Chile afronta un nuevo comienzo. El resultado de la consulta popular sobre el texto constitucional sancionado por la Convención Constituyente elegida el año pasado significó una derrota demoledora para la izquierda chilena. El 62,1% que rechazó la propuesta ocasionó también un grave traspié al presidente Gabriel Boric, cuyos partidarios hicieron una activa campaña por el "Apruebo". Ni lerdo ni perezoso, Boric exhortó a "escuchar la voz del pueblo", lanzó una convocatoria a un amplio consenso político para reencauzar el debate para reformar la constitución heredada del régimen militar de Augusto Pinochet y encaró una reformulación de su gabinete para incluir a figuras de la izquierda moderada.
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Chile afronta un nuevo comienzo. El resultado de la consulta popular sobre el texto constitucional sancionado por la Convención Constituyente elegida el año pasado significó una derrota demoledora para la izquierda chilena. El 62,1% que rechazó la propuesta ocasionó también un grave traspié al presidente Gabriel Boric, cuyos partidarios hicieron una activa campaña por el "Apruebo". Ni lerdo ni perezoso, Boric exhortó a "escuchar la voz del pueblo", lanzó una convocatoria a un amplio consenso político para reencauzar el debate para reformar la constitución heredada del régimen militar de Augusto Pinochet y encaró una reformulación de su gabinete para incluir a figuras de la izquierda moderada.
Los sociólogos encontrarán en este episodio abundante materia para examinar el papel de las "mayorías silenciosas". En la anterior consulta popular de octubre 2020, realizada con el régimen tradicional de sufragio voluntario, votaron 7.500.000 electores de un padrón general de 13 millones. En cambio, en este referéndum, celebrado con voto obligatorio, sufragó el 87% de ese padrón y el Rechazo obtuvo 7.800.000, unos 300.000 más que todos quienes habían concurrido a las urnas en el primer plebiscito, donde el "Sí" a la necesidad de la reforma tuvo el 78% de los votos contra el 22% del "No". Todo indica que una abrumadora mayoría de quienes fueron a votar esta vez y no lo habían hecho en 2020 lo hizo por el "Rechazo".
El análisis sociológico de los resultados revela una catástrofe para la izquierda chilena. Si en el escrutinio general el Rechazo cosechó el 62,1% de los votos, en el quintil de la población con ingresos más bajos obtuvo el 75,1% de los votos (trece puntos por encima del promedio) contra el 24,9 % del Apruebo, mientras que en el 20% de ingresos más elevados el resultado fue de 60% contra 39%. En otros términos, el mayor porcentaje de rechazo al proyecto de reforma estuvo en los sectores más bajos y el mayor respaldo, aunque siempre minoritario, en la minoría más adinerada de la sociedad.
Los escrutinios regionales arrojan algunos datos sorprendentes. Las comunas con mayor población indígena rechazaron masivamente el texto. En Alto Biobío, donde un 84,2% de población es indígena, el Rechazo alcanzó el 70,75%. En Saavedra, con una población aborigen del 79,60%, el 68,05%. En Cholchol, donde el 75,30% de la población declara ser indígena, el 73,82%. En Tirúa, donde el 70,40% de los habitantes pertenece a un pueblo indígena, el 77,25%. En Camiña y Colchane, que según el censo nacional de 2018 están entre las comunas con mayor porcentaje de pueblos originarios, el Rechazo recogió el 87,64 y el 94%, respectivamente. En Colchane, el Apruebo cosechó apenas el 5,30% de los sufragios, la cifra más baja del país.
Estos guarismos son particularmente significativos porque un tema central del debate constitucional giró precisamente alrededor de la cuestión indígena. El artículo 1° del proyecto definía a Chile como un "Estado plurinacional". El artículo 2° consignaba que "la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones". El punto 1 del artículo 5° decía que "Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones, en el marco de la unidad del Estado". El punto 2 de ese mismo artículo establecía: "Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymará, Rapanui, Lichanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawéskar, Yagán, Selk mam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley".
Una de las disposiciones más controvertidas fue el reconocimiento de la existencia de una "justicia indígena". El artículo 209 estipulaba que "El Estado reconoce los sistemas jurídicos de las naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia". Para sus críticos, una norma semejante destruía la vigencia del Estado de Derecho tal cual fue concebido en Chile desde su independencia porque una amplia franja de la población se regiría por normas jurídicas ajenas a las sancionadas por el Parlamento para el conjunto de la ciudadanía.
Consecuencias de un equívoco
El espectro político trasandino está caracterizado por una atomización que dificulta la toma de decisiones. Esa fragmentación es producto de la ruptura de la Concertación Democrática, una entente entre la democracia cristiana y el Partido Socialista que comandó la transición desde la salida del régimen militar en 1988 y después se alternó en el poder con una coalición de centroderecha liderada por el expresidente Sebastián Piñera. Pero esa fragmentación del frente de centroizquierda se reprodujo en la alianza de centro - derecha, cuando su ala más radicalizada, encabezada por José Antonio Katz, el candidato derrotado por Boric en la elección presidencial de 2021, prevaleció sobre la opción más moderada, bendecida por Piñera. El trasfondo estructural es la crisis
La contracara de esa performance económica fue un correlativo aumento de las desigualdades sociales. La concentración del ingreso no impidió que el índice de pobreza descendiera drásticamente al 9%, el porcentaje más bajo de la región junto a Uruguay. Esa dicotomía originó dos diagnósticos contrapuestos: la izquierda puso el ojo en la concentración, la derecha en la disminución de la pobreza.
Ninguna de ambas interpretaciones acertó con la naturaleza del fenómeno, derivado de lo que los politólogos definen como la "revolución de las expectativas crecientes", algo que sucede cuando los sectores populares que logran salir de la pobreza adquieren expectativas de ascenso social que son defraudadas por los hechos. En las capas juveniles, la demanda sobresaliente es el alto costo de los aranceles de las universidades privadas.
La nueva clase media chilena, resultado del crecimiento económico, tiene exigencias más elevadas de vivienda, salud y educación. El ex presidente socialista Ricardo Lagos narró su sorpresa cuando al visitar a uno de los barrios populares construidos durante su gobierno los vecinos lo criticaron por no haber previsto lugares de estacionamiento para sus automóviles. No pudo explicarles que cuando esos barrios se construyeron sus habitantes estaban lejos de la posibilidad de convertirse en propietarios de automóviles.
El proceso constituyente fue un gigantesco equívoco. Piñera lo impulsó para aplacar las protestas juveniles, la izquierda lo usó para acentuar su perfil contestatario y congraciarse con el sector más radicalizado del movimiento de autonomismo mapuche, que últimamente intensificó sus acciones armadas en la Araucania, lo que a su vez disparó la demanda de orden de un amplio sector de la sociedad que colisionaba con el contenido "indigenista" del texto constitucional abrumadoramente rechazado.
Boric, un exlíder estudiantil, es un emergente político de esa rebelión de las capas medias juveniles, que iniciaron una primera ola de reclamos durante el segundo mandato de Michele Bachelet y protagonizaron el violento estallido social sobre el final de la segunda presidencia de Piñera. Le toca ahora apagar la mecha que ayudó a encender.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico