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La noche del lunes estuvo cargada de tensión en Caracas. Fuertes disparos se escucharon en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, y rápidamente comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban el clima de nerviosismo en pleno centro de la capital. Testigos relataron a la agencia EFE la presencia de numerosos motoristas y ráfagas que se extendieron durante varios minutos.
Horas más tarde, una fuente oficial buscó llevar calma y aseguró que Venezuela "se encuentra en total tranquilidad". Según esa versión, los disparos fueron disuasivos y se realizaron ante la presencia de drones no autorizados que sobrevolaban la zona cercana a Miraflores. "No hubo enfrentamientos", aclararon, aunque el episodio se produjo en un contexto político extremadamente sensible.
El hecho ocurrió el mismo día en que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos. La juramentación, realizada por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, abrió un nuevo capítulo para el chavismo, por primera vez encabezado por una mujer.
Durante su discurso, Rodríguez reconoció el delicado momento que atraviesa el país y aseguró que no descansará "ni un minuto para garantizar la paz", en medio de lo que definió como "horas terribles de amenazas contra la estabilidad".
Decreto polémico
Ese clima de alerta se profundizó con la firma de un decreto de conmoción exterior, una medida que generó fuerte polémica dentro y fuera de Venezuela. La normativa autoriza la detención inmediata de cualquier ciudadano que apoye el ataque militar de Estados Unidos, amplía el control sobre fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y permite la militarización de servicios estratégicos, como la industria petrolera y los servicios públicos.
El decreto también faculta al Ejecutivo a suspender el derecho de reunión y manifestación, requisar bienes considerados necesarios para la defensa y regular de manera excepcional el tránsito de personas y vehículos. El estado de conmoción tendrá una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá ser evaluado por la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días.
Según el texto oficial, las personas detenidas bajo este régimen quedarán a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con garantía formal del debido proceso. Sin embargo, organismos y gobiernos extranjeros ya expresaron preocupación por el alcance de los poderes extraordinarios otorgados al Ejecutivo.
En paralelo, el escenario internacional se tensó aún más. Rusia y China condenaron en el Consejo de Seguridad de la ONU la operación estadounidense, mientras otros países denunciaron una violación del derecho internacional.