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El conflicto por la Defensoría del Pueblo en Salta enfrenta a convencionales electos y al Concejo Deliberante: mientras unos buscan postergar la designación hasta la reforma de la Carta Municipal, el cuerpo legislativo avanza con la convocatoria de postulantes para el cargo.
El convencional constituyente electo, Gonzalo Guzmán Coraita, calificó como "un despropósito" el avance del Concejo Deliberante en el proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo, mientras ya está convocada la reforma de la Carta Orgánica que incluirá modificaciones en esa figura institucional.
"Es un despropósito", aseguró Coraita, al ser consultado en Radio Salta, sobre la intención de reformar la Carta Municipal y, al mismo tiempo, avanzar en la designación de un funcionario que debería estar sujeto a los cambios de esa norma.
Dejó su banca para competir
El escenario se recalienta y suma más polémica luego de que, en la sesión ordinaria del miércoles pasado, el Concejo Deliberante aceptara la renuncia del concejal Martín Del Frari, quien dejó su banca para competir por el cargo. La dimisión fue aprobada por resolución y se remitió al Tribunal Electoral de la provincia para que informe quién ocupará el lugar vacante.
En total, 23 postulantes buscan quedarse con un puesto clave en la defensa de los derechos ciudadanos frente a la administración pública. Entre ellos están Sergio Cardozo, Ángel Sarmiento, Federico Núñez Burgos, Matías Posadas y Andrés Ignacio Saraín, además de Ricardo Nioi García, Marina Guanca, Yolanda Justiniano, Marta Villagra Olivera, Silvia Escalante, Josefa Coronado, Julieta Mansilo Ceballos Paz, Analía Sánchez y Nadia Villarroel, y se completa con Sebastián Aguirre, Ramiro Angulo, Daniela Vega, María Vega, María Graciela Oviedo, David Bravo, Juan Ignacio Rosas y Mariam Farfán.
El Defensor del Pueblo tiene la misión de recibir reclamos de los vecinos y velar por el cumplimiento de derechos básicos, con independencia de los poderes políticos.
"Es decir que es materia de competencia de la próxima convención que se va a reunir en marzo del 2026, establecer el nuevo perfil del defensor del pueblo, la forma en la que se debe designar y cómo llevar a cabo la selección, qué requisitos se le va a pedir para garantizar lo que hoy no tiene el defensor del pueblo, que es independencia", explicó Coraita.
En esa línea, recordó que junto a los otros convencionales electos de La Libertad Avanza presentaron una nota pidiendo al Concejo que suspenda el proceso de selección. "Porque corremos el riesgo de que se designe un funcionario que está regido por una ordenanza que está puesta en crisis", advirtió.
En defensa de la convocatoria
Por su parte, el concejal Gonzalo Corral, al ser consultado por la problemática, defendió la convocatoria y rechazó la suspensión. "Es importante destacar que la ordenanza no prevee ni autoriza la posibilidad de que se prorrogue el cargo que hoy está vigente, por lo cual tenemos el deber de avanzar con la convocatoria", sostuvo.
Y cuestionó la estrategia de esperar la convención: "Me parece de que es más que todo porque hay una visión por parte de este sector de eliminar la figura del Defensor del Pueblo. Obviamente que allí hay mucha gente que desconoce el trabajo que se realiza en la Defensoría".
Sobre la figura del Defensor y el interés político en el cargo, señaló: "Cuando vos tenés la visión de eliminar derechos de la gente, obviamente que el Defensor del Pueblo es una piedra en el camino". Al ser consultado sobre cuánto gana el Defensor del Pueblo, respondió: "conforme ordenanza, lo mismo que un concejal" y al ser preguntado sobre cuánto gana un concejal, contestó: "No sé si nos sirve discutir eso en esta instancia. Es el elemento que utilizan los libertarios para retroalimentar el enojo y después eliminar todo".
Reforma en 2026
Coraita insistió en que la convención del próximo año será clave para establecer un Defensor independiente y modernizar la Carta Municipal: "Nosotros queremos un gobierno municipal moderno, eficiente, transparente, un gobierno abierto, que gobierne bajo los postulados del gobierno abierto. Es decir, transparencia, remisión de cuentas y participación regional".
"El Defensor del Pueblo es un órgano fantasma, desactivado como órgano de control, porque se han definido siempre defensores afines a las gestiones municipales, afines al Intendente. Lo mismo podemos decir del Tribunal de Cuentas", agregó.
La convención constituyente comenzará sus sesiones el 1 de marzo de 2026. "Tenemos mayoría propia, lo que significa una gran responsabilidad, porque nos va a tocar presidir la convención y llevar adelante la agenda. Por supuesto, siempre escuchando, porque una convención tiene que ser el ámbito del diálogo y consensos", concluyó Coraita.