inicia sesión o regístrate.
La Unidad Fiscal Jujuy imputó a la empresa salteña Dosan Inversiones SRL por presunto contrabando de exportación e importación agravado de carne, en una causa que investiga el traslado ilegal de 15 medias reses hacia Bolivia y el cobro posterior de más de 22 millones de pesos.
El caso, por cierto, ya tenía como imputado a dos empleados jujeños de la firma que tiene establecimientos comerciales en diferentes puntos de Salta y Jujuy.
Según la fiscalía, la maniobra investigada habría ocurrido en marzo de 2024 por un paso no habilitado en la frontera de La Quiaca. Sin embargo, desde la firma aseguraron que nunca fueron notificados de la ampliación de la imputación y que el dinero secuestrado corresponde a la recaudación comercial de su carnicería en la ciudad fronteriza. Descartan haber participado en maniobras de contrabando.
Si bien el caso empezó en marzo del año pasado, la nueva audiencia se desarrolló el viernes pasado ante el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen —en carácter de interino del Juzgado Federal 2—, con la presencia de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, del Área de Flagrancia. En junio, el Ministerio Público ya había imputado a César Daniel Fatti y a Marcos Ariel Saavedra por contrabando, y en esta nueva instancia incorporó el agravante previsto en el artículo 865 inciso "i" del Código Aduanero, aplicable cuando el valor en plaza supera los tres millones de pesos. Además, imputó a la empresa en su carácter de responsable solidaria de las maniobras investigadas.
Lo que se investiga
Según la fiscalía, los hechos se remontan al 11 de marzo de 2024, cuando una patrulla del Escuadrón 21 La Quiaca de Gendarmería detectó a Fatti y a Saavedra ingresando desde Bolivia. Los efectivos secuestraron 22.638.550 pesos que transportaban y su teléfono celular. La investigación posterior determinó que ambos trabajaban para la carnicería que Dosan posee en La Quiaca y que no pudieron justificar el origen de los fondos.
"A partir del análisis de geoposicionamiento del camión Iveco de la empresa, los mensajes del celular del imputado y otros elementos, la fiscalía reconstruyó que el 7 de marzo se habrían trasladado ilegalmente 15 medias reses hacia territorio boliviano en dos viajes —por la mañana y la tarde—, utilizando un paso informal. La mercadería habría sido descargada a pocos metros de la frontera, y el cobro, según la hipótesis, se concretó días después con un nuevo desplazamiento de los mismos empleados", informó el Ministerio Público Fiscal Federal a través de un comunicado.
Entre las evidencias citadas figuran mensajes como: "Estamos bajando", "Con carne", "Recién cargamos 15 medias", "Vamos a ir a descargar" y otro en el que la pareja del imputado advierte: "A pie están gendarmes".
En paralelo, la fiscalía expuso que Dosan Inversiones solicitó formalmente la restitución del dinero incautado, adjuntando factura y documentación que acreditaría una supuesta venta, y recordó que la empresa está suspendida desde 2022 para operar en comercio exterior por falta de pago de servicios extraordinarios.
"No hay delito de contrabando"
Consultado por este medio, el abogado civil de la firma y representante de su titular, Ramiro Muñoz, Daniel Villagra, rechazó la imputación y aseguró que la empresa nunca tuvo participación en una maniobra ilegal. Sostuvo que el dinero secuestrado a Fatti y Saavedra "era la recaudación diaria de la carnicería que Dosan tiene en La Quiaca", y que eso fue acreditado ante la fiscalía al día siguiente del operativo, mediante tickets fiscales y documentación contable.
"Es imposible hablar de contrabando cuando la plata está respaldada por tickets fiscales ya informados a la AFIP; de hecho, los montos declarados superan lo que llevaba el empleado", explicó. Según Villagra, los trabajadores trasladaban el dinero a sus domicilios cercanos a la frontera "para evitar robos en el local", y la intervención de la empresa en el expediente se limitó inicialmente a solicitar la restitución del dinero que consideraban propio.
El abogado afirmó además que tomó conocimiento de la imputación contra Dosan recién este jueves por la noche, cuando recibió una foto de una nota enviada por la defensora que había tramitado la devolución del dinero. "Esa nota hablaba de una audiencia de formalización fijada para el 28 de noviembre, una audiencia que ya había pasado. Nunca fuimos notificados, nunca tuvimos acceso a la causa penal", señaló. Por ello, dijo que pronto gestionará la intervención de un abogado penalista en Jujuy para "hacer cesar el estado de incomparecencia" y solicitar el expediente completo.
Sobre otro punto mencionado por la fiscalía —los movimientos migratorios de empleados hacia Villazón— Villagra subrayó que se trata de una dinámica habitual en zonas limítrofes. "Tener un establecimiento comercial en La Quiaca implica que los trabajadores crucen la frontera por compras o cuestiones cotidianas. Durante años la gente cruzaba a Bolivia porque era más barato. Eso no puede convertirse en prueba de contrabando", expresó.
Villagra insistió en que su especialidad es el derecho privado, pero remarcó que, incluso desde una mirada básica del derecho penal, "aquí no hay delito de contrabando, porque todo está en blanco y respaldado por documentación fiscal". También aclaró que desconoce qué declararon los empleados en su indagatoria inicial ni si fueron acompañados por una defensa adecuada.
Según se informó oficialametne, el juez Hansen dio por formalizada la ampliación del objeto procesal y prorrogó las medidas de coerción sobre Fatti y Saavedra: prohibición de salir del país, presentaciones periódicas y el compromiso de no entorpecer la investigación.
El próximo paso será la comparecencia de Dosan Inversiones, que deberá presentarse para regularizar su situación procesal y acceder al expediente. La fiscalía, por su parte, sostiene que cuenta con evidencia suficiente para investigar a la empresa como persona jurídica, en línea con el artículo 887 del Código Aduanero.