Vacunarse: una cuestión de  incentivo u obligatoriedad

En Salta solo el 11% de la población general recibió las dos dosis contra el SARS-Cov-2. La preocupación crece por la variante Delta, que ya tiene una alta circulación en el mundo.

La reticencia a las vacunas contra la COVID-19 es un hecho, con estadísticas que así lo demuestran pero también con expresiones públicas, como los famosos que abiertamente indican que no se vacunarán. Así las cosas, las expresiones públicas se mezclan con la información científica que avala la seguridad de las vacunas. Sin embargo, los números no se revierten y las estrategias de los gobiernos comienzan a tomar diferentes rumbos.

Jujuy, por ejemplo, decidió por decreto que las vacunas sean obligatorias para empleados públicos provinciales. También prohibió el uso del transporte público a los que no estén inoculados. Sin embargo, incentivo y obligación no representan lo mismo y mientras están los que piden que "se invite al fogón", hay otros que piden mano dura.

Ante una situación inédita de la historia contemporánea, como lo es la pandemia, comienza a discutirse si la salud pública no es un límite para la libertad individual de quién no se quiere vacunar. Situación que genera incertidumbres, incluso en el sector legal.

El debate

"No hay precedentes de una pandemia de estas características. Lo único que se recuerda es la gripe española del 18. Pero las vacunas no tenían el grado de desarrollo que tienen hoy", contextualizó el abogado y docente de derecho constitucional Ricardo Gómez Diez para poner en foco la inédita situación por la que atraviesa el mundo.

Con la pandemia primero azotando en el extranjero, se continuó con el dinamismo tradicional de ver lo que pasa afuera para vaticinar nuestro futuro. También en este tema, en lo legal, la decisión que los gobiernos extranjeros tomen respecto a la obligatoriedad de las vacunas será un punto de referencia.

"En Estados Unidos, el país panacea de la libertad individual, la administración de Biden resolvió que todos los funcionarios públicos se tienen que vacunar, y el que no lo hace, se tiene que hacer diariamente un testeo. Esa es una forma de no hacerlo obligatorio, pero sí es inducir a que las personas se vacunen", indicó Gómez Diez, quien aseguró que hay dos caminos: el incentivo o la obligatoriedad.

Pero para la obligatoriedad, habría que dar otros pasos antes. Según indicó el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, para que sea obligatoria debe haber una ley que así lo indique y "todavía no hay ningún proyecto concreto. Por regla constitucional, en el caso de menores prevalece la obligatoriedad de lo que el Estado imponga para preservar la salud pública. Pero cuando se trata de mayores, está en juego la autonomía y decisión. Si alguien no quiere, no se lo puede obligar", advirtió Astigueta. "Al no haber ley, se podría incentivar a partir de relaciones de empleo no solo estatal, sino también empleos privados", agregó el abogado.

Sin embargo, ambos coincidieron en que las acciones de incentivo también podrían ser impugnadas por alguna persona que sienta afectado su derecho. Si bien no hay casos judicializados aún, Astigueta resaltó que "las decisiones están viniendo en favor de la protección de la salud pública", por lo que ambos abogados coincidieron que el camino no es el incentivo. "Paulatinamente habrá requerimientos para estar vacunados para cumplir determinadas actividades, para viajar o acceder a espectáculos", indicó Gómez Diez.

 

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