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La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se produjo en el marco de una operación militar liderada por Estados Unidos, ordenada personalmente por el presidente Donald Trump. Ambos fueron detenidos en Caracas y trasladados a territorio estadounidense, donde enfrentan cargos graves relacionados con narcotráfico, terrorismo y corrupción.
La operación, que ha generado una fuerte reacción del gobierno venezolano, ha sido calificada como un "secuestro" por las autoridades de Venezuela, quienes exigen su liberación inmediata, mientras las Fuerzas Armadas de Venezuela denuncian la violación de la soberanía del país. En respuesta, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha reiterado el respaldo de la FANB a Maduro y ha condenado la intervención estadounidense.
Los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
Maduro enfrenta una acusación formal por narcoterrorismo en la que se le señala como uno de los líderes de una red criminal que vincula a organizaciones terroristas con el narcotráfico. Se le acusa de facilitar operaciones de tráfico de cocaína a través de su posición como presidente y de utilizar recursos del Estado venezolano para financiar actividades criminales. Entre los cargos, también figuran conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por su parte, Cilia Flores enfrenta acusaciones de complicidad en las actividades delictivas de su esposo, especialmente por su presunta participación en la logística y financiamiento del narcotráfico. También se le acusa de participación en actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas, violencia política y corrupción. La acusación sostiene que Flores jugó un papel clave en el lavado de dinero y el ocultamiento de operaciones de narcotráfico en Venezuela.
La acusación actual, que retoma y expande los cargos ya presentados originalmente en 2020, describe una trama donde el poder político fue utilizado como una herramienta para el crimen transnacional.
Los fiscales sostienen que Maduro abusó sistemáticamente de su cargo público para corromper instituciones que alguna vez fueron legítimas, transformándolas en un engranaje logístico al servicio del narcotráfico.
Se le acusa de dirigir el llamado Cartel de los Soles, una red compuesta por altos mandos militares que proporcionaba cobertura policial y apoyo estratégico para el traslado de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, llegando incluso a utilizar pasaportes diplomáticos y vuelos protegidos para garantizar que las ganancias del tráfico regresaran a Venezuela sin interferencias.
Sin embargo, la novedad más impactante de esta nueva etapa judicial es la inclusión formal de su esposa, Cilia Flores, en el expediente criminal.
La justicia estadounidense la señala ahora como una pieza operativa clave dentro de la estructura de poder, acusándola de haber aceptado sobornos millonarios desde el año 2007 para facilitar encuentros entre capos de la droga y las autoridades antinarcóticos del país.
Más grave aún es el señalamiento de que Flores habría ordenado secuestros y asesinatos de individuos que resultaban incómodos para las operaciones del cartel, lo que eleva el caso de una investigación por tráfico de drogas a una crónica de violencia y control autoritario.
A pocas horas de comparecer ante el juez Alvin Hellerstein en la corte federal de Manhattan, la defensa de Maduro enfrenta un escenario donde los testimonios acumulados durante años por la DEA y el Departamento de Justicia parecen haber convergido en una sola narrativa de codicia y control absoluto.
¿Quiénes son los acusados?
En la acusación formal, las autoridades estadounidenses imputaron a un total de seis personas, incluyendo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Además, imputaron a las siguientes personas:
El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra;
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello;
El exministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín;
El jefe del grupo criminal Tren de Aragua, conocido como Niño Guerrero.