Vivimos, a veces sin tener plena conciencia de ello, cotidianas batallas dentro de la guerra por el agua que se extiende por la geografía planetaria.
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Vivimos, a veces sin tener plena conciencia de ello, cotidianas batallas dentro de la guerra por el agua que se extiende por la geografía planetaria.
Estos conflictos, que son políticos pero también vecinales, globales y locales, afectan a cientos de miles de salteños.
Unas veces a causa de la falta de gobierno de los recursos hídricos; otras a raíz de la especulación desatada para apropiarse de un recurso crecientemente escaso, como es el agua para el consumo humano, para el riego o para la producción minera e industrial.
Este conflicto se vive, ahora mismo y en plenitud, en la zona mas urbana y bella de las yungas salteñas.
Se manifiesta en la cuenca del río Tartagal, que sufre aún las consecuencias no reparadas de la enorme riada de 2009.
También en las zonas minera de nuestra Puna. Sin olvidar los gravísimos problemas que soportan los habitantes de las zonas mas pobres de Salta (al noreste de nuestra provincia), que carecen de lo elemental y enferman y mueren por consumir agua no potable.
El desgobierno del agua en la ciudad de Salta permite que la edificación en altura provoque desequilibrios en nuestros barrios y villas, donde los especuladores sortean las leyes: unas veces seduciendo a funcionarios, otras ideando subterfugios como los certificados de "prefactibilidad", que permiten construir edificios a sabiendas de que no habrá -en el inmediato futuro- ni agua ni cloacas suficientes.
En el último cuarto de siglo el Estado provincial (principal responsable del gobierno de los recursos naturales) no ha invertido lo necesario para ordenar el uso del agua ni para almacenarla ni para evitar despilfarros ni para relevar la cantidad de agua anualmente disponible ni para planificar obras de envergadura que acompañen o promuevan el desarrollo sustentable de la construcción, la agricultura y demás actividades económicas que precisan del agua.
En ese mismo período se registran dos o tres acontecimientos aparentemente burocráticos, pero de gran repercusión en todo lo que tiene que ver con el gobierno del agua. El primero de ellos fue el desmantelamiento de la prestigiosa Administración General de Aguas de Salta (AGAS) y el reemplazo de la generalizada intervención estatal por una indiscriminada cesión de competencias públicas a los consorcios de usuarios.
Si bien esta suerte de privatización del Gobierno funcionó en algunas pocas cuencas (generalmente vinculadas con la agricultura), dejó huérfano al interés general, que es el de las actuales generaciones, pero también el de las futuras generaciones.
Sucedió esto porque los sucesivos gobiernos -intencionadamente o por pura negligencia- no dotaron a la Secretaria de Recursos Hídricos del equipamiento técnico, de los presupuestos y del personal necesario para gobernar el agua de Salta.
Y también porque, salvo breves interregnos, esta Secretaria careció de independencia y de autoridad frente a los grandes intereses particulares que hicieron pingües negocios al amparo de esta debilidad administrativa.
Párrafo aparte merece la trayectoria y el presente de la empresa estatal Aguas del Norte, que no hace mucho tiempo atrás protagonizó hechos vergonzosos (el financiamiento de la campaña electoral de su anterior presidente que, dicho sea de paso, cayó estrepitosamente derrotado, fue uno de ellos).
Estos hechos sucedieron, además, en un contexto de generalizada ineficiencia y negligencia de una empresa del Estado que hace poco y nada, que deja hacer a los intereses privados poderosos, que desatiende a los usuarios "sin llegada" a la casona de calle España, que rompe calles y veredas y luego retrasa su restauración o se niega a hacerlo.
Lo que Aguas del Norte ha hecho y está haciendo con el agua del río Lesser (que transcurre por el municipio de Vaqueros) es, sencillamente, escandaloso.
Lo es por los errores técnicos cometidos reiteradamente en la planificación de la obra. Por la morosidad con que la empresa adjudicataria lleva a cabo la misma, una circunstancia que multiplicó el precio del trasvasamiento.
Cuando la gestión de la obra se analiza a la luz de la participación de los vecinos, la sensación de escándalo es enorme.
La gestión anterior prohijó primero un estudio de impacto ambiental que era un "copia y pega" preñado de errores y omisiones. Luego esa misma gestión anuló lo pagado y contrató un nuevo estudio.
Primero el señor Paz Posse ignoró a los vecinos ribereños; luego los recibió y terminó firmando un acuerdo que garantizaba a estos vecinos el acceso al acueducto en construcción.
Pero la firma del anterior presidente de Aguas del Norte, según quedó demostrado, valía muy poco: los principales compromisos fueron incumplidos hasta las elecciones de 2019.
El cambio de autoridades en nada cambió la trayectoria anterior. Negligencia, incompetencia, silencios, derroches, incumplimiento de los acuerdos firmados se mantuvieron.
Con un añadido: el actual presidente, señor García Salado, se niega rotundamente a recibir a los vecinos de Lesser. Ignorando que no está al frente de una empresa familiar que, por ejemplo, panifica o vende camisas. Ignorando la Constitución y los tratados internacionales. Ignorando las leyes provinciales ambientales.
Ignorando el flamante Acuerdo de Escazú.
Demasiada ignorancia.