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Esteban: “Hay que terminar con los reservorios de enfermos de salud mental”

Tras el fallo que ordenó a la Provincia destinar el 10 por ciento del presupuesto de Salud a la atención psiquiátrica, el responsable de la cartera admitió que hasta ahora no se trabajó para implementar la ley que rige en la materia.
Miércoles, 17 de agosto de 2022 14:42
Juan José Esteban, ministro de Salud Pública de Salta.



El ministro de Salud Pública Juan José Esteban habló hoy sobre el reciente fallo de la Justicia que ordena a la Provincia a aplicar un plan integral para garantizar al atención psiquiátrica y psicológica a la población. Tras el acto por el 35 aniversario del Samec (Sistema de Asistencia Médica para Emergencia y Catástrofes) el funcionario aseguró que “todas las jurisdicciones tienen un problema similar” en salud mental y reconoció que el Gobierno apeló la resolución de la Justicia sobre el tema.
Esteban aseguró que hasta ahora no se había avanzado para implementar la ley de salud mental de 2010 que, entre otras cosas, preveía que se cerraran los hospitales psiquiátricos y que la salud mental se atendiera en cualquier centro sanitario. “No se tuvo la previsión y no se trabajó en el recurso humano para aplicarla, ahora lo estamos haciendo. Trabajamos fuertemente con un programa para desmanicomializar. Hay que terminar con el hospital monovalente como tal, como reservorio de enfermos de salud mental. Es una deuda pendiente que tenemos con la comunidad y estamos trabajando en eso”, sostuvo Esteban.
Consultado sobre la decisión del Gobierno de apelar en contra del fallo judicial que le ordenaba a la Provincia presentar un plan integral de salud mental y dedicarle el 10 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud, respondió: “Conozco la apelación. La salud mental es un problema a nivel país y todas las jurisdicciones tienen la misma problemática”.
Sobre la falta de psiquiatras y psicólogos en el interior provincial dijo que “el recurso humano es finito” pero aseguró que están trabajando en contrataciones.
La jueza de Orán Ana María Carriquiry hizo lugar a un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de Salta el 25 de julio y ordenó al Estado Provincial presentar en el plazo de 10 días un plan salud mental. Según la sentencia, Salta debe empezar a cumplir con la ley nacional que ordena destinar un 10 por ciento del presupuesto de la cartera sanitaria a la atención psiquiátrica y psicológica.
La jueza hizo lugar a la acción de amparo colectivo que habían impulsado los asesores de incapaces del distrito judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, por los derechos de los habitantes del norte provincial a contar con un servicio de salud mental de calidad. Sin embargo, su fallo apunta a políticas integrales que tienen alcance en toda la provincia.
El presupuesto que destina hoy la Provincia a salud mental es del 0,4 por ciento del asignado al Ministerio de Salud, pese a que la ley nacional que regula la materia establece que debería ser del 10 por ciento.
Carriquiry también ordenó regularizar la situación del hospital San Vicente de Paul de Orán y contratar a psiquiatras y psicólogos para esa institución.
También se ordenó poner en funcionamiento, en un plazo de 90 días, el órgano de revisión en salud mental, que debe ocuparse de verificar que haya tratamientos integrales y adecuados.
 

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El ministro de Salud Pública Juan José Esteban habló hoy sobre el reciente fallo de la Justicia que ordena a la Provincia a aplicar un plan integral para garantizar al atención psiquiátrica y psicológica a la población. Tras el acto por el 35 aniversario del Samec (Sistema de Asistencia Médica para Emergencia y Catástrofes) el funcionario aseguró que “todas las jurisdicciones tienen un problema similar” en salud mental y reconoció que el Gobierno apeló la resolución de la Justicia sobre el tema.
Esteban aseguró que hasta ahora no se había avanzado para implementar la ley de salud mental de 2010 que, entre otras cosas, preveía que se cerraran los hospitales psiquiátricos y que la salud mental se atendiera en cualquier centro sanitario. “No se tuvo la previsión y no se trabajó en el recurso humano para aplicarla, ahora lo estamos haciendo. Trabajamos fuertemente con un programa para desmanicomializar. Hay que terminar con el hospital monovalente como tal, como reservorio de enfermos de salud mental. Es una deuda pendiente que tenemos con la comunidad y estamos trabajando en eso”, sostuvo Esteban.
Consultado sobre la decisión del Gobierno de apelar en contra del fallo judicial que le ordenaba a la Provincia presentar un plan integral de salud mental y dedicarle el 10 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud, respondió: “Conozco la apelación. La salud mental es un problema a nivel país y todas las jurisdicciones tienen la misma problemática”.
Sobre la falta de psiquiatras y psicólogos en el interior provincial dijo que “el recurso humano es finito” pero aseguró que están trabajando en contrataciones.
La jueza de Orán Ana María Carriquiry hizo lugar a un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de Salta el 25 de julio y ordenó al Estado Provincial presentar en el plazo de 10 días un plan salud mental. Según la sentencia, Salta debe empezar a cumplir con la ley nacional que ordena destinar un 10 por ciento del presupuesto de la cartera sanitaria a la atención psiquiátrica y psicológica.
La jueza hizo lugar a la acción de amparo colectivo que habían impulsado los asesores de incapaces del distrito judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, por los derechos de los habitantes del norte provincial a contar con un servicio de salud mental de calidad. Sin embargo, su fallo apunta a políticas integrales que tienen alcance en toda la provincia.
El presupuesto que destina hoy la Provincia a salud mental es del 0,4 por ciento del asignado al Ministerio de Salud, pese a que la ley nacional que regula la materia establece que debería ser del 10 por ciento.
Carriquiry también ordenó regularizar la situación del hospital San Vicente de Paul de Orán y contratar a psiquiatras y psicólogos para esa institución.
También se ordenó poner en funcionamiento, en un plazo de 90 días, el órgano de revisión en salud mental, que debe ocuparse de verificar que haya tratamientos integrales y adecuados.
 

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