inicia sesión o regístrate.
Ubicada en la frontera entre Salta y Bolivia, Finca Karina se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del contrabando y los pasos ilegales en el norte provincial. Desde las primeras denuncias hasta los operativos federales y el avance de la causa judicial, El Tribuno siguió de cerca cada instancia de una investigación que expuso el funcionamiento de una “aduana paralela” en Aguas Blancas.
Durante meses, El Tribuno de Salta puso el foco en una situación que, en un principio, parecía naturalizada en la frontera norte: el uso de Finca Karina como paso ilegal para el cruce de mercadería, vehículos y personas entre Argentina y Bolivia. Lo que comenzó como una serie de denuncias vecinales y advertencias sobre movimientos irregulares terminó por convertirse en una de las causas federales más resonantes del año.
A través de investigaciones propias, este diario reveló que el predio funcionaba como una estructura organizada de contrabando, donde se cobraban peajes para permitir el cruce sin controles aduaneros ni migratorios. Las publicaciones de El Tribuno expusieron cómo ese circuito ilegal operaba a plena luz del día, en una zona sensible de la frontera, con un flujo constante de mercadería y dinero.
Uno de los datos más contundentes que surgieron de la cobertura fue la estimación del volumen económico que se movía en el lugar. Según fuentes judiciales y de seguridad citadas por este medio, la organización que operaba en Finca Karina habría llegado a recaudar millones de pesos por día, consolidando un negocio ilícito de enorme magnitud, ante la falta de controles efectivos durante años.
El seguimiento periodístico también permitió reconstruir los momentos de mayor tensión, como los incidentes armados registrados cuando fuerzas federales intentaron bloquear el acceso al predio, una situación que El Tribuno documentó con testimonios, imágenes y contexto, dando cuenta del nivel de conflictividad que había alcanzado el caso.
Finalmente, en el marco del Plan Güemes, se concretó un megaoperativo federal que derivó en la clausura del paso ilegal, el secuestro de mercadería valuada en decenas de millones de pesos y la imputación de varios integrantes de la red.
A pesar del operativo, la causa sigue abierta. Tal como informó este diario, el caso federal tiene cuatro prófugos, diez imputados en libertad controlada control y una encausada, Gladis Salazar, con prisión preventiva.