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La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender las alertas del sistema financiero tras cerrar el 2025 con un índice general de morosidad del 5,5%, confirmando una tendencia ascendente sostenida.
Con basen en los datos oficiales del Banco Central (Bcra), el deterioro es asimétrico y golpea con mayor crudeza a los hogares: mientras que el ratio de irregularidad en las empresas se ubicó en un moderado 2,5%, la mora en los préstamos a las personas físicas trepó al 9,3%.
El aumento de los problemas para afrontar los compromisos financieros está impulsado principalmente por el retraso en el pago de créditos personales y prendarios. A lo largo de 2025, el financiamiento a las familias ganó un fuerte peso dentro del balance de los bancos, pero esa expansión elevó también la exposición al riesgo.
-Causas del ahogo: El impacto de las tasas de interés aún elevadas, la inflación y la falta de una recomposición sólida de los salarios presionan fuertemente sobre la capacidad de pago de los trabajadores.
-Crecimiento real: Pese a la mora, el crédito al sector privado creció con fuerza, 36,9% en términos reales (combinando pesos y dólares).
Si bien los especialistas del Bcra señalan que el nivel de mora en los bancos tradicionales todavía se ubica por debajo de los picos observados en grandes crisis anteriores, el panorama cambia drásticamente fuera del circuito formal.
En las entidades no bancarias (como cooperativas, mutuales o financieras de crédito para el consumo), la situación reviste una gravedad mayor: el índice de irregularidad en los pagos alcanza un alarmante 22,8%, afectando a los sectores más vulnerables de la población que no acceden al sistema bancarizado.
Modelo financiero
Esta suba en la morosidad se da en el marco de un profundo cambio de época para los balances de los bancos.
Actualmente, el crédito a empresas y familias pasó a representar el 43,9% del activo total de las entidades financieras, desplazando al financiamiento al sector público (Leliqs, pases y bonos del Tesoro), que había sido la principal vía de rentabilidad del sistema durante el gobierno de Alberto Fernández.