Condenaron a exentrenador de Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro

El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) condenó el viernes por delitos de lesa humanidad a 19 represores, entre ellos exjefes y subalternos de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, a penas que van desde cadena perpetua hasta los cinco años de prisión, en un juicio en el que se unificaron 16 expedientes por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el Ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Entre los condenados está Juan de la Cruz Kairuz, exentrenador técnico de los clubes denominados grandes del fútbol salteño.

El veredicto llegó tras cuatro años de audiencias, en las que declararon al menos 200 testigos, quienes dieron cuenta de los homicidios, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos y torturas que se perpetraron en Jujuy en tiempos del terrorismo de Estado.

En el prolongado debate de la causa se juzgó también por primera vez en la historia judicial de la provincia casos de abuso de sexual que se cometieron en el contexto del plan sistemático de aniquilación y violación de los derechos humanos que aplicó la última dictadura.

La lectura de la sentencia inició poco después de las 18, mientras una gran cantidad de integrantes de organismos de Derechos Humanos y colectivos sociales seguía la resolución del debate a las afueras del recinto judicial en pleno centro de la capital jujeña al grito de "asesinos" y cánticos contra los represores.

El fiscal federal Federico Zurueta había pedido 7 años de prisión efectiva para Juan de la Cruz Kairuz, y fue condenado con 5 años. El encartado se desempeñó como oficial auxiliar de la Policía jujeña, prestó servicios en la comisaría 24 y en el Centro de Inteligencia paralelo de la fuerza provincial. Llegó acusado de haber cometido allanamiento ilegal en un hecho, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y por su extensión mayor a un mes en un hecho.

"El jefe de la Policía de Jujuy era seguidor del fútbol y me ofreció un puesto. Se puede decir que fui lo que se dice hoy un favorecido, un ñoqui", contó sin pelos en la legua Kairuz en una nota publicada por la revista futbolera El Gáfico en 2001. El recuerdo obedece a tiempos previos al advenimiento de la dictadura en Argentina, dado que para mediado de los 70 Kairuz, oriundo de Tucumán, dejaba su etapa como jugador para pasar a la de director técnico, y al mismo tiempo con la actividad como uniformado en la vecina provincia.

Por aquella época, fines de 1975, al exjugador y ex-DT de fútbol lo sindicaban como encargado de un grupo de tareas dedicado al secuestro de personas que solían gozar del apoyo del ingenio azucarero Ledesma. Lo vincularon con la desaparición del médico Luis Aredes, exintendente de Libertador General San Martín.

Camuflarse en el fútbol

Como otros represores que arrojó la dictadura militar en Argentina, Kairuz pasó más de la mitad de su vida sin rendir cuentas a nadie. Al igual que uno de los profesores/represores, apodado en su época de fuego como Toro, Martín Rodríguez, apresado tras más de 30 años, el exjugador y entrenador se supo reinventar. Fue distinguido por el Concejo Deliberante de Salta capital, tras el escándalo anularon el homenaje.

Como DT tuvo su época de gloria en Juventud Antoniana, pasó por Central Norte y algunas horas en el Albo.

Diecinueve represores fueron condenados en Jujuy

La pena de cadena perpetua fue impuesta a Juan C. Jones Tamayo (exjefe de la Central de Inteligencia conocida como "Área 323"); José Américo Lescano (excomisario de la Policía de Jujuy); Juan C. Lucero (exalcalde y jefe la Sección Seguridad Interna del Penal de Villa Gorriti) y Ceferino Narváez (exjefe de Guardia de Seguridad Externa del Penal de Villa Gorriti).

Rafael M. Braga, Raúl J. Borges Do Canto, Carlos R. Pérez, Rodolfo O. López, Armando H. Ruiz, Armando H. Claros, Bernardo Salinas, Ricardo Ortiz, Mario M. Gutiérrez y Herminio Zárate deberán cumplir penas de entre 16 y 25 años.

Se suman Carlos Cachambe y Pedro Ríos, recibieron 11 y 6 años de prisión respectivamente, mientras que Virgilio Choffi fue condenado a 10 años de prisión, Inés Roque Cari a 6 años de cárcel, Juan de la Cruz Kairuz 5 años de prisión y Héctor Carballo fue absuelto por el beneficio de la duda, todos los acusados siguieron la finalización del debate por videoconferencia.

Fue un una megacausa porque contempló la unificación de 16 expedientes y ventiló los vejámenes en perjuicio de trabajadores desaparecidos en el ingenio Ledesma, mina El Aguilar y otras sobre detenciones ilegales y desapariciones ocurridas durante el terrorismo de Estado iniciado 1976 en la provincia.

Antes del veredicto, el TOF, integrado Federico S. Díaz, María Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, rechazó la mayoría de los pedidos de nulidad esgrimidos por las defensas de los acusados.

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