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Una familia numerosa fue intimada a desalojar un terreno que, según afirman sus integrantes, le pertenecía a su abuela desde la década del 40. Sin embargo, la Justicia falló recientemente a favor de quien reclama haber comprado dichos lotes ubicados en Villa Santa Ana, en la zona sur de la ciudad, y que consta de tres hectáreas.
“Mi abuela vivía allí desde 1949, ella sembraba verduras, criaba animales y vendía leche junto con mi abuelo. Acá nacieron sus hijos y nietos. Desde 1984 viví con ella hasta que falleció en noviembre de 2018”, aseguró Natalia Ortíz, una de las nietas de doña Nélida Palma, en diálogo con El Tribuno.
En el 2004 llegaron las primeras cartas documento por parte de una constructora que habría adquirido las tres hectáreas en cuestión. En ese momento, las familias allí apostadas iniciaron el juicio de posesión veinteañal ya que la abuela no contaba con documentación de esos terrenos. Las primeras sentencias fueron favorables.
Según contó Natalia, este último comprador inició un juicio de desalojo y obtuvo una sentencia definitiva luego de que se haya desestimado el litigio de la posesión.
“Es increíble que encontrándose pruebas de la posesión, no se haya acreditado que la familia vivió en ese lugar. La Justicia omitió valorar una prueba con consta de una construcción que existe en esos terrenos desde hace cuarenta años. Esto fue comprobado por pericias”, manifestó por su parte el Dr. Pablo Montalbetti, abogado de las familias que fueron intimadas.
A raíz de esto Montalbetti presentó un recurso de queja en la Corte de Justicia de Salta, al considerar que se están avasallando los derechos de estas familias entre las cuales, además, hay varios niños y una persona discapacitada.
Días pasados, un oficial de Justicia llegó hasta el lugar para realizar un relevamiento de la cantidad de casas, familias y personas que deben dejar esos terrenos.
Allí se constató la presencia de más de 15 niños, entre los cuales hay un menor con discapacidad que vive con una de las hijas de la supuesta antigua dueña, doña Nélida.
“Somos seis familias, en seis casas, pero no ocupamos las 3 hectáreas, sino 800 metros cuadrados en total”, dijo Natalia, “queremos que nos permitan seguir acá donde nacimos y nos criamos”, añadió. Viviendo allí también murieron algunos familiares, como el abuelo, su padre y una hermana.
La mujer luego recordó que en la década del 2000 le prohibieron a la familia continuar con la actividad de la granja ya que Villa Santa Ana había dejado de ser zona rural, con lo cual tuvieron que vender los animales.
Por su parte, el abogado Montalbetti confirmó que el desalojo fue suspendido momentáneamente ante la presencia de menores, mientras esperan una respuesta favorable por parte de la Corte.