Este viernes en el Concejo Deliberante se llevó a cabo una sesión especial en la que se determinó que dicha institución será querellante en la causa del cobro irregular de planes sociales en el municipio de Rosario de la Frontera.
inicia sesión o regístrate.
Este viernes en el Concejo Deliberante se llevó a cabo una sesión especial en la que se determinó que dicha institución será querellante en la causa del cobro irregular de planes sociales en el municipio de Rosario de la Frontera.
Cabe señalar que el pedido lo hizo la misma Fiscalía de la Ciudad Termal y de nueve concejales, siete votaron a favor de la querella.
“Nuestro objetivo como institución es llevar toda la claridad acerca de lo que está pasando, creemos que desde la Fiscalía este pedido tendría que haberse hecho mucho antes, según lo que nos indicó el asesor del Concejo”, expresó Kuldeep Singh minutos después de finalizada la sesión.
“Cuando uno no comete ningún error o ningún ilícito de este tipo, no tiene por qué tenerle miedo a que las cosas se juzguen de la manera que corresponde”, acotó.
En cuanto a la representación de la querella, Singh confirmó que estará a cargo del doctor Jurado quien es el actual asesor del Concejo Deliberante.
“Desde el Concejo se va a aportar todo lo que la Fiscalía solicite y todo lo que se pueda recabar de acá en adelante para colaborar en la causa. Sabemos que hay mucha gente que tiene muchos datos para aportar y que quizás por falta de apoyo del Concejo anterior no lo hizo en esos momentos”.
“Hay que tener en cuenta que vivimos en una comunidad pequeña y que por ahí la gente tiene sus miedos o sus dudas pero acá lo único que pedimos es que se aporte lo real y que sirva para esclarecer este tema, que es lo que está pidiendo toda la comunidad hoy por hoy”, señaló el presidente del cuerpo.
Destitución del Intendente
Ante la pregunta si habrá un pedido de destitución del Intendente Gustavo Solís, Singh expresó que, “Para poder pedir la destitución primero hay varios pasos legales previos que serán analizados en su momento”.
“Con lo que pasó ayer, tenemos otro caso puntual de un supuesto hecho de corrupción desde la Secretaría de Hacienda, quien a su vez es familiar directa del Intendente, por lo que creemos que desde la Fiscalía tendrían que haber pedido el apartamiento del Intendente, por lo menos hasta que termine la investigación de la causa”, manifestó.
A su vez, aseguró que, “Nosotros no somos lo que juzgamos, simplemente desde la Fiscalía se le pidió al Concejo que sea querellante y es lo que hacemos, que es nuestro deber, acá no hay nada político ni mucho menos sino que es la justicia la que a determinar la culpabilidad o la inocencia. Hay que recordar que esta causa ya lleva más de dos y tres años en la que quedó mucha gente afectada en el medio”, concluyó.
La causa
Según lo que indica el portal de Fiscales Penales de Salta, “Siete personas, entre las que se encuentra el jefe comunal, fueron imputadas oportunamente a partir de la denuncia de vecinos de esa ciudad que refirieron haber sido incluidos sin su autorización en programas sociales y de trabajo. A su nombre se habrían expedido cheques o pagos en efectivo que no percibieron ni solicitaron”.
En la fundamentación de la causa, el fiscal penal sostiene que “en el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación. Además se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario”.
“El fiscal López Ibarra remarcó una situación de permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros”.