El bono de $60.000 para los empleados del sector público y privado que perciban salarios inferiores a los $400.000 quedó oficializado a través de la resolución 1125, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Sin embargo, esta medida sigue generando polémica. El Tribuno consultó a distintos legisladores nacionales para que fijen su postura sobre el tema, que tiene un repudio generalizado del sector privado.
La diputada nacional Virginia Cornejo expresó su firme desacuerdo con el bono de $60 mil. En sus declaraciones Cornejo argumentó que este bono es un desacierto, ya que no solo podría agravar la situación económica de las empresas, sino generar más inflación.
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Su preocupación radica en que estos recursos provienen de obligar a la actividad productiva a aumentar los costos de producción y comercialización, lo que a su juicio contribuirá a un aumento en los precios de los bienes y servicios básicos, afectando principalmente a quienes más necesitan apoyo.
"Nuevamente estamos pensando en el 'plan platita', que significa no solucionar los problemas que hoy tiene la Argentina: la inflación que licua los salarios y las jubilaciones. Se necesitan políticas donde se incentive la producción y la generación de trabajo", expresó.
Finalmente, Cornejo acusó al Gobierno de falta de capacidad para gobernar y de intentar generar más conflictos entre la población. Su posición sugiere la necesidad de un enfoque más integral en lugar de medidas a corto plazo que podrían tener consecuencias negativas a largo plazo.
El diputado nacional Miguel Nanni también se mostró en desacuerdo con lo dispuesto por el Gobierno nacional respecto al bono. "La decisión del Gobierno de obligar a los privados a otorgar un bono de $60 mil constituye lisa y llanamente un avasallamiento sobre un sector, que ya viene siendo castigado con una inusual carga impositiva, además de estar sometido a un constante cambio de reglas de juego, lo que se traduce en inseguridad jurídica e imprevisibilidad", dijo.
El radical también cuestionó la amenaza de multas: "La ministra de Trabajo amenaza con que el que no cumple deberá pagar multa, es decir redobla la apuesta y tensa la cuerda, poniendo a muchos comerciantes e industriales en la difícil decisión de seguir o cerrar, con lo que ello significa".
Sector público
El diputado nacional Emiliano Estrada publicó un post el 31 de agosto haciendo referencia al anuncio de varias provincias que no van a pagar el bono y se preguntó: "¿Por qué el privado sí tiene que pagar y el público no?".
Consultado por El Tribuno, el legislador nacional expresó que está de acuerdo con el bono de $60 mil, "siempre y cuando" lo pague el sector público primero. Aclaró que el Gobierno provincial sí lo puede pagar y que viene haciendo una paritaria "sin rumbo claro", con $150 mil de bono y un 84% de aumento durante el año.
De hecho, el Gobierno provincial, en una negociación con los gremios firmó un 15% de aumento en sus sueldos, más un bono de $30 mil. Un acuerdo superior al bono planteado por Sergio Massa.
"No se le puede pedir esfuerzo al sector privado y amenazarlo con multas, cuando el sector público dice que no lo va a pagar. Y, como todo, no consideraron las distintas realidades de las empresas ni por ubicación geográfica ni por rubro. Sí creo que algo compensatorio hay que hacer, dado que los alimentos subieron 25% la semana pasada", expresó Estrada.
Al explicar su posteo en la red social X, el diputado consideró que las provincias tienen el dinero disponible para hacer frente a esa erogación, por los intereses que se ganan por las inversiones en un plazo fijo o distintos instrumentos financieros.
"En el caso de Salta, un total de 38.609 millones de pesos. ¿Cómo llegaron a estar fiscalmente así las provincias? entre otras cosas por las transferencias no automáticas del Gobierno nacional. Una de ellas, los ATN. Que a valores corrientes fueron casi $153 mil millones", agregó.
Para la senadora nacional Nora Giménez las medidas del ministro Massa son un acierto para que la devaluación "impuesta" por el FMI no la "pague" ni el pueblo trabajador ni los sectores de menores ingresos.
"El bono de los $60.000 sabemos que es un esfuerzo para la Provincia, los municipios y los empresarios, pero es importante que se pagué porque necesitamos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y sostener la dinámica productiva de las economías regionales", finalizó la legisladora nacional.
