Democracia fallida y capitalismo prebendario son conceptos que van de la mano. Comparten medios y fines: en ambos casos se trata de preservar una mascarada de sistema, una fachada para que subterráneamente se vote y se beneficie siempre a los mismos; en ambos casos se desvían dispositivos jurídicos en apariencia inocentes, poco a poco, hasta que todo se deforma.
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Democracia fallida y capitalismo prebendario son conceptos que van de la mano. Comparten medios y fines: en ambos casos se trata de preservar una mascarada de sistema, una fachada para que subterráneamente se vote y se beneficie siempre a los mismos; en ambos casos se desvían dispositivos jurídicos en apariencia inocentes, poco a poco, hasta que todo se deforma.
Desde hace años Argentina está en esa senda, con la salvedad de un interregno. No está claro si, por impericia o límites institucionales que no se pudieron franquear, la faena no se pudo concretar del todo. Es su continuidad, nada más y nada menos, lo que está en juego. Pero no una cualquiera, sino profundizada desde un "vamos con todo" con otra forma, pero el mismo fondo.
Tanto para descreídos como para previsores, no hace falta viajar a Venezuela; basta recordar el gran caso argentino: YPF; mirar la trayectoria de esta empresa desde su privatización hasta su estatización es una línea imaginaria que permite comprender lo que puede ocurrir en nuestro país. Se vendió la empresa, se le impuso accionistas especialistas en "mercados regulados", y por fin se la estatizó, dando patadas y piruetas jurídicas, más que pasos.
Vamos al presente.
El 13 de noviembre se publicó un decreto de necesidad y urgencia que modifica los montos de las multas para la actividad minera. A lo primero a lo que hay que prestarle atención es que no ha sido una ley sino un decreto de necesidad y urgencia; no es tan solo una sutileza jurídica, sino que significa que el Poder Ejecutivo está violando lo que se llama el "principio de legalidad" que, aún en situaciones excepcionales, le prohíbe legislar sobre algunas materias, como la penal.
Lo segundo es la artimaña, que anticipa el futuro: una multa puede significar el talón de Aquiles para una empresa, particularmente para imponerle "consensuadamente" un socio amigo del poder. En otras palabras, es el artificio jurídico perfecto para darle al Poder Ejecutivo el poder y la herramienta que perfeccione la segunda fase de YPF en varios sectores de la economía.
Para empezar a tomar dimensión, algunos sectores en los que se podría replicar el fenómeno: hidrocarburos, sistema financiero, mercado de capitales, ambiente, bosques… y sigue la lista. Algún no tan distraído al costado del camino podría decir que es la primera vez que se modifica un régimen así por DNU; también podría advertir que nadie dijo nada; y, por último, podría sostener que esto es una muestra para ver si el artilugio pasa desapercibido y luego avanzar, avanzar por todo.
YPF mostró el camino. Ahora una norma en apariencia inocente deja en claro cuáles pueden ser los medios para replicar su esquema en los sectores más salientes de la economía argentina. Hay una fábula que lo describe mejor: el de la rana que termina cocinada a fuego lento, acostumbrándose de a poco al calor inicial para perecer calcinada.
En tiempos de maquiavelismo de la política, el problema es de índole moral, más que político. Por eso es tanto y tan grave lo que está en juego.