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18 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
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La inflación no se frena con pases mágicos

Miércoles, 26 de mayo de 2021 00:00

La inflación argentina es una endemia, y sus efectos, nuestra pesadilla. Y lo peor es que todos quieren corregirla con pases de magia.

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La inflación argentina es una endemia, y sus efectos, nuestra pesadilla. Y lo peor es que todos quieren corregirla con pases de magia.

No es un problema sanitario, pero termina golpeando indirectamente a la salud pública. Consiste en el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios por un período de tiempo prolongado.

El principal factor inflacionario es la emisión monetaria, la impresión de billetes por parte del Estado para afrontar el déficit fiscal. Y los responsables son el Estado y sus administradores. El exceso de gasto se financia con deuda, más impuestos y emisión.

Estos estados, administrados en función del interés de sus administradores, rápidamente agotan la capacidad de endeudarse, elevan los impuestos hasta el límite de lo posible, y aún luego de haber agotado dos de las formas de solventar el descontrol en el gasto pasa a emitir sin freno.

La inflación no es culpa o responsabilidad de los ciudadanos, sino de gobernantes ineptos o inescrupulosos que priorizan sus intereses por sobre los de los ciudadanos.

La emisión monetaria sin respaldo ocasiona que circule dinero en exceso, esa masa de dinero en poder de los ciudadanos tiende a transformarse en consumo, los ciudadanos compran bienes, al no haber cantidad de bienes suficientes para absorber la demanda por escasez de producción, esa mayor demanda incide en el aumento de los precios.

Los asalariados son los más indefensos ante la inflación. Los comerciantes y otros actores de la economía que tienen los bienes buscan protegerse de este fenómeno. Para ello incorporan a la estructura de precios "la cobertura inflacionaria", que es un porcentaje estimado de la variación de los costos de reposición de los bienes. En el caso de transacciones a crédito, se incorpora, esta "cobertura inflacionaria", en la tasa de interés. En general ante la escalada inflacionaria, los empresarios reducen las ventas a crédito o aumentan los costos de financiación. La reducción o eliminación de las ventas a crédito solo es posible hasta el punto de que el volumen de las ventas permite atender los costos fijos con el margen bruto. Debajo de esta línea, la empresa entra en peligro de quebranto.

El mercado en este proceso creativo, de buscar coberturas en las ventas a plazo, ha desarrollado mecanismos ingeniosos de financiamiento que a la vez cuentan con una cobertura contra la inflación. En este grupo están los denominados "círculos cerrados" o planes de ahorro con fines determinados. Los más difundidos y desarrollados están en el mercado de automotores.

Las cuotas se ajustan conforme a la variación del precio de los bienes objeto de los contratos, el consumidor va adquiriendo "partes" del bien al precio de mercado al momento de vencer cada cuota.

Una vez entregado el automotor, el saldo de precio se garantiza con una prenda, en el contrato de préstamo por el saldo del valor de la unidad se establecen las cláusulas del crédito, forma de ajuste de las cuotas, tasa de interés, vencimientos, costos de seguros, penalidades etc.

Al día de hoy, esta modalidad contractual diseñada para que muchos ciudadanos y familias pudieran concretar el "sueño del auto, (casa, u otro bien) propio" se ha transformado en una pesadilla y de las peores.

El incremento desproporcionado entre el valor del bien y el ingreso de las familias deriva en la imposibilidad de cumplir lo que agrava la situación por los costos de mora y al final se termina perdiendo el bien (lo ahorrado) y quedando, además, con deudas por accesorios tales como honorarios y gastos judiciales.

Las cifras son claras para ratificar lo expresado, entre los meses de enero de 2020 y marzo de 2021, los salarios tuvieron un aumento promedio del 41,96% mientras que el índice de variación en materia de adquisición de vehículos fue, en ese mismo período, el 90,10%. Esto deja en claro todo.

Y por qué pasó, por la inflación cuyo responsable es el Estado y sus administradores. Otra modalidad de ajuste es la de los créditos UVA (unidad de valor adquisitivo) que también supera el ajuste de los salarios y, en algunos casos, supera el incremento del valor de los bienes.

La solución no está en el dictado de leyes provinciales (de dudosa constitucionalidad) suspendiendo las ejecuciones prendarias. Las normas de procedimiento en la Justicia no pueden transformar en inaplicable o inexistente la legislación de fondo.

Al finalizar el período de suspensión de las ejecuciones, la deuda habrá devengado más intereses compensatorios más intereses punitorios y más gastos originados en el pleito. Es decir, esta medida "de alivio aparente" será el camino a mayores perjuicios. No hay magia que valga.

Lo grave de la situación que afrontan los afectados y sus familias demanda la puesta en vigencia de soluciones equilibradas y ajustadas a la situación en que vivimos, que más que la pandemia es originada por la inflación, la maldita inflación originada por la indolente actitud del Estado y sus administradores. El control de precios y la persecución de empresas no es la solución, la solución está en la elaboración de un plan económico, que no existe ni en la Nación ni en la Provincia, con reglas claras a las que se debe adicionar medidas tales como reestructuración o reprogramación de la deuda de los individuos y familias derivadas de los planes de ahorro y otros con medidas de racionalización en el costo financiero. En algunos casos la Justicia no debe dejar de considerar lo dispuesto en la ley 24.283 que establece: "Cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, ... la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago".

Este tipo de situaciones se verá agravada en la medida que el Estado siga gastando sin control y persiguiendo a la inversión, la producción y a los generadores de riqueza y empleo.

En materia económica las políticas deben orientarse al beneficio de los ciudadanos y no al de los políticos.

 

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