El exconcejal y empleado jerárquico Diego Arnaldo Alcoba y los agentes municipales Héctor Orlando Acosta, Noelia Susana Barrios, Sergio Javier López, Marlene Élida Agüero y Federico Sebastián Loza, fueron denunciados en la Justicia Penal luego de que el Concejo Deliberante de General Mosconi emitiera el dictamen de la comisión que investigaba el proceder de todos ellos, sospechados de haber desviado millonarios fondos que supuestamente abonaban a personal eventual del municipio. En el caso de Alcoba, se lo acusa de haberse quedado con recursos para la construcción de módulos y mejoras habitacionales que debían ejecutarse en las comunidades originarias de General Mosconi, pero que nunca se concretaron.
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El exconcejal y empleado jerárquico Diego Arnaldo Alcoba y los agentes municipales Héctor Orlando Acosta, Noelia Susana Barrios, Sergio Javier López, Marlene Élida Agüero y Federico Sebastián Loza, fueron denunciados en la Justicia Penal luego de que el Concejo Deliberante de General Mosconi emitiera el dictamen de la comisión que investigaba el proceder de todos ellos, sospechados de haber desviado millonarios fondos que supuestamente abonaban a personal eventual del municipio. En el caso de Alcoba, se lo acusa de haberse quedado con recursos para la construcción de módulos y mejoras habitacionales que debían ejecutarse en las comunidades originarias de General Mosconi, pero que nunca se concretaron.
La denuncia penal recayó en la Fiscalía de Pablo Cabot y administrativamente el intendente Isidro Ruarte les inició el sumario administrativo que complicará aún más la situación de todos estos agentes que si bien eran municipales de carrera, se desempeñaban en cargos importantes en los últimos años.
Bancarización de la maniobra
Los empleados investigados ocupaban los cargos de secretario privado, coordinadora, encargada de personal, entre otros, y se los acusa de haber desviado fondos millonarios. Según las primeras estimaciones, el daño patrimonial rondaría los 2 millones de pesos mensuales desde hace varios años y se descubrió casi de forma fortuita cuando el intendente de la localidad, Isidro Ruarte, decidió bancarizar el pago al personal eventual (planilleros como se los conoce en la zona), unas 500 personas que se desempeñan en diferentes áreas.
Ruarte precisó que "en los primeros meses de 2022 decidí bancarizar el pago de todo el personal eventual que cobra diferentes remuneraciones según sean los sectores en los que prestan servicios. Nosotros tenemos mujeres que limpian los espacios públicos en Vespucio, hombres que desmalezan en Coronel Cornejo, otros que están directamente afectados a la recolección de residuos o al trabajo del área de obras públicas en Mosconi".
"Como todos los municipios de San Martín, Mosconi también tiene estos trabajadores eventuales que ocupan esos lugares porque son necesarios y porque es mucha la gente que no tiene ninguna otra posibilidad de conseguir un trabajo", explicó el intendente.
A Ruarte comenzó a llamarle la atención "la situación durante los dos años de pandemia porque a pesar de que la actividad era muy poca por todas las restricciones, lo que debíamos destinar para pagarle a los planilleros aumentaba todos los meses. En enero de este año, cuando fuimos a pagar, me di con la sorpresa de que era tres millones doscientos mil pesos. Por ese motivo me reuní con el gerente de la sucursal local del Banco Macro y le pedí que comencemos a bancarizar a todos los eventuales".
Ruarte recordó que el trámite bancario llevó dos meses, "ya que los encargados de administrar estos fondos tenían que reunir las planillas de cada sector, después llevar toda la información al banco para que se elaboren las tarjetas y eran trámites engorrosos. Pero mi sorpresa fue que cuando en la bancarización comenzamos a llamar a 'los beneficiarios' y resultaba ser que muchos no sabían que lo eran".
Ana Guerrero Palma, presidenta del Concejo Deliberante y quien presidió la comisión investigadora, precisó por su parte que "muchos supuestos beneficiarios eran personas ya fallecidas, otros residían en otras provincias pero nunca habían percibido ningún beneficio. Con esos elementos conformamos la comisión investigadora que emitió el dictamen y que fue presentado a la Justicia y a la fiscalía a cargo del Dr. Pablo Cabot. A nivel interno, todos los sumarios administrativos se originaron a partir del dictamen de la comisión investigadora que conformamos en el seno del Concejo Deliberante".
La concejal Guerrero Palma precisó que la modalidad era la siguiente: "El supuesto beneficiario salía en una planilla elaborada por una persona, otros dos agentes municipales daban las altas, bajas o modificaciones de los montos que percibían como beneficio, en tanto otros dos empleados ayudaban en toda esta operatoria, pagando por fuera del municipio. Al realizarse la bancarización de todos estos trabajadores eventuales, de los más de 3 millones y medio que se pagaban mensualmente, el monto bajó de los dos millones por mes. Al analizar las planillas vimos que se incluían nombres que no se condecían en nada con los supuestos beneficiarios porque eran personas que vivían en otras provincias, otros fallecidos y cuestiones irregulares de ese tipo".
Soluciones habitacionales
Otro de los temas en que la propia comisión investigadora trabajó fue el de los módulos habitacionales que debían construirse en diversas comunidades originarias. En esa línea la abogada Ana Guerrero Palma, presidenta del cuerpo deliberativo, precisó que "la persona responsable de recibir los materiales que llegaban a General Mosconi lo hacía en el marco de un convenio que en su momento se había firmado con la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia. Los materiales habían desaparecido y los módulos nunca se construyeron, por lo que en su momento yo misma formalicé una denuncia penal".
La presidenta del deliberativo expresó además: "La denuncia la radiqué en 2020 y el informe de la comisión investigadora fue elevado a la Justicia como ampliación de esa denuncia. Lo que pudimos determinar fue que el material enviado era para la construcción de 30 módulos y que hay solamente 12, pero a medio construir. El responsable de toda esta maniobra en ese momento era el titular de la oficina municipal de Políticas Sociales, quien después asumió como presidente del Concejo Deliberante pero seguía disponiendo de las llaves para manejar él mismo los materiales. Durante los dos años de su mandato por supuesto que internamente no se investigó nada y como elemento de pruebas aportamos los testimonios de la gente que trabajaba recibiendo esos materiales. Ninguna de las personas involucradas, tanto en el tema de los módulos como del pago a supuestos eventuales, no son funcionarios públicos, sino que eran empleados de carrera, por tanto se necesitaba hacerles el sumario administrativo que le inició el intendente. Por el momento y por ausencia del intendente Ruarte yo me encuentro a cargo del despacho del intendente. Estamos esperando que la Justicia también se pronuncie sobre estos dos hechos", manifestó la presidente del cuerpo, Ana Guerrero Palma.
(Corresponsalía Tartagal)