que estén cada una de ellas y que Juntos por el Cambio resiste al considerar que habrá superpoderes para manejar la pandemia.
La iniciativa, que ingresó al Senado, no distingue entre zonas geográficas sino que establece “parámetros epidemiológicos y sanitarios” conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del virus.
En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico y de alarma sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricción.
El proyecto ingresó al Congreso sin acuerdo político con Juntos por el Cambio, que expresó su rechazo antes de que se diera a conocer, pero el oficialismo confía en aprobarla en la Cámara Alta donde tiene mayoría, mientras que en Diputados aspira a lograrla mediante acuerdos con bloques chicos.
En ese marco, la presentación de este proyecto no variará la situación de la discusión política que existe con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, dos distritos gobernados por Juntos por el Cambio que se negaron a acatar el punto del último decreto del presidente Alberto Fernández que volvió atrás con las clases presenciales. Sucede que tras el fallo de la Corte que avaló la “autonomía” de las jurisdicciones para tomar decisiones, CABA y Mendoza podrán seguir amparándose en él. De hecho, el proyecto no prevé sanciones para las jurisdicciones “rebeldes”.
A su vez, fuentes de Presidencia indicaron que “no es potestad” de la Nación fiscalizar el cumplimento de las medidas y rechazaron de plano que las FFAA puedan actuar: “Participan solo de actividades humanitarias’”, señalaron.
El proyecto establece que los gobernadores continuarán ejerciendo “las facultades concurrentes de control y fiscalización” de las medidas de prevención, pero establece medidas “gatillo” que aplicarán de forma automática cuando se alcance una fase más complicada en lo epidemiológico.
Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión “se dispone únicamente para los lugares de alarma epidemiológica”.
En los lugares de medio riesgo sanitario, “serán las autoridades locales las que dispondrán de restricciones temporales y focalizadas”, mientras que en los lugares del alto riesgo y de alarma, de observarse un empeoramiento de la situación, “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponerlas de forma razonable, previa consulta con los gobernadores”.
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