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Hay decisiones que no solo modifican reglas, sino que también reordenan el mapa político. El Gobierno de Salta avanzó en esa dirección al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de todos los poderes del Estado y de los organismos de control, una medida que no llega a un terreno virgen, sino que reactiva un debate que había sido cerrado sin tratamiento en la Legislatura.
El decreto fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien fundamentó la decisión en la necesidad de reforzar la idoneidad y la aptitud moral de quienes ejercen cargos públicos. En el mensaje oficial, el Ejecutivo subrayó que la función pública no es un privilegio, sino una responsabilidad institucional, y que gobernar implica tomar decisiones firmes, aun cuando estas generen incomodidad dentro del propio sistema político.
La norma alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes autárquicos y organismos de control, ampliando su alcance más allá de la administración central. El texto también es claro respecto a las consecuencias: quienes no cumplan con los estándares exigidos deberán afrontar las sanciones previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluida, de corresponder, la remoción del cargo.
Sin embargo, el trasfondo político del DNU es ineludible. Durante 2025, el diputado provincial Juan Esteban Romero había presentado un proyecto de ley con un contenido similar, que proponía controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y legisladores provinciales. Aquella iniciativa no prosperó, fue cajoneada en comisiones y nunca llegó al recinto, pese a la discusión pública que generó en su momento.
La decisión del Ejecutivo de avanzar ahora por decreto reinstala el tema en la agenda institucional y deja expuesto el contraste entre una propuesta que no fue tratada por el Poder Legislativo y una medida que hoy se implementa por decisión directa del gobernador. El cambio de escenario abre interrogantes políticos que atraviesan al oficialismo y a la oposición por igual.
En ese contexto, el DNU también vuelve a poner bajo la lupa a los legisladores que el año pasado rechazaron o bloquearon el tratamiento del proyecto, en un escenario donde la demanda social por transparencia, ejemplaridad y control sobre los funcionarios públicos se volvió más visible.
Desde el entorno gubernamental señalaron que la medida se inscribe en una estrategia de fortalecimiento institucional, orientada a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La obligatoriedad de los controles toxicológicos aparece así como una herramienta concreta para fijar límites claros en el ejercicio del poder y establecer reglas comunes para todos los estamentos del Estado.
Aún restan conocerse los detalles operativos del decreto -como la periodicidad de los exámenes, los organismos responsables de realizarlos y los protocolos de actuación ante resultados positivos-, pero el impacto político ya es tangible.