La Fiscalía contradice a Pulleiro: "No hay subordinación de las fuerzas"

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, confirmó a El Tribuno que solicitó que se preserven las cámaras de videovigilancia de la zona del monumento a Güemes y las cámaras de casas y comercios. Requirió a la Policía la nómina del personal afectado al operativo por la vigilia del bicentenario del general Martín Miguel de Güemes, la distribución de las áreas, los nombres de los responsables habilitados para dar ingreso y egreso. Buscan determinar si efectivamente hubo una orden oral o escrita que permitió el avance de organizaciones políticas a la zona donde se realizaba el homenaje y al hotel donde se hospedaba el presidente Alberto Fernández. 

Al ser consultado si solicitó información a fuerzas federales, Ramos Ossorio dijo que no. Afirmó: “No hay una subordinación de fuerzas nacionales a las provinciales. Si hay trabajo coordinado, pero no hay una relación de subordinación. Las fuerzas federales o militares no tienen potestad para dar ordenes a desobedecer normativas vigente”.

El ministro de Seguridad Juan Pulleiro había insistido en que hubo subordinación de la Policía ante la Casa Militar por la visita presidencial. 
Al reunir los elementos, la fiscalía tratará de analizar si se incumplieron las normas sanitarias establecidas en un decreto de necesidad de urgencia nacional y replicada en una resolución del Comité Operativo de Emergencia (COE). Entre otras restricciones, se prohibe la circulación después de las 23 y se establecen un distanciamiento social. Según los videos a los que accedió El Tribuno, el hecho se produjo en los primeros minutos del 17 de junio. 

En este caso el encuadre sería una contravención, no obstante Ramos Ossorio no descarta que en base a esos elementos se pueda avanzar en una investigación por incumplimiento de funcionario público. “Esto es en caso que se verificara la inobservancia de funcionarios a hacer cumplir las normas sanitarias en el marco del DNU y las resoluciones replicadas por el COE”, agregó el fiscal.
En el caso trabajo el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. Las diligencias se iniciaron tras el pedido que realizó el gobernador Gustavo Sáenz y de oficio.

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