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Los funcionarios de todos los poderes del Estado en Salta deberán someterse obligatoriamente a estudios toxicológicos. Así lo dispuso el Gobierno provincial mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la realización de exámenes para quienes ejercen cargos públicos y para los integrantes de los organismos de control, reabriendo un tema que tiempo atrás había quedado sin tratamiento en la Legislatura.
La medida fue formalizada a través de un decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien justificó la decisión en la necesidad de reforzar la idoneidad y la aptitud moral de quienes integran la estructura del Estado. En el mensaje oficial se remarcó que la función pública no constituye un privilegio, sino una responsabilidad institucional, y que gobernar implica adoptar decisiones firmes aun cuando resulten incómodas para el propio sistema político.
En diálogo con El Tribuno, la vocera del Gobierno provincial, Ana Paula Benavides, precisó que la firma del DNU fue antecedida por una reunión con legisladores de distintos bloques. "Se suscribió un decreto en el cual se establece la obligatoriedad del examen toxicológico a funcionarios de los distintos poderes del Estado. Esto viene a traer transparencia en la gestión y a seguir trabajando dando el ejemplo contra el flagelo de las drogas", expresó.
"Quien no esté en condiciones desde lo personal, no puede tomar decisiones", Juan Esteban Romero.
Alcances de la normativa
El decreto alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a entes autárquicos y organismos de control, extendiendo su aplicación más allá de la administración central. Benavides detalló que la obligación rige desde el gobernador y vicegobernador hasta secretarios, subsecretarios y directores, e incluye también a intendentes, legisladores y magistrados. "Se busca que, a través de análisis sorpresivos y aleatorios, se pueda constatar que las personas que ocupan cargos públicos tengan la aptitud física y psicológica necesaria para estar en el lugar que ocupan", señaló.
La norma también fija las consecuencias ante resultados positivos: quienes no cumplan con los estándares exigidos deberán afrontar las sanciones previstas en la Constitución Provincial y en la legislación vigente, incluida, de corresponder, la remoción del cargo. Según explicó la vocera, los controles comenzarán con test rápidos y, en caso de detección, se avanzará con estudios más exhaustivos, garantizando el derecho a contraprueba y a la defensa. "Una vez confirmado el resultado, se procederá a la desvinculación si se trata del Ejecutivo, o se habilitarán los canales de remoción correspondientes en otros poderes del Estado", indicó la vocera.
"Los exámenes serán obligatorios y se realizarán de manera sorpresiva", Paula Benavides.
El trasfondo político del DNU también resulta relevante. Durante 2025, el diputado provincial Juan Esteban Romero había presentado un proyecto de ley con un contenido similar, que proponía controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y legisladores. Aquella iniciativa no avanzó en el ámbito legislativo, quedó estancada en comisiones y nunca llegó al recinto, pese a la discusión pública que había generado.
Autor del proyecto
Tras la firma del decreto, Romero difundió un parte de prensa en el que valoró la decisión del Ejecutivo de avanzar por esta vía ante la falta de tratamiento parlamentario. "Dentro del Estado no puede haber ningún vínculo con las drogas, y quienes ejercen responsabilidades públicas deben dar el ejemplo", sostuvo. Agregó además que "la lucha contra el narcotráfico no se combate con discursos, sino con hechos concretos", y consideró que el DNU responde a una demanda social clara.
El exlegislador subrayó que el desafío a partir de ahora será asegurar una correcta implementación de la norma, con reglas precisas, controles efectivos y transparencia, para fortalecer la integridad institucional y la confianza ciudadana.
Aún resta conocer la reglamentación operativa del decreto, como la periodicidad de los estudios, los organismos encargados de realizarlos y los protocolos de actuación ante resultados positivos, aunque el impacto político de la medida ya comenzó a hacerse sentir.
Algunos alcances del decreto
Exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos de control.
Aplicación desde el gobernador y vicegobernador hasta secretarios, subsecretarios, directores, legisladores, intendentes y magistrados.