En solo 16 horas no quedaron ni las cenizas de Jimena

El primer fiscal que tomó intervención tras el asesinado de Jimena Salas, el 27 de enero de 2017, fue Rodrigo González Miralpeix. Luego se sumó Pablo Paz, un conocido de Nicolás Cajal.

No se dispuso allanamiento del domicilio ni la revisión del automóvil del viudo, que ni siquiera fue demorado y recién a los días realizó la denuncia.

A la víctima la llevaron a la morgue del CIF a las 16 para practicarle la autopsia. Una vez finalizada entregaron el cuerpo. Sin velatorio, lo llevaron directamente al crematorio. Nunca se supo dónde terminaron las cenizas. La cremación exprés pulverizó también las opciones probatorias. Apenas 16 horas después de ser asesinada no había quedado ningún vestigio de quien en vida fuera Jimena Beatriz Salas.

Grietas inauditas

Una vez hallado el cuerpo inerte, no se tomó ninguna medida perimetral de seguridad e investigación en la zona. No se dispuso cerco policial ni rastrillaje, ni control de las salidas de Salta. Tampoco se ordenó una inmediata toma de declaraciones al vecindario.

Pasado el tiempo la causa fue perdiendo el poco impulso que tuvo desde un inicio, en virtud de que no solo no se imputó a persona alguna, sino que se estableció como versión oficial que se había tratado de un robo seguido de muerte. Solo en nueve meses el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Pablo López Viñals, actual juez de Corte, mandó la investigación a la "oficina de causas frías", un limbo donde dormitó por 28 meses junto a otros legajos como el de Gala Cancinos.

Seguro

- En el interin, Cajal reclamó el seguro de vida de su expareja. Ante objeciones de La Caja SA, en una comunicación telefónica le aseguró a una agente de esa aseguradora que la causa había tenido notables avances y que podía certificarlo el fiscal Paz. Por ese entonces Cajal se había constituido como querellante, pero no ofreció pista alguna para el esclarecimiento del crimen.

En 2018, paradójicamente, Paz empezó coordinar en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) un posgrado de especialización en fiscalía penal acusatoria dirigido por López Viñals.

Nada para agregar, salvo que en el juicio se criticó de manera vehemente que se había investigado la vida privada de uno de los imputados, cuando Argentina suscribió en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un tratado internacional específico, Spotlight, que compromete expresamente a funcionarios judiciales a investigar el círculo íntimo o familiar directo de las víctimas de femicidios.

Un maletín con droga y dólares

Tras la reapertura de la investigación, a fines de 2019, la hipótesis inicial que apuntaba a un asesinato cometido durante un robo al azar perdió peso a partir de una prueba criminalística de punto a punto.

A la par, un peritaje odorológico realizado con perros adiestrados de la Policía Federal determinó que en el maletín al que los asesinos se dirigieron luego de matar a Jimena Salas había dólares, estupefacientes o ambas cosas.
En el juicio, el perito Juan Pablo Sánchez afirmó que hubo una “logística compleja” en el hecho criminal. 
 
En julio de 2017, Cajal recibió un llamado en el que se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga narco. La acusación fiscal remarcó que en esa comunicación se asoció “el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas”, lo que sumó un elemento más de convicción sobre el contenido del maletín periciado. Y señaló que el viudo “nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación por la que hoy asoma una causa en la Justicia Federal.

 

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