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Fijan competencia  en un conflicto con la Justicia de Tucumán

En el feriado del pasado 1 de mayo la capital salteña despertó con la controvertida decisión de la jueza tucumana Ester Valderrabano de Casas.

La magistrada la Sala N§ 2 de la Cámara de Apelaciones Civil de Familia de la vecina provincia -desconociendo resoluciones en una causa por abuso sexual elevada a juicio y una medida cautelar dictada en Salta contra el padre de dos chicos- ordenó a policías que trasladen por la fuerza desde la ciudad de Salta a San Miguel de Tucumán a los dos menores y su madre.

Ante el conflicto jurisdiccional que desató la polémica determinación de la jueza de la vecina provincia, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta acaba de reafirmar la competencia de la Justicia salteña para entender en los procesos de familia relacionados con el caso.

Desde 2016

Los antecedentes del fallo que se conoció ayer se remontan a 2016, cuando se inició una causa en la vecina provincia luego de que el padre de los niños fuera denunciado por abuso sexual agravado por el vínculo y la continuidad en el tiempo.

Como consecuencia de ello, la madre y los hermanitos, que por entonces tenían 10 y 6 años, se trasladaron a la ciudad de Salta, donde residen desde entonces.

Acciones

Una vez radicados en esta provincia, la madre de los chicos inició acciones judiciales por alimentos, cuidado personal y autorización judicial.

Estas actuaciones recayeron en el Juzgado Civil de Personas y Familia de Tercera Nominación de Salta. La magistrada a cargo de ese juzgado del fuero civil declaró su incompetencia territorial para intervenir en los procesos y dispuso su archivo.

Por su parte, la abuela paterna de los niños inició en Tucumán un juicio sobre régimen de comunicación para con sus nietos. Se originó así una disputa de jurisdicciones por la que la Sala IV de la Cámara Civil de Apelaciones, integrada por las juezas Guadalupe Valdés Ortiz y María Isabel Romero Lorenzo, declaró la competencia territorial de la Provincia de Salta para la continuidad de procesos judiciales en materia de familia.

En la resolución, el tribunal concluyó que la Justicia salteña es la que se encuentra en mejores condiciones para proteger los derechos fundamentales de los niños, al encontrarse aquí su centro de vida.

Por el fallo, el Juzgado de Personas y Familia de Tercera Nominación de Salta deberá continuar interviniendo en las actuaciones iniciadas con anterioridad. En última instancia, la disputa jurisdiccional deberá ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia, por lo que la Cámara ordenó la extracción de las copias pertinentes para su remisión al máximo tribunal del país.

La conflictiva situación había sido puesta en conocimiento del defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, por la presidenta de la Fundación Papis, Lucrecia Miller, en el marco de un convenio de colaboración que la entidad civil suscribió con el citado organismo del Ministerio Público de Salta.

Ante la controvertida disposición de la jueza tucumana, García Castiella requirió la inmediata intervención de la defensora oficial de Violencia Familiar y de Genero N´1, Sonia Chirife, a los fines de evitar una traumática circunstancia para los niños involucrados en la disputa jurisdiccional. La Defensoría General tuvo presente que se encuentran vigentes medidas cautelares que prohíben el acercamiento del progenitor y de la abuela paterna respecto de los menores y su madre. En Tucumán la causa penal por abuso sexual agravado ya está con elevación a juicio. En virtud de estos antecedentes, y para resguardar la integridad del grupo familiar, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N´ 1 ordenó a la par de la cautelares una consigna policial en el domicilio donde viven los chicos y su madre desde hace cuatro años.

 

 

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