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Reconstruir el país exige una mejor democracia

Para los argentinos, y los salteños en particular, este debería ser un año de esperanza. Nos lo merecemos, en medio de la inédita experiencia de la pandemia de COVID-19 que costó casi 120.000 vidas, muchos sufrimientos y sacrificios de todo tipo. Sin embargo, la realidad también indica que hay por delante una enorme tarea por realizar, un trabajo de reconstrucción por un deterioro acumulado desde la crisis macroeconómica que estalló en 2001. No está resuelta, se agrava y multiplica la pobreza. Su secuela es, además, el debilitamiento progresivo de la democracia como sistema de libertades y de los derechos humanos, como valor universal.

Vivimos un declive de la cultura cívica, que no es exclusivo de la Argentina ni de Salta. Ni patrimonio de un partido o ideología.

El libro “Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, sostiene que ese sistema solo existe cuando hay “tolerancia mutua y contención institucional”.

En nuestros tiempos, el parlamento y la academia han dejado de ser los lugares de debates de la alta política, desplazados por intercambios efectistas a través de las redes sociales, donde abundan el maniqueísmo político, la xenofobia y el desprecio por la opinión ajena. La grieta es profunda y destruye no solo a la confianza en la democracia sino también la convivencia social.

El libro citado señala como rasgos comunes en muchos países donde la democracia tiende al autoritarismo la prescindencia de las reglas de juego, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, la Intolerancia y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. El historiador Pierre Rosanvallon advirtió que “los populismos pueden convertirse en dictaduras de los elegidos”.

Pero en este punto es necesario señalar que la condición de “elegido” no significa ser la “primera minoría” y pretender por eso representar a “todo el pueblo”. Mucho menos, lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos regímenes cuentan con el apoyo y la solidaridad del Gobierno argentino, aunque sus líderes no fueron elegidos en elecciones democráticas. El autoritarismo con fachada electoral no es democracia, porque no admite el control, no acepta compartir el poder y no respeta el derecho a la información, la opinión y el pensamiento crítico. Funciona como una monarquía teocrática o absolutista.

En la Argentina, el no reconocimiento de la derrota, como hizo el Gobierno nacional en noviembre es un indicio de desapego a la democracia.

Es claro, además, que la coalición del Frente de Todos muestra en su seno una grieta que compromete seriamente cualquier posibilidad de consolidar el sistema y, sobre todo, de afrontar la severa crisis social que estamos viviendo y que no podrá ser resuelta sin un acuerdo genuino sobre un programa de desarrollo.

Estamos viviendo una época de exclusión social, educativa y laboral sin antecedentes en la Argentina. No solo el espíritu democrático, sino una mínima dosis de sentido humanitario debería obligar a quienes ocupan cargos, bancas o tribunales a deponer la mezquina apetencia de poder y asumir el compromiso de construir una economía realmente próspera e inclusiva. Aumentar impuestos, perseguir a las empresas, frenar las exportaciones, multiplicar subsidios y manipular los recursos del Estado puede servir para ganar votos, pero el resultado, está a la vista, es el crecimiento vertiginoso de la brecha social y la aparición de una nueva elite de privilegiados gestada desde la política.

La incapacidad del Gobierno para redactar un presupuesto para 2022 y los nuevos casos de transfugurismo o de irresponsabilidad parlamentaria, como se produjeron en ambas Cámaras del Congreso son muy malas señales. Como lo son también las ambigüedades de la Constitución provincial reformada en Salta, que no manifiestan una verdadera voluntad de delimitar los actuales mandatos, garantizar una Justicia sin manipulaciones políticas y una Auditoría profesional, insobornable, y que se ocupe de controlar el uso de los recursos del Estado.

El panorama económico y social del país y de Salta obliga a asumir que la democracia argentina ha ingresado a un período de deterioro del que solo saldremos entre todos.

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