Muchas tareas de las ONG que trabajan por el desarrollo social o contienen a sectores vulnerables en Salta están frenadas por la dificultad para cumplir con trámites administrativos en oficinas públicas. Las habituales trabas burocráticas se hicieron aún más complejas desde que comenzó la crisis sanitaria.
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Muchas tareas de las ONG que trabajan por el desarrollo social o contienen a sectores vulnerables en Salta están frenadas por la dificultad para cumplir con trámites administrativos en oficinas públicas. Las habituales trabas burocráticas se hicieron aún más complejas desde que comenzó la crisis sanitaria.
"Es un infierno y, en pandemia, Salta deja mucho que desear", planteó una fuente que trabaja desde hace años en organizaciones sociales. Referentes de distintas organizaciones coincidieron en cuestionar la respuesta de distintas entidades públicas, pero prefirieron no ser identificados porque temen perder el ya escaso apoyo económico estatal que reciben para algunos de sus proyectos.
Relataron que, en Personas Jurídicas, un trámite que demoraba tres semanas, ahora puede llevar 10 meses. Esto les impide a las ONG realizar gestiones bancarias, ya que cada dos meses les congelan las cuentas. Tampoco pueden presentarse en convocatorias para obtener subsidios.
Otras barreras están vinculadas con gestiones impositivas: en AFIP es una odisea conseguir la exención de ganancias y en Rentas puede demorar un año este trámite.
La presidenta de una asociación civil que trabaja con población vulnerable en Capital demoró ocho meses en obtener un certificado de Personas Jurídicas que avale la vigencia de las autoridades con mandato cumplido. Por la pandemia no había asambleas presenciales y las reuniones virtuales eran una utopía.
“No hay autoridades que respondan en Personas Jurídicas. El personal no es idóneo y atiende cuando quiere. Cuando hay problemas nos mandan a escribir un mail o sacar turno por la web. Pueden demorar meses en responder. La gente que va ahí sale estresada”, dijo un referente. Contó que en la oficina no hay libro de quejas.
Desde la asociación civil "Física al alcance de todos" contaron que les costó cinco meses obtener la personería jurídica y que hace unas semanas, desde AFIP les rechazaron el pedido de exención del Impuesto a las Ganancias. Les dijeron que van a realizar "actividades onerosas" porque van a recaudar dinero. La organización se formó para continuar con la tarea del profesor Daniel Córdoba, que se hizo conocido a nivel nacional por dar talleres que acercaron a miles de jóvenes a la ciencia y falleció en 2019. Sus exalumnos impulsan la institución y solo pretenden financiar la labor pedagógica con lo que se recaude.
La presidenta de un centro de jubilados del interior comentó que no tienen los recursos para abonar los balances y certificaciones. Explicó que desde hace un año y medio no realizan actividades y no cobran los aportes de los socios ni reciben fondos de PAMI.
El presidente de una biblioteca popular reveló que el año pasado, por no tener la certificación de Personas Jurídicas, les congelaron la cuenta. Durante seis meses no pudieron retirar fondos que necesitaban ni presentarse en proyectos de financiación. Recién se la habilitaron cuando, desde la Federación de Bibliotecas Populares, presentaron una nota.
Estas situaciones se repiten en cada ONG de Salta y afectan sobre todo a las más chicas, que cuentan con menos personal y menos recursos para hacer frente a los trámites.
"Es muy difícil la gestión de las organizaciones. En mi caso, el 90 por ciento de mi tiempo lo dedico a resolver problemas administrativos", contó una referente. "Lo ideal es que pongamos nuestra energía, esfuerzo y tiempo en brindar un servicio más efectivo a la comunidad", expresó.
Distintos referentes cuestionaron la gestión actual de Personas Jurídicas. Aseguraron que la "atención" se limita a un correo electrónico desde el que muchas veces no se dan respuestas.
Buscan esquema especial para las organizaciones
En pos de resolver muchos de los problemas burocráticos que tienen las ONG, se lanzó la campaña “Mejores reglas para las organizaciones sociales”, a nivel nacional, para que desde el Estado se instrumenten esquemas especiales y trámites más ágiles. La información está en https://mejoresreglasosc .org .ar/ y se puede firmar para adherir a la propuesta.
Laura Taffetani, una de las personas que impulsa esta campaña desde Sociedad Civil en Red, explicó que desde la vuelta a la democracia se crearon muchísimas organizaciones sociales, pero desde el Estado no se respondió a este fenómeno en cuanto a lo legal, fiscal y normativo: “Pedimos que el Estado empiece a ver este fenómeno, que lo debe regular y cuidar”.
“Estamos sujetos a lo que tiene que hacer una empresa común”, explicó la abogada, y observó que no hay diferencia en el trato normativo hacia las ONG grandes y las chicas: “Es todo indiscriminado”.
“Las organizaciones hacen malabares con ese andamiaje cuando su actividad debería estar volcada a su fin”, planteó la experta, y cuestionó que, mientras el Estado articuló con organizaciones para ejecutar políticas públicas, no reconoció a las personas que trabajan en ellas. Comentó que no hay una figura legal para trabajadores de las organizaciones sociales. Taffetani señaló que desde el Estado deben controlar a las organizaciones en territorio para saber si cumplen su cometido y no poner trabas burocráticas que las organizaciones más grandes pueden resolver, mientras las más chicas, con pocos recursos, no.
“Es importante dar el lugar que la sociedad civil debe tener en una política pública”, expresó la abogada y pidió que “el Estado promueva a las organizaciones” en vez de generar obstáculos. “Muchas organizaciones no están registradas y son irregulares por todo esto. Cuesta tanto, que muchas caen en la irregularidad o nunca se constituyen”, lamentó la especialista.