Por Manuel López Sanabria
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Por Manuel López Sanabria
El artículo 37 de la Constitución Nacional impone el sufragio universal y obligatorio, y el 38 garantiza la organización y funcionamiento democrático de los mismos y la representación de las minorías, mientras que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce a todos los ciudadanos el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos electorales del país eligiendo a sus representantes libremente.
La tesis que sostiene que a mayor participación hay mayor legitimidad democrática se acentúa por la presencia política por parte de quienes eligen, mientras que con un sistema poco participativo se pierde legitimidad, esta última actitud ocasionaría la suspensión o derogación de las PASO
El sistema de las PASO garantiza la libre expresión de la voluntad de los electores, pues se elige mediante un mecanismo a quien realmente el pueblo libremente lo unge. Esta última es una cuestión axiológica que establece que los sistemas "aún democráticos" poco participativos pierden legitimidad. Es por ello que en una Nación como la República Argentina, en la cual existen grandes controversias sobre los sistemas electorales, son importantes las PASO, porque permiten a la gente ordenar la elección de los candidatos que se presentarán por cada uno de los partidos, de otra manera solo se mantendrá el oscuro caos que permite la elección mediante el dedo de los líderes. Es recién en la próxima elección donde vamos a ver la efectividad de las PASO, dada la cantidad de pretendientes a candidaturas que no tienen un sistema idóneo para solucionar el problema de la adjudicación de postulaciones y que solo lo será mediante las PASO, cuando veremos quizás por primera vez el ordenamiento que ellas promoverán en los partidos políticos para elegir adecuadamente los candidatos.
En consecuencia, en base a estos principios que he esbozado con fundamento en los argumentos del gran jurista Dr. Néstor Pedro Sagüés se sustentan firmemente las PASO. Es por lo expresado que si se derogan las mismas se cometería un flagrante acto de Inscontitucionalidad que redundaría en perjuicio de nuestra democracia y se cercenarían los derechos del pueblo, más si tenemos en cuenta que estamos cerca de un proceso electoral en el que la alteración de las reglas del juego generará una inestabilidad jurídica que contraviene los principios fundamentales de la estabilidad política que debe reinar en un estado democrático.