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La que comienza no será una semana más para la Argentina. La Cámara de Diputados debería dictaminar el martes sobre los proyectos de la ley Bases y reforma fiscal, que llegaron en revisión desde el Senado. Es fundamental que esos proyectos se conviertan el jueves en leyes, para la estabilidad del Gobierno y, sobre todo, para que el país pueda intentar salir del pantano en el que se encuentra atrapado.
El Congreso cumple una función esencial, que es la de representar a los ciudadanos para la aprobación de las iniciativas del Poder Ejecutivo. En 40 años de democracia el parlamento no desempeñó satisfactoriamente ese rol, porque los oficialismos tienden a funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo y la oposición, cuando fue primera minoría como ocurre ahora, se comportó como una máquina de impedir. La especulación, de una vez por todas debe dejar lugar al indelegable deber de gobernar y legislar por el bien de la Nación.
El presidente Javier Milei cuenta hoy con una ínfima minoría en el Senado y un número muy bajo de diputados nacionales, lo cual lo obliga a negociar y ceder en gran parte de sus proyectos, tal como lo hizo en los últimos seis meses. Pero esa minoría parlamentaria, que debilita la confianza de los inversores en el futuro de su programa, es la contracara de una mayoría sostenida en la opinión pública, que mantiene su confianza a pesar de los enormes sacrificios que impone el programa de saneamiento del Estado.
El escepticismo generalizado entre la sociedad dejó fuera de competencia a la política tradicional y depositó su confianza en una figura novedosa, que anunció enormes sacrificios a cambio de un futuro venturoso.
La oposición debería asumir que sus programas distribucionistas, que regalaban paliativos del corto plazo, culminaron dos décadas de poder casi hegemónico con niveles de pobreza cercanos al 60% de los argentinos y con la sensación de respirar una atmósfera de enorme corrupción.
Es la confianza en el Presidente y no los resultados de su gestión lo que casi el 55% de los argentinos valora y ofrece como sostén político.
Si bien la inflación se ha desacelerado asombrosamente y ya no figura como la principal preocupación, no ocurre lo mismo con la seguridad laboral y la satisfacción de necesidades básicas.
Los últimos datos oficiales consignan que la actividad económica cayó 5.3% en el primer trimestre con respecto al mismo período de 2023.
A mismo tiempo, según el Indec, en mayo la canasta básica familiar ascendió a $895.434. Mientras que la canasta alimentaria, el umbral de la indigencia, fue de $386.978.
Estos datos no son imputables a los seis meses de la presidencia de Milei, pero representan una tragedia económica que toca las fibras más sensibles de una sociedad y, por lo tanto, obligan a calcular que los plazos de la paciencia pueden agotarse.
La realidad deja lecciones tanto al oficialismo como a los opositores. En primer lugar, la gestión de gobierno debe ser eficiente y la única garantía para que eso ocurra es que el presidente se involucre en todo el espectro de las decisiones a tomar. No basta con manejar el tablero financiero: es imprescindible optimizar el funcionamiento de cada uno de los sectores del Estado.
Al mismo tiempo, la oposición, especialmente el kirchnerismo, deben deponer las especulaciones destituyentes, que apuestan al fracaso de un presidente legítimo.
Los proyectos que debe tratar la Cámara de Diputados esta semana llevan seis meses de tratamiento en comisiones. A esta altura, todos los legisladores deberían conocerlos perfectamente y, si actúan de buena fe, la sanción no debería demorarse, porque el camino de la democracia solo puede ser transitado a través del diálogo y el respeto.