La volatilidad del dólar, la degradación del peso y las amenazas irresponsables de violencia, saqueos y sedición escuchadas en estos días son el síntoma de un gobierno debilitado al extremo, principalmente, por la fractura indisimulada del oficialismo y por la ausencia de un plan con objetivos y recursos claros y realistas.
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La volatilidad del dólar, la degradación del peso y las amenazas irresponsables de violencia, saqueos y sedición escuchadas en estos días son el síntoma de un gobierno debilitado al extremo, principalmente, por la fractura indisimulada del oficialismo y por la ausencia de un plan con objetivos y recursos claros y realistas.
La imprudencia de los discursos no hace más que debilitar a un país que ante el mundo se muestra al borde del abismo debido a sus propias deficiencias políticas y por la insistencia en repetir a lo largo de los años las mismas respuestas fallidas frente a problemas similares.
El discurso del presidente Alberto Fernández, pronunciado el viernes en la Casa Rosada, donde acusó a los productores agropecuarios de "estar sentados sobre US$ 20.000 millones y no vender la soja" fue un síntoma de aquella debilidad, que parte del desconocimiento de cómo funciona el sistema productivo, pero que intenta buscar en cualquier lugar a los culpables de una crisis cuyo origen es estructural y que hoy es responsabilidad de su gobierno.
Desde hace dos décadas los gobiernos no logran generar garantías para la inversión productiva. Para la retórica demagógica y clasista, la inflación sería responsabilidad de las empresas y el capital productivo, una acumulación usuraria de los empresarios. Esa obstinación (que oscila entre la falta de información y la especulación política) es la que generó la caída de la inversión en exploración de reservas hidrocarburíferas, causa de la actual dependencia de las importaciones de combustibles, que podrían ser producidos en el país; pero también es la explicación de la pérdida de mercados internacionales de productos agroindustriales, del freno a la importación de insumos indispensables para la industria y la degradación global del desarrollo económico del país.
El presidente, que ya lleva 30 meses de gestión, promete "poner el pecho a la inflación" y asegura que "no le van a torcer el brazo". La realidad es que para este año se espera una inflación superior al 90%, la brecha cambiaria entre la cotización oficial y el dólar blue se ubica cerca de 162%, el mayor nivel en 40 años. Solamente en julio, el dólar informal subió 99 pesos. El viernes llegó a $350 y cerró en $338.
El país no tiene dólares porque está obligado a financiar déficit y a importar lo que no produce.
En lo que va del año, la agroexportación ingresó más de US$ 19.000 millones, un 15% más de divisas que el año pasado. Y el grano retenido en silobolsas se explica, básicamente, por el sistema de regulación de ventas en función de pagos e inversiones para las próximas campañas.
Además, con un dólar incontrolable, las retenciones a las exportaciones (sumada a la agobiante carga impositiva), amplifican para el campo la brecha cambiaria: el precio de una tonelada de soja es de US$ 569, pero el valor real que recibe el productor es de US$ 210.
En las últimas dos décadas las políticas aplicadas erosionaron al extremo la inversión, al multiplicar la carga tributaria para sostener un gasto público que se duplicó en relación con el producto bruto interno. El resultado ha sido la caída del empleo genuino y el incremento acumulativo del número de hogares con necesidades insatisfechas. Una tragedia social que no se resuelve con planes administrados, en gran parte, por organizaciones sociales convertidas en nuevos actores políticos. Esas organizaciones, lejos de contribuir a la disminución de la pobreza, plantean exigencias que un Estado deficitario como el actual no tiene posibilidades de satisfacer.
Las amenazas de saqueos proferidas en estos días por algunos de sus dirigentes son bravuconadas absolutamente irresponsables, especialmente en un clima de inestabilidad política y social como el actual.
Sin embargo, la mayor amenaza para la estabilidad del país la representan hoy la fragilidad del poder del presidente y el hostigamiento permanente por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa lucha interna, injustificable, agrava la crisis económica y social, al tiempo que coloca a todo el sistema institucional en un estado de tensión cuyo desenlace es imprevisible.