Casi dos años tardaron el Gobierno nacional y el Congreso en advertir que la actual ley de alquileres, sancionada en junio de 2020, fue un desacierto que achicó la oferta de inmuebles, encareció los contratos de locación y los hizo inalcanzables para miles de familias si techo propio.
inicia sesión o regístrate.
Casi dos años tardaron el Gobierno nacional y el Congreso en advertir que la actual ley de alquileres, sancionada en junio de 2020, fue un desacierto que achicó la oferta de inmuebles, encareció los contratos de locación y los hizo inalcanzables para miles de familias si techo propio.
Con una inflación del orden del 50%, que lima el poder adquisitivo de los salarios con impacto demoledor, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación abrió el martes último la discusión de una reforma que restauraría los contratos de alquiler de dos años con actualizaciones semestrales.
La Ley 27.551 incrementó de dos a tres años el plazo mínimo de los alquileres y estableció un mecanismo de actualización anual en base a una fórmula que combina los índices de la inflación y la variación del salario estatal, además de imponer la obligación de declarar los contratos de alquiler ante la AFIP.
El resultado está a la vista. En Salta, con un déficit habitacional de más de 90.000 viviendas, miles de familias deambulan con angustia sin conseguir un techo donde acomodarse. En los hechos, la ley alumbrada en plena pandemia golpeó bajo no solo a inquilinos, sino también a propietarios, que, en su gran mayoría, son familias de barrio, cuentapropistas o jubilados que tienen una vida entera de trabajo invertida en ladrillos que hoy, por el desaliento generado en los alquileres, tampoco llegan a fin de mes.
Por eso no sorprende que las bancadas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal hayan cerrado consensos para emitir en 30 días un dictamen restitutivo.
Más allá del mayoritario acuerdo, algunos diputados, entre los que se cuenta el referente sanjuanino José Luis Gioja, promueven topes en los precios y hasta un impuesto a la vivienda ociosa. Dentro del Congreso no faltan las "brillantes" ideas que ven en la asfixiante voracidad fiscal la cura para los males que generan las leyes inconsultas. Con la actual ley de alquileres, en poco más de un año el país quedó sembrado de inquilinos huérfanos y contratos de locación informales.
Perjuicio para todos
"Esta ley perjudicó tanto a los inquilinos como a los propietarios, y sin dudas deben reverse aspectos de la misma a fin de otorgar garantías y tranquilidad al inquilino, así como certezas al propietario", sostuvo ayer el director del Observatorio Inmobiliario del Colegio de Corredores Unicos Inmobiliarios de Salta, Felipe Biella, tras remarcar que, pese a las advertencias realizadas por las diferentes organizaciones que conocen del tema, en medio de la cuarentena se avanzó con la deficiente norma que entró en plena vigencia a mediados de 2021.
Vuelta de página
"Hay varios elementos fundamentales que deben modificarse. El primero es permitir que los incrementos sean semestrales y no anuales, debido a la elevada inflación que existe, sin expectativas de que disminuya los próximos años. El segundo ítem a modificar tiene que ver con el índice de actualización (ICL) que establece la ley. Se debería permitir otro tipo de actualización, relacionada con los incrementos salariales o prepactados por semestre, como funcionaba anteriormente", planteó Biella.
En su opinión, esto permitiría valores iniciales menores en las locaciones de vivienda.
Oferta deprimida
"Entendemos que resulta fundamental generar políticas para incrementar la oferta de propiedades en el mercado locativo, y por ello deberían promoverse incentivos que promuevan el incremento del stock de la cantidad de viviendas en alquiler", consideró el empresario del sector.
“Penalizar, solo agravaría los problemas”
Felipe Biella afirmó que la oferta de alquileres no se recuperará penalizando a propietarios con nuevos impuestos o aumentando los existentes. “A estos incrementos, a la larga o a la corta los terminará pagando el inquilino. Se debe hacer todo lo contrario: hay que incentivar la construcción de nuevas viviendas y darles transparencia y previsibilidad a los propietarios para que crezca la oferta”, sostuvo Biella, quien remarcó que el Estado nacional, principal responsable del elevado déficit habitacional, “debería impulsar líneas de créditos hipotecarios accesibles para la adquisición y construcción de viviendas para los segmentos medios, y construcción de viviendas sociales para los sectores más vulnerables”.
“Algunos proyectos de ley presentados por diputados son verdaderamente lamentables y no darán solución alguna; todo lo contrario, van a incrementar la problemática ya existente. Se refleja en los legisladores el desconocimiento de la problemática del mercado de alquileres de viviendas”, acotó.
“Supuestamente, con el objeto de promover una mayor oferta de inmuebles en alquiler se impulsa un impuesto a la vivienda ociosa que, en caso de aprobarse, será, además de inconstitucional, improductivo, y perjudicará notoriamente el empleo de toda la mano de obra que se ocupa en el sector de la construcción, y por ende a todas las industrias y comercios vinculados, perjudicando en forma directa a gran parte del sector que pretende beneficiarse con este impuesto”, advirtió el director del Observatorio Inmobiliario local.
Biella, un doctor en ingeniería con especialización en el área de los bienes raíces y el rubro inmobiliario, afirmó que “el referido impuesto se traduciría en una penalización injusta a los propietarios de inmuebles, además de los fines meramente recaudatorios que, en última instancia, guarda la medida”.