La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita” y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".
Así lo señaló al exponer vía Zoom desde su despacho en el Senado de la Nación, en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La exmandataria señaló que para los fiscales "tres gobiernos constitucionales fueron En ese marco, recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, en la línea con su denuncia pública sobre una persecución por parte de sectores del Poder Judicial hacia su persona.
"Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio", manifestó Fernández de Kirchner, y dijo que "si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión".
"Quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio", continuó, y sentenció: “Estamos ante un claro caso de prevaricato”.
“Confrontados los dichos de los fiscales con las pruebas, queda demostrado que los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación”, siguió.como asociaciones ilícitas para hacer 51 contratos de obra pública en Santa Cruz", y sostuvo que esa enunciación "no puede ser tomada en serio y raya en el ridículo".
Fernández de Kirchner reafirmó que le fue “negado" su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó las palabras expuestas por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, al considerar que dejó a la luz "todas las arbitrariedades de este juicio".
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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita” y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".
Así lo señaló al exponer vía Zoom desde su despacho en el Senado de la Nación, en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La exmandataria señaló que para los fiscales "tres gobiernos constitucionales fueron En ese marco, recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, en la línea con su denuncia pública sobre una persecución por parte de sectores del Poder Judicial hacia su persona.
"Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio", manifestó Fernández de Kirchner, y dijo que "si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión".
"Quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio", continuó, y sentenció: “Estamos ante un claro caso de prevaricato”.
“Confrontados los dichos de los fiscales con las pruebas, queda demostrado que los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación”, siguió.como asociaciones ilícitas para hacer 51 contratos de obra pública en Santa Cruz", y sostuvo que esa enunciación "no puede ser tomada en serio y raya en el ridículo".
Fernández de Kirchner reafirmó que le fue “negado" su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó las palabras expuestas por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, al considerar que dejó a la luz "todas las arbitrariedades de este juicio".
La exmandataria tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró surante su alegato que la Vicepresidenta "jamás impartió ninguna directiva vinculada" a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.
"Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan", sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.
El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.
En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.
"No existe una obligación de control" sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que "no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico", remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
"Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio", concluyó.
Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: "No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado"
"Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación", agregó y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. "El 90 por ciento de las obras no fue peritado", advirtió.
Por otro lado, cuestionó y exhibió parte de los informes periodísticos que aludían a rutas no terminadas en Santa Cruz o que "llevaban a ningún lado" con los testimonios en el juicio, que desmintieron esto. "Uno ve este informe (el del programa PPT) y dice bueno, ya está, pero cuando vienen los técnicos nos cuentan que todo esto es mentira, tuvimos que esperar seis años para que esto en definitiva, en un juicio, termine mostrándose que era todo una falacia".
Beraldi recordó que en las dos jornadas anteriores se refirió a la forma en que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una "absoluta fantasía" de la fiscalía decir que se actuaba "como un instrumento de una asociación ilícita. Carece de toda seriedad"
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenar a la Vicepresidenta a doce años de condena e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.