Como abogadas integrantes del Instituto Jurídico con Perspectiva de género del Colegio de Abogados y Abogadas de Salta solicitamos que cese la violencia institucional hacia las mujeres que no tuvieron una garantía efectiva del ejercicio de sus derechos humanos por parte de los tres poderes del Estado.
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Como abogadas integrantes del Instituto Jurídico con Perspectiva de género del Colegio de Abogados y Abogadas de Salta solicitamos que cese la violencia institucional hacia las mujeres que no tuvieron una garantía efectiva del ejercicio de sus derechos humanos por parte de los tres poderes del Estado.
Desde 2016 realizamos acompañamiento y campañas de donación a mujeres en contextos de encierro que se encuentran alojadas en el penal de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta.
En 2017 nos solicitó asesoramiento legal el tío de una mujer alojada en la Unidad Carcelaria N§ 4, públicamente conocido como el caso de "Gimena" (nombre ficticio), quien ya había sido condenada a 15 años de prisión.
Es un caso paradigmático el que atraviesa Gimena. Mujer vulnerable, del interior de la provincia, sin trabajo, sin vivienda, madre sola, sin cobertura médica, sin educación sexual integral, con múltiples obstáculos para acceder a alguna asistencia del Estado y, como única respuesta, la cárcel.
Gimena fue condenada por un evento obstétrico evitable y como consecuencia de una visión estereotipada por parte de los juzgadores, de una defensa oficial que nunca la escuchó ni creyó en su palabra, sin perspectiva de género, tanto de la defensa como de las juezas y el juez que la condenaron.
A partir de que tomamos contacto con Gimena y después de revocar el poder al defensor oficial, se elaboró junto con un organismo oficial un "amicus curiae", que se presentó en la causa con fundamentos técnicos y con perspectiva de género.
Asimismo, la abogada defensora desde el Instituto de Género presentó un recurso de casación con fundamentos que hacen a los derechos humanos de las mujeres, advirtiendo "la falta de perspectiva de género" en la sentencia, las falencias técnicas sobre la valoración de la prueba y la aplicación del derecho.
La Cámara de Casación falló y redujo la condena a 10 años, pero de cumplimiento efectivo.
Gimena es madre de hijos menores de edad. El padre de los niños se desvinculó afectiva, económicamente y del cuidado de los mismos, quienes quedaron a la guarda de un tío abuelo.
Desde que comenzamos a acompañar a Gimena solicitamos el beneficio de la prisión domiciliaria. Fundamentamos el pedido en la distancia del lugar donde residen los niños, a 200 kilómetros de la ciudad de Salta; las condiciones sociales y económicas vulnerables, las múltiples violencias que atravesó Gimena y, sobre todo, el derecho de los niños a revincularse afectivamente con su madre, derecho otorgado por tratados internacionales y leyes nacionales.
Todos los pedidos fueron rechazados con criterios meramente especulativos, discriminatorios y estigmatizantes, aduciendo que "no puede hacerse cargo de sus hijos".
Pedimos que se revea su condena teniendo en consideración la aprobación de la Ley N§ 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el 30 de diciembre de 2020.
La violencia institucional que padece Gimena es recurrente. Si bien en su sentencia se había ordenado tratamiento psicológico, recién pudo acceder al mismo luego de insistir con reiterados pedidos, porque aparentemente no existían dispositivos aptos para brindarlos.
Como es del interior, Gimena no tiene contacto con sus hijos, solo telefónico. Cuando la condena quedó firme, se le revocaron las visitas que hacía una vez al mes. La joven no tiene familiares en Salta que la visiten, por lo que desde el Instituto de Género la acompañamos mensualmente y le acercamos donaciones y elementos propicios y pertinentes por su condición.
*Integrante del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta.