La violencia de género no encuentra barreras

La violencia familiar y especialmente de género sigue avanzando a pesar de la evolución del rol de la mujer en la sociedad, las instituciones creadas, las leyes sancionadas y el repudio creciente que se manifiesta en los espacios políticos y académicos.

Es probable que esos repudios no hayan sido suficientes como para crear conciencia y producir un cambio cultural de fondo.

En el primer bimestre de este año se registraron 52 femicidios en el país. Uno cada 28 horas. Esa tendencia se viene repitiendo desde hace más de una década. En Salta, hubo tres víctimas.

El femicidio es la forma extrema de la violencia machista. En 2012 se lo incorporó, junto con los "crímenes de odio", como agravantes del delito de homicidio. Sin embargo, en 2022 fueron asesinadas en la Argentina 242 mujeres.

La violencia doméstica y de género abarca un espacio más amplio que el femicidio, está naturalizada en muchas familias y termina convirtiendo el hogar en un infierno. Las fiscalías de Salta reciben dos denuncias de agresión por hora. En el Distrito Judicial Centro ya ingresaron este año 3.646 causas, 48 expedientes por día.

Estamos ante un fenómeno social que debe ser abordado con seriedad y constancia por los tres poderes del Estado. No basta con crear ministerios específicos u observatorios, ni tampoco con sancionar leyes o dar charlas de concientización a los distintos estamentos del Estado. Hay que garantizar que todo ese sistema funcione, recurriendo a profesionales idóneos y consecuentes, que no transijan con ninguna forma de violencia ni minimicen las conductas abusivas.

La firmeza y coherencia es imprescindible para que sea erradicada la violencia de género, es decir, el acoso, la agresión verbal, la discriminación y el abuso. Con demasiada frecuencia, agresores condenados por hechos de esa naturaleza, incluso obligados al distanciamiento del hogar y al uso de controles electrónicos, vuelven a agredir e, incluso, a matar a sus víctimas. La policía, el servicio penitenciario y los funcionarios judiciales están en deuda con la sociedad en este punto.

Pero no se trata solo de una cuestión judicial. En el ámbito laboral, tanto en el Estado como en el sector privado, se repiten prácticas inaceptables de parte de jefes hacia sus subordinadas, e incluso hacia las que son sus pares. Resulta muy difícil cambiar una cultura que, explícita o solapadamente, legitima atropellos a las niñas y las mujeres. Esa cultura está tan arraigada que a muchísimas mujeres golpeadas y humilladas les cuesta reaccionar y alejar al agresor, por lo general, su esposo, pareja o expareja. Existen casos extremos, como los de jovencitas que no se atreven a romper con un novio golpeador, se cargan de culpa hacia ellas mismas y no comparten con sus padres el drama que están viviendo.

Pero en esta cultura de sometimiento también hay padres y madres que no corrigen y hasta justifican a sus hijos varones cuando estos cometen actos de violencia física o verbal contra compañeras, amigas o hermanas.

El Estado debe encontrar la forma de prevenir y anticiparse a la violencia. Aunque esta se produzca en el seno del hogar, víctimas y victimarios muestran un patrón de conducta que hace posible detectar los casos. El conocimiento del fenómeno desde una perspectiva sociológica permitiría agilizar la reacción ante los primeros indicios. La detección temprana de problemas a través de la conducta de los niños en la escuela o por el testimonio de los vecinos puede mejorar los servicios de asistencia social, la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Pero lo definitivo es la construcción de una cultura nueva. Como recomienda la ONU: "Construir una sociedad del cuidado que garantice el derecho de todas las mujeres y niñas a vivir una vida libre de todas las formas de violencia".

 

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