La condena dictada por la Justicia Federal contra Cristina Fernández de Kirchner produjo fuerte impacto en la elite política y sus efectos inmediatos demuestran que nuestro país atraviesa una crisis de liderazgo y de solidez institucional que comprometen su futuro inmediato.
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La condena dictada por la Justicia Federal contra Cristina Fernández de Kirchner produjo fuerte impacto en la elite política y sus efectos inmediatos demuestran que nuestro país atraviesa una crisis de liderazgo y de solidez institucional que comprometen su futuro inmediato.
El fallo de los jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, así como los dictámenes de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, son el resultado de varios años de proceso en cuyo transcurso, los acusados, sin excepción, gozaron de todos los derechos y garantías que la Constitución y las leyes establecen para cualquier ciudadano.
La vicepresidenta, al igual que los otros condenados y también los fiscales, cuentan ahora con dos instancias de apelación, en las cuales el fallo será revisado. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es un mandato que debe regir todas las decisiones de la Justicia y así lo deben entender tanto los poderosos como los ciudadanos de a pie.
Los intentos de toda índole por erosionar directa o indirectamente el prestigio y la autoridad de la Justicia es otro síntoma de los grandes problemas que atraviesa el país.
La crisis argentina es social, política e institucional.
Hoy, el número de pobres en la Argentina asciende a 19,8 millones de personas: 14 millones son pobres solo por ingresos, 1,5 millones solo por necesidades básicas insatisfechas y 4,3 millones que experimentan ambos tipos de pobreza. A esto se suma el deterioro educativo y de aprendizaje, que es un factor multiplicador de la exclusión y la pobreza.
Una elevada dosis de irracionalidad parece vendar los ojos de la dirigencia ante los grandes desafíos que plantean el mundo contemporáneo y la incertidumbre del futuro.
El oficialismo intenta defender a la vicepresidenta con una estrategia basada en el ataque al Poder Judicial esgrimiendo una insostenible teoría conspirativa: el "lawfare", contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra). De ese modo, se intenta denunciar una alianza de ese tipo entre jueces, empresarios y medios de comunicación contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una construcción demasiado compleja, que supone un propósito de proscripción de una figura política que, justamente después de 2011, no pudo ganar una sola elección, salvo la de 2019, en la que debió ceder el primer lugar a Alberto Fernández.
Ni los tiempos de la Justicia ni la edad de Cristina Kirchner permiten suponer que a ella se le cerraría alguna puerta en el futuro.
Nuestro país debe tener en cuenta que todas las naciones que lograron reducir las desigualdades de ingresos y oportunidades de su ciudadanía fueron las que consolidaron la democracia representativa, la independencia de los poderes, la educación pública y obligatoria y la racionalidad económica.
El ataque contra la Justicia es una argucia política forzada al extremo. Nadie duda de que existen jueces corruptos, pero tampoco nadie ignora que la corrupción no tiene ideología: es simplemente una conducta de grupos vinculados al poder del Estado que piensan y actúan con prescindencia de la ley y de la ética.
Una Justicia genuflexa o sin independencia no garantiza los derechos del ciudadano, tal como se observa hoy en regímenes autoritarios como Venezuela, Irán, Rusia o Cuba, entre muchos otros.
Hablar de un "partido judicial" o un "pelotón de fusilamiento" no es más que el signo de impotencia.
El gran desafío del país, y de toda su dirigencia, es abordar de una vez por todas la consolidación institucional, las exigencias de la democracia representativa, la despolitización y jerarquización de la educación pública y la construcción del consenso indispensable para terminar con la destrucción de la producción, el empleo y la calidad de vida.