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Reactivan demanda contra Cristina por los daños de la corrupción

La causa es por daños y perjuicios contra el Estado.
Jueves, 08 de diciembre de 2022 01:28

Tras la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por fraude al Estado, la Corte Suprema reactivó la demanda civil contra la vicepresidenta por 22.300 millones de pesos, para que pague de su propio patrimonio los daños de la corrupción. La demanda había sido presentada en 2018 por Javier Iguacel cuando era administrador de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos.

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Tras la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por fraude al Estado, la Corte Suprema reactivó la demanda civil contra la vicepresidenta por 22.300 millones de pesos, para que pague de su propio patrimonio los daños de la corrupción. La demanda había sido presentada en 2018 por Javier Iguacel cuando era administrador de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos.

En su acuerdo del martes, que se conoció ayer, la Corte resolvió por unanimidad que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, será el que intervenga en la acción civil que inició la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner, por los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional con su actuación en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, por los que ayer fue condenada.

Nobili lleva poco tiempo como juez, fue designado por el presidente Alberto Fernández y su decreto de nombramiento del 1 de septiembre de 2021 lleva además la firma del ministro de Justicia, Martín Soria, y de Santiago Cafiero, entonces jefe de Gabinete.

¿Quién paga los gastos?

La caratula de la causa es "Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños". La demanda se extiende a aquellos que sean responsables por los daños ocasionados al Estado por las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez y que en algunos casos quedaron inconclusas. Por eso abarca también a Báez y a José López, entre otros exfuncionarios, que en caso de ser condenados deberán enfrentar los gastos.

El Estado, con la Dirección Nacional de Vialidad en manos del Frente de Todos, del mismo signo político que la vicepresidenta, podría desistir de la demanda civil y el asunto quedaría en la nada. El administrador actual de la Dirección Nacional de Vialidad es el kirchnerista Gustavo Héctor Arrieta, ex intendente de Cañuelas y marido de la actual intendenta, Marisa Fassi.

 

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