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La trama que ahora llega a los tribunales federales no se construye a partir de un hecho aislado, sino como un esquema financiero complejo que, según la fiscalía, habría funcionado durante varios años al calor de los mayores ingresos de la Selección argentina. En ese contexto, un fiscal solicitó al juez federal Marcelo Aguinsky que amplíe una investigación en curso y analice si existió una red internacional de intermediarios que desvió fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario argentino.
El pedido apunta a profundizar la pesquisa sobre operaciones realizadas entre 2021 y 2025, período en el que, siempre de acuerdo al requerimiento judicial, se habrían canalizado más de 300 millones de dólares provenientes de patrocinadores y otros ingresos comerciales. La hipótesis sostiene que esos fondos se movieron en el exterior bajo el argumento de las restricciones cambiarias vigentes en el país, pero mediante mecanismos considerados irregulares, con comisiones de hasta el 30%.
Entre los nombres mencionados figura el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, junto a empresarios, operadores financieros y responsables de áreas clave del ente rector del fútbol. La fiscalía también pidió que se examine la compra de una mansión en Pilar, operación que ya había sido denunciada con anterioridad y que ahora vuelve a ser parte central del expediente.
Según consta en la presentación judicial, el esquema habría involucrado a empresas intermediarias radicadas en el exterior, que recibían pagos de patrocinadores internacionales y luego redistribuían los fondos por fuera del sistema financiero argentino. En ese circuito aparecen sociedades offshore y giros vinculados a actividades privadas, como transferencias hacia firmas relacionadas con la compra, venta y transporte de caballos de salto, un punto que llamó especialmente la atención de los investigadores.
El fiscal solicitó determinar con precisión la relación entre las personas denunciadas y las sociedades nacionales e internacionales involucradas, al señalar que existiría un “denominador común” en las operatorias. Para el juez Aguinsky, el núcleo de la investigación continúa siendo la AFA, aunque no se descarta avanzar sobre responsabilidades individuales y conexiones empresariales.
La ampliación del expediente fue impulsada por dirigentes de la Coalición Cívica, espacio liderado por Elisa Carrió, que volvió a presentarse ante la Justicia para advertir sobre posibles delitos de lavado de activos y administración fraudulenta. En su escrito, sostienen que la AFA habría recurrido al menos a seis agentes comerciales en el exterior, manteniendo a los auspiciantes sin contacto directo con esos intermediarios.
Mientras el juzgado analiza el alcance del pedido fiscal y define los próximos pasos, la causa abre un nuevo capítulo en torno al manejo de los recursos del fútbol argentino, un terreno donde los éxitos deportivos conviven, ahora, con interrogantes judiciales de alto impacto institucional y económico.