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El almirante estadounidense Frank Bradley negó ayer haber dado la orden de matar a los sobrevivientes del primer ataque contra una lancha en el Caribe, ocurrido el 2 de septiembre, en el que murieron once personas. La revelación provino de una reunión a puerta cerrada con los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares en la campaña antinarcóticos del presidente Donald Trump.
La reunión fue convocada luego de que The Washington Post informara sobre un segundo ataque ejecutado para matar a dos sobrevivientes del ataque inicial. El senador republicano Tom Cotton defendió al almirante y dijo que de haber estado en su lugar, habría ordenado múltiples ataques. Sin embargo, el demócrata Jim Himes calificó el incidente como "una de las cosas más inquietantes" que había presenciado, denunciando que en el video del segundo ataque se ve cómo dos personas en peligro son asesinadas por las fuerzas estadounidenses.
Trump minimizó la polémica, anunciando que el Pentágono publicará el video del ataque, pero defendió las acciones. Desde el inicio de las operaciones militares en agosto, el Pentágono ha confirmado 21 ataques contra presuntas lanchas de narcotraficantes, con 82 muertos. La Casa Blanca ha vinculado estas embarcaciones con el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, grupos considerados terroristas en el marco de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
La ONU condenó la "creciente presión" de Trump sobre Venezuela y los ataques militares de EEUU, calificándolos de violaciones al derecho internacional. Los expertos en derechos humanos George Katrougalos y Ben Saul instaron a investigar y procesar a los responsables por homicidio, advirtiendo que estas medidas violan la soberanía y pueden desestabilizar la región.