El sistema de videovigilancia arribó a Salta en 2012. La inseguridad fue el mal y las cámaras de seguridad, el promocionado remedio. Sin embargo, el servicio atravesó diferentes caminos administrativos que terminaron en la Justicia o con contrataciones directas para funcionar con fallas y altos costos.
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El sistema de videovigilancia arribó a Salta en 2012. La inseguridad fue el mal y las cámaras de seguridad, el promocionado remedio. Sin embargo, el servicio atravesó diferentes caminos administrativos que terminaron en la Justicia o con contrataciones directas para funcionar con fallas y altos costos.
Los episodios de inseguridad que no pueden ser registrados por fallas de las cámaras son frecuentes. Hace tan solo tres semanas, Ricardo Tolaba circulaba con su bicicleta por el barrio Solidaridad y fue asesinado a puñaladas. El joven de 25 años quedó tendido en el suelo hasta que un patrullero lo socorrió. El tiempo para alguien que agoniza es vital y la cámara instalada en el lugar no ayudó. Pese a ello los investigadores pudieron dar con los asesinos. Los vecinos aseguran que las fallas de las cámaras en la zona son constantes.
Las zonas oscuras del sistema no se limitan a las periferias de la capital, sino que se advierten también en el casco céntrico de Salta y el interior. Hace más de un año un fiscal que pidió registros de la cámara de Entre Ríos y Deán Funes se dio con que allí solo estaba instalado un armazón. La de la avenida Paraguay y Bélgica si está, pero no funciona. En este caso el fiscal pudo arribar a la verdad mediante un testigo y consigna policial.
En Rosario de la Frontera, una de la grandes ciudades del sur de la provincia, funcionan 20 cámaras. Otras 20 están fuera de servicio y hay 4 sin instalar.
Otra de las críticas que los operadores judiciales hacen al sistema es que muchas cámaras están mal ubicadas y que el registro es almacenado por solo 5 días.
Adjudicaciones bajo la lupa
Desde las primeras horas, los procesos de contratación fueron vidriosos. En 2012 el gobierno de Juan Manuel Urtubey lanzó el primer llamado por el servicio de videovigilancia y la conexión de organismos públicos a internet. Solo se presentó Telmex (Claro) y el proceso público terminó desestimado por decreto. En la segunda licitación se volvió a presentar Telmex y esta vez la ganó por 54 millones de dólares, un monto muy superior al de su primera oferta, que había sido de 180 millones de pesos. El compromiso del grupo mexicano fue construir las redes de fibra óptica e instalar 1.100 cámaras, pero solo dejó 867. Por ese motivo, el contrato fue rescindido y Telmex cobró solo 18 de los 54 millones de dólares. En 2018 se abrió el juego y el servicio fue dividido en dos. Mediante el proyecto "Salta Segura", el Ministerio de Seguridad se encargó de licitar el servicio de videovigilancia. Este quedó a cargo de dos empresas por cinco años: Datandhome, a través de la licitación 304/17, puso los dispositivos y el software, mientras que Nubicom, por la licitación 303/17, presta el servicio de conectividad del sistema.
Por otro lado, Salta Conectada se contrató a través de la licitación 208/17, que dividió la provincia en cuatro zonas para dotar a dependencias públicas de Internet. Con el fraccionamiento, según se esgrimió entonces, servicios críticos dejarían de depender de un solo proveedor. En los hechos, sin embargo, buena parte de los servicios terminó en las mismas manos.
En 2019, tras una auditoría ordenada por el gobernador Gustavo Sáenz, el Ministerio de Seguridad rescindió el contrato con Datandhome por “incumplimientos graves”. La decisión se justificó en que de las 1.400 cámaras comprometidas, se instalaron 1.225 y solo el 75% funcionaba. Además, se atribuyó a la contratista de Buenos Aires lentitud en la disponibilidad de la información pública relevada, entre otras faltas. Tras la rescisión con Datandhome, invocando la necesidad de mantener operable un servicio crítico, se suscribió una contratación directa con Nubicom, que de esta forma quedó a cargo del mantenimiento de las cámaras y el software. Así, tanto la conectividad como el mantenimiento y soporte técnico del sistema quedaron a cargo de una misma contratista.
Por la red de transmisión de datos, Nubicom percibe más de 266 mil dólares por mes, según constancias del 911. A la vez, por el mantenimiento del deficiente sistema percibe casi 172 mil dólares mensuales. En total, por los contratos de la videovigilancia, la firma factura cerca de 440 mil dólares.
Según cotizaciones recabadas entre operadores de conectividad y videovigilancia locales y nacionales, renovar el sistema con tecnología de punta y garantía de tres años, le costaría a la Provincia 5 millones de dólares. Sería un gasto mas bajo en relación con los US$5,5 millones que se le pagarían a Datandhome por el hardware que hoy mantiene Nubicom. Además, por incumplimiento de pagos acordados, Datandhome reclama a la Provincia cerca de 6 millones de dólares. La demanda está hoy en la Corte.
En informes internos del 911 también resaltan presupuestos que, con una nueva licitación, podrían reducir el costo del servicio de mantenimiento de los actuales 172.000 dólares a US$ 31.000 por mes.
Vicios en el contrato
Fuentes especializadas marcaron una serie de vicios en la contratación abreviada por la que Nubicom presta el servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia desde marzo de 2020.
En primer lugar objetaron el plazo del acuerdo, ya que se convino que regirá hasta tanto se elija un nuevo adjudicatario por licitación, lo que deja la duración del contrato al arbitrio de la cartera de Seguridad.
Por otra parte, remarcaron que para la contratación por procedimiento abreviado se invocaron razones de emergencia que no fueron expuestas ni acreditadas con un acto administrativo publicado en el Boletín Oficial. Afirmaron que esto hace a la contratación objetable por vicios en la causa.
El procedimiento abreviado es excepcional y está contemplado solo ante algunos supuestos señalados en la Ley 8.072 del sistema de contrataciones de la Provincia. Por ello, insistieron las fuentes consultadas, la justificación debió haberse fundamentado claramente mediante un acto administrativo.
Subrayaron que, del mismo modo, la autorización a la Secretaría de Seguridad para suscribir el contrato con Nubicom debió surgir de una norma del Ministerio de Seguridad debidamente publicada, en cumplimiento al artículo de la Ley 8.072 y un requisito esencial del control republicano.
Por último, aclararon que el artículo 22 de la citada ley alude como supuesto aplicable a razones de urgencia y no de emergencia, como quedó expresado en el contrato.